En las elecciones del Centro de Estudiantes de Sociales de la UBA del 2016, Cristian Favale –el barrabrava que disparó el arma que mató a Mariano Ferreyra- votó en la sede del Centro Universitario de Ezeiza como estudiante de Trabajo Social. Ese centro, como el de Devoto, son parte del programa UBA XXII, un acuerdo entre la UBA y el Servicio Penitenciario Federal.

Si bien ambas urnas contaban con irregularidades en sus padrones y actas, el problema político de convalidar para la elección de un organismo estudiantil el voto del asesino de un joven estudiante, trabajador y militante se planteó abiertamente entre todas las corrientes que participamos del escrutinio. El kirchnerismo (La UES, La Cámpora, Nuevo Encuentro y La Mella) pretendió darlo por válido.

Favale no figuraba como estudiante por casualidad. El cursar una carrera, así como mantener una buena conducta y trabajar, son actividades tenidas en cuenta a la hora de reducir el tiempo de reclusión de un preso. Podría pensarse que “Harry” -como se lo llamaba- simplemente quería hacer buena letra e irse a casa rápido. Sin embargo, conviene recordar que Favale es una pieza (menor, operativa, pero parte al fin) de un entramado político compuesto de diferentes estamentos (el triángulo Estado-empresas-burocracia sindical) que no dejó su convicción en la puerta de Ezeiza: estando preso se han publicado fotos en actos dentro, ¡y fuera!, del penal con la remera de la agrupación Vatayón Militante, vinculada al en ese momento jefe del Servicio Penitenciario.

Como detrás de cada implicado en la emboscada de Barracas, Favale también contó (y cuenta) con amistades prestas para sacarlo lo antes posible. Como se ve, por bienintencionado que sea el convenio entre la universidad y las cárceles, la podredumbre social y política termina por convertirlo en una vía para hacerse de impunidad.

Cuando los militantes de La Mella, que querían dar por válido el voto por conveniencia electoral, nos acusaban de “no conocer del trabajo en cárceles” no sólo revelaban una ingenuidad brutal, sino su adaptación a un régimen de impunidad: el peaje a pagar por integrarse cada vez más al kirchnerismo. Es que episodios como éste son mojones en una ruta de integración política y bancarrota moral. El grupo que nació reivindicando a Kosteky y Santillán hoy integra el mismo bloque de gobierno con Felipe Solá y Aníbal Fernández, responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón (y en el caso de Aníbal, encubridor del rol policial en el crimen de Mariano).

Volviendo al escrutinio, las urnas fueron finalmente impugnadas y el voto de Favale, que no fue un exabrupto sino una provocación política, no fue computado. A poco de cumplirse una década de este crimen que marcó especialmente a una generación, rememoro este aporte de parte de sus compañerxs de la UJS. Podría decirse que fue un episodio menor, pero la defensa de la memoria de Mariano Ferreyra y su legado político no admite concesiones.