El 11 de julio de 1971 el Congreso chileno aprobó por unanimidad una reforma constitucional para nacionalizar la gran minería del cobre, entonces propiedad de sociedades mixtas compuestas por la empresa estatal Codelco y varias empresas multinacionales.

Antecedentes: nacionalizaciones antinacionales

Bajo la presidencia de Eduardo Frei, demócrata cristiano que gobernó entre 1964 y 1970, tuvieron lugar nacionalizaciones parciales y muy perjudiciales para la nación chilena, sus trabajadores y oprimidos. En 1964 es que tiene lugar la llamada “chilenización” del cobre, previa firma de convenios con empresas multinacionales que detentaban la propiedad de las minas de cobre en el país trasandino. Mediante los mismos el Estado pasaba a controlar el 51% de la compañía El Teniente, quedándose con el 49% restante Braden Copper, subsidiaria de la Kennecott Copper Corporation. Otro de los convenios firmados tuvo lugar con Cerro Corporation, mediante el cual el Estado pasó a controlar el 30% de la Compañía Minera Andina y por último la empresa Anaconda y el Estado siguieron el mismo procedimiento para que el Estado consiga el 25% de su participación en la empresa Exótica.

En el caso del acuerdo entre Codelco y Anaconda, la primera de ellas (del Estado chileno) debió pedir préstamos a organismos de crédito internacionales y de las mismas empresas cuyas acciones estaba adquiriendo. Los pagarés eran garantizados por el Estado chileno cuyo pago debía hacerse efectivo en Nueva York, de acuerdo a las leyes de ese Estado. Aun peor: esos préstamos fueron asegurados por la Overseas Investment Corporation, un organismo estatal yanqui cuya labor era asegurar las inversiones norteamericanas de “países en desarrollo”.

Las nacionalizaciones de la Unidad Popular

Como se ha dicho al inicio de este artículo, en julio de 1971 una reforma constitucional decidía la nacionalización del cobre en Chile. La misma incluía una “adecuada indemnización”. ¿De qué forma se actuó para establecerla? El monto debía establecerlo la Contraloría General de la República. Ese organismo debía descontar de la indemnización los derechos mineros, el valor de los bienes en mal estado y las revalorizaciones de activos a partir de 1964, y debía tener en cuenta el valor libro de las empresas al 31 de diciembre de 1970 (que podía ser inferior al valor de las acciones bursátiles). Como quiera que sea, el Congreso dejó en manos del presidente Salvador Allende el descuento de las utilidades excesivas obtenidas por las empresas desde 1955. Éste procedió así: se descontaría de la indemnización por ese concepto estableciendo un tope del 12% del valor libro. Esta determinación fue muy criticada y combatida por las empresas norteamericanas y por su gobierno. Pero, tal como hemos podido ver, estas empresas y el imperialismo norteamericano de conjunto habían sometido a la nación chilena a una hipoteca descomunal bajo la presidencia de Frei que significó un saqueo histórico para la economía del país trasandino. En consecuencia, sobre la base del criterio mencionado, el 11 de octubre de 1971, la contraloría decidió que las compañía mineras Chuquicamata, El Salvador y El Teniente no tenían derecho a indemnización, luego de haber realizado los descuentos contemplados en la ley, y que incluso las mismas habían quedado con saldos en contra, es decir que le debían dinero al Estado chileno.

La batalla judicial

La reforma constitucional, entre otras disposiciones, había creado el Tribunal especial del cobre. Da acuerdo a la reforma constitucional, las empresas podían únicamente apelar en única instancia ante el mismo sin posibilidad de recursos posteriores.

El imperialismo norteamericano y las empresas pretendieron recurrir al derecho internacional y a una vastedad de resoluciones de la ONU referidas a las indemnizaciones. En 1972 el Tribunal especial se declaró incompetente ante las continuas demandas de las empresas imperialistas. Entonces, éstas recurrieron a tribunales de cinco países de Europa en los que iniciaron juicios no solo por las indemnizaciones, sino para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los pagarés emitidos durante el gobierno de Frei en las que Codelco (la compañía estatal del cobre) les había servido en bandeja a las empresas mineras un gran negocio usurario. Durante este raid judicial, una de las empresas nacionalizadas, Konecott, obtuvo de un tribunal neoyorquino (así lo determinaban los acuerdos de Frei con estas empresas) el embargo de bienes de las oficinas de Codelco, Corfo (Corporación de Fomento de la Producción), LAN Chile, Compañía de acero del Pacífico, Chile Trading Company y el Banco Central de Chile ubicadas en ese estado, además de cinco millones de dólares en cuentas chilenas en bancos neoyorquinos.

Un tribunal de París dictó sentencia a favor de la Compañía El Teniente en el sentido de que un comprador francés de cobre pagara a esa empresa el valor de esa compra y no al Estado chileno. Por su parte, la empresa Anaconda obtuvo un fallo favorable de otro tribunal de Nueva York que ordenaba el embargo de cobre chileno. El Estado imperialista norteamericano estaba involucrado en forma directa en este conflicto porque la compañía aseguradora de las empresas inversoras norteamericanas (OPIC) en el exterior había asegurado a las empresas mineras, pero también a otra como la ITT (telefónica) con la que el Estado chileno estaba negociando al mismo tiempo un monto indemnizatorio que el monopolio norteamericano valuaba en 108,5 millones de dólares. El Congreso norteamericano, como resultado de este desafío financiero, debería resolver una erogación de millones de dólares para cubrir la póliza que aseguraba a las compañías mineras contra riesgos, incluidos los de la expropiación.

El imperialismo desarrolló una ofensiva abierta contra el gobierno chileno cerrando todos los créditos y aislando comercialmente a Chile. Hay que destacar que Chile no había decidido cesar en el pago de la deuda externa, cuya mitad era con el imperialismo norteamericano, y que en ese contexto durante el primer año de gobierno allendista el precio del cobre había bajado el 30% de su valor, desde luego como resultado de la política de ofensiva imperialista contra el gobierno.

Deuda externa e indemnizaciones

Hemos señalado que el gobierno de la Unidad Popular no había adoptado la decisión soberana de desconocer la deuda externa, un verdadero lastre para los trabajadores y el pueblo chilenos. En el contexto de la ofensiva judicial, del bloqueo comercial y financiero el gobierno chileno desenvolvió negociaciones con los países acreedores y con el Club de París, deudas de carácter completamente usurarias (incluidas las contraídas por Frei en ocasión de los contratos con las compañías mineras norteamericanas). Estados Unidos condicionó una renegociación de la deuda al pago de la indemnización a las compañías cupríferas. Mientras tanto salió a la luz la conspiración golpista que tejía la ITT contra el gobierno de Allende.

Negociaciones secretas con el imperialismo al margen del pueblo y los trabajadores chilenos

El gobierno del Frente Popular chileno desenvolvió gran parte de las negociaciones relativas a la renegociación de la deuda externa y a la indemnización a las empresas mineras al margen del conocimiento popular. Esto, en contraste con las masivas movilizaciones promovidas por el mismo gobierno al nacionalizarse el cobre el 11 de julio de 1970. En efecto, el mismo gobierno movilizó a grandes contingentes de mineros al acto en que se iba a nacionalizar el cobre. Un hecho sin duda trascendente puesto que constituía la principal riqueza de Chile y afectaba decisivamente su economía. Pero se trató de un acto de conciliación de clases ya que en la primera fila de la ceremonia que coronarÍa esa nacionalización estaban presentes la Iglesia representada por el cardenal Silva Henriquez, arzobispo de Santiago, los jefes de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Corte Suprema. Este contraste no es secundario porque ante la ofensiva del imperialismo el gobierno de Allende se esforzó por sacar de la escena política a las masas oprimidas y al pueblo, lo cual luego se expresó con toda crudeza en la represión a los cordones industriales organizados por la clase obrera en la etapa previa al golpe de 1973 y en la ley de requisa de armas contra la clase obrera en la que la represión estatal actuó en forma implacable. La diplomacia secreta en esta materia por parte del gobierno de Allende para marginar en la ignorancia de los acontecimientos a la clase obrera constituyó un aspecto muy importante en su desarme político frente a la conspiración imperialista.

La nacionalización del cobre y la clase obrera minera

El mismo día de la nacionalización del cobre en el Congreso, Allende realizó una concentración en Rancagua con los mineros de la mina El Teniente a quienes llamó a redoblar sus esfuerzos para aumentar la producción del mineral. En octubre de 1971 en vísperas de una huelga votada por los mineros de Chuquicamata que reclamaban entre un 50% y un 70%, Allende, que se dirigía a frenar la huelga mantuvo una discusión con la periodista de nombre Rosanda a quien le manifestó: “No se puede hacer. Yo se lo voy a decir. ¿Y por qué tienen que ir a la huelga? ¿Con quien están en guerra? Ahora son los dueños de la mina”. La periodista, con mucho acierto le respondió: “Ellos no son los dueños, camarada presidente. Es el Estado”. Al entrevistarse con la representación sindical de la mina les dice que la política salarial estará sujeta a normas de productividad, es decir, al incremento de la tasa de beneficio de la empresa sobre la base de un aumento en los ritmos de trabajo.

Esta brevísima discusión expresaba la concepción de Allende sobre el papel de la clase obrera como furgón de cola del Estado, en este caso un Estado burgués, con todas las características del mismo (carabineros y fuerzas armadas incluidas), en el que la clase obrera debería relegar sus aspiraciones y legítimas reivindicaciones en nombre de la defensa del interés “nacional” y no de su clase social.

La nacionalización de las minas de cobre se hizo, para confirmar lo dicho, con una apariencia de participación obrera. En efecto: al nacionalizarse las minas se formó un consejo de administración cuya composición era mayoritariamente estatal: siete representantes obreros, siete representantes del Estado más el presidente del consejo de administración, lo cual colocaba en inferioridad de condiciones a los trabajadores. El gobierno de la Unidad Popular actuó en este caso como en otros en función de subordinar a los trabajadores a un gobierno que pretendía someterlos a Estado burgués.

Los revolucionarios socialistas defendemos estas nacionalizaciones con la condición de que no haya ninguna indemnización a las empresas expropiadas. Y alertamos a las masas (tal como señala el Programa de Transición) contra los demagogos del Frente Popular que, defendiendo hipócritamente la nacionalización, continúan siendo en realidad los agentes del capital. Y volviendo al Programa de Transición, “llamamos a las masas a que confíen solo en su propia fuerza revolucionaria y enlazamos la cuestión de la expropiación con la de la toma del poder por los obreros y campesinos”. Allende y el gobierno de la Unidad Popular actuaron en un sentido inverso. Su política de nacionalizaciones fue parte integral del estrangulamiento de la independencia política de la clase obrera chilena que la llevó a su derrota.

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