Este 19 de julio se conmemora  un nuevo aniversario cuando en 1972 los trabajadores de la Bodega y de las fincas ubicadas en Animaná, en la región de los Valles Calchaquíes, organizaron una rebelión popular que conmovió a toda la provincia de Salta. El levantamiento expresaba la enorme profundidad con la que había penetrado sobre la clase obrera el proceso abierto por el Cordobazo en 1969 y que se prolongó al resto del  país, incluida las provincias de Tucumán y Salta.

Motivos de sobra

La región de los Valles Calchaquíes formaba parte de un proceso de concentración de las propiedades agrarias en una fracción. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, alrededor del “6% de la población concentraba el 75% de la tierra”. En el mes de abril de 1972, el General Alejandro Lanusse visita la provincia de Salta, donde recibió a una comitiva de empresarios tabacaleros y vitivinícolas que le expresaron la exigencia de reducción de las tasas bancarias y el desgravamiento a las exportaciones de cítricos, vid, y tabaco. La tasa de productividad en el campo salteño se había incrementado un 20% en el período 1970-72.

Sin embargo, las condiciones de los trabajadores vitivinícolas no eran las más óptimas. La concentración de la tierra produjo una reducción de la mano de obra estacional y un incremento de los ritmos de trabajo. Según Soler y Abraham: “de 1500 propietarios tabacaleros y vitivinícolas solamente el 10% cumplía con las leyes laborales (…) no había seguridad social, vivienda, atención sanitaria y las mujeres debían trabajar en período de lactancia. Salta era la segunda provincia con mortalidad infantil en el norte argentino”[i]. En un congreso de la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores y Campesinos Afines (FUTSCA) los delegados provenientes de los Valles Calchaquíes denunciaban el “estado hambre” en la región en conjunto con el incumplimiento de los convenios laborales, el pago de la jornada laboral y el ritmo de 15 horas de trabajo diaria, los aprietes para dejar los recibos en blanco, y el abuso laboral y sexual sobre las mujeres trabajadoras por parte de las patronales. Particularmente en las bodegas ubicadas en Animaná, los trabajadores hacían 4 meses que no percibían su salario.

Esta situación de superexplotación contaba con el aval tanto del gobierno provincial como de las intendencias en común con la burocracia sindical de los principales gremios del campo como la FATRE y la UATRE.

El acuerdo nacional y la CGT Salta

En su visita a Salta, el General Lanusse no sólo se juntó con los empresarios de la región sino que vino a brindarle apoyo al interventor de la provincia, el Coronel Spangenberg, y dar curso al Gran Acuerdo Nacional (GAN) que contaba con el apoyo directo de Perón. Además de la reorganización del PJ y la UCR, el acuerdo nacional planteaba la normalización de la CGT salteña. Bajo la orden del propio Perón comienza a darse la presión por parte de las 62 Organizaciones -con gremios como la UOM, la UATRE y la FATRE a su vez hacían la vista gorda frente a los atropellos hacia los trabajadores y el deterioro de sus condiciones de vida- para copar la dirección regional de la central sindical. En el mismo sentido se desarrollan purgas de activistas en la UTA, Municipales y los gremios del campo. En estos últimos, se va a producir una escisión donde una serie de sindicatos, como el gremio vitivinícola, se alinearán detrás de la FUTSCA, cuya dirección era un frente de agrupaciones con predominio de Montoneros y el PRT.

A la huelga 100

El 19 de abril, en una asamblea popular convocada en las puertas de la bodega Animaná los trabajadores no sólo votan la ocupación del establecimiento, exigiendo el pago de los salarios adeudados, sino que deciden también la ocupación de la Municipalidad, destituyen al Intendente y votan la formación de un Consejo Popular formado principalmente por Pablo Ríos e Inocencio Ramírez, dirigentes del SOEV (vitivinícolas). El pueblo de Animaná decide formar piquetes y ocupar la ruta, en conjunto con el  primer decreto municipal de la Comisión directiva que plantea el cobro de un peaje para sostener las ollas populares. Además le exigen al gobierno provincial salteño la declaración de la “utilidad pública” de la bodega y un decreto de expropiación para que se entregue sus bienes a una comisión votada por los trabajadores de la zona.

El método y el programa que habían impuesto los obreros de Animaná amenazaban con convertirse en una causa provincial y de todo el norte argentino a la que se podrían sumar los Ingenios tabaqueros y azucareros. Es por ello, que tanto el gobierno  como la CGT salteña se jugaron a que no se saliese de los marcos locales. Tampoco la FUTSCA promovió plenarios y congresos regionales para unificar a los trabajadores y campesinos de la región bajo un mismo programa que iba desde el aumento salarial y las mejoras de las condiciones de trabajo al control obrero sobre los ingenios. Solamente se remitió a un apoyo solidario a los trabajadores de Animaná.

El gobierno provincial giró los fondos para el pago de salarios a cambio del levantamiento de los piquetes y el cese de la ocupación de la bodega. Los trabajadores que habían quedado en soledad a lo largo del conflicto aceptaron la propuesta del gobierno. Pero el 6 de agosto, la policía salteña en conjunto con el ejército realiza un operativo de cacería sobre la localidad y detienen a Pablo Ríos e Inocencio Ramírez bajo la carátula de “usurpación a la propiedad”. Al día posterior, la CGT Salta emite un comunicado de solidaridad y la posibilidad de un paro provincial dentro de dos días.  Los trabajadores nuevamente declaran la huelga general y llaman a toda la población y pueblos vecinos a sumarse a una caminata hacia la Capital de la provincia por la libertad de los detenidos. Ante el enorme apoyo y la amenaza de que el conflicto se convierta en una nueva rebelión popular, el gobierno dio lugar a la liberación de los detenidos.

 

Vigencia

La rebelión de Animaná no sólo reflejó “el ascenso obrero y la línea del Cordobazo que penetra en todos los poros del país. Lo ocurrido en Animaná prueba el instinto hacia el poder obrero que ha calado hondo en la conciencia de los explotados”[ii]. Su continuidad  histórica se ve en el movimiento piquetero y de las asambleas populares a lo largo del norte argentino. O en las actuales huelgas azucareras, los cortes de ruta, ollas populares y la ocupación de los Ingenios en Salta y Jujuy frente a la represión de los gobernadores y en contra de las patronales cuyos intereses irónicamente son defendidos por un farabute en el Congreso Nacional[iii].