La caída de Somoza en julio de 1979 fue el resultado de una gigantesca insurrección popular cuyo desarrollo abarcó varios meses.

Cuando a principios de 1978 Somoza ordenó asesinar a Pedro Chamorro, dirigente del Partido Conservador, director del diario La Prensa y líder de la coalición opositora UDEL, no imaginó, por cierto, que había encendido la mecha que habría de catalizar los distintos factores que llevaban a la caída de su régimen. La huelga general de protesta que se desató, duró varias semanas y fue acompañada por manifestaciones de decenas de miles de personas en Managua y Matagalpa. El 20 de febrero, después de una concentración de protesta por el asesinato de Chamorro, se insurreccionó espontáneamente el barrio indígena de Masaya, Monumbí, que resistió durante 8 días los feroces ataques de la Guardia Nacional.

A fines de agosto se desencadenó otra insurrección espontánea en Matagalpa, que duró una semana. En setiembre, el Frente Sandinista lanzó una ofensiva coordinada sobre las guarniciones de las principales ciudades, a la que se sumaron numerosos pobladores semiarmados que fracasó en su objetivo de provocar la partida del dictador. Luego de esto la Guardia Nacional lanzó una despiadada represión. El desenlace de la acción de setiembre produjo un reflujo que duró varios meses, lo cual hizo suponer a muchos que la revolución había agotado sus posibilidades. En realidad, los acontecimientos de setiembre habían puesto de relieve la incapacidad del imperialismo para desplazar a Somoza, a caballo de un movimiento concebido en términos militares, y que la única alternativa era la insurrección general.

Durante la Pascua del 79, columnas sandinistas ocuparon la ciudad de Estelí con el apoyo masivo de la población. A fines de mayo comenzó el levantamiento generalizado en todo el país. El 3 de junio se insurreccionó el pueblo de León (la segunda ciudad) en una batalla que duró hasta el 9 de julio. El 4, el FSLN convocó a la Huelga General Revolucionaria. Al día siguiente se levantó Matagalpa en una lucha casa por casa y calle por calle que duró un mes. El 6 comenzó la lucha en Masaya y el 9 en Estelí y Managua. “Los suburbios más pobres de Managua comenzaron a organizarse para el levantamiento varios días antes de que estallara la lucha; esto produjo un alto nivel de coordinación y organización de masas. Simultáneamente, todos los barrios comenzaron a construir barricadas". (Latin America Political Report, 5/6/79).

Desde mediados de junio comenzaron a caer poblaciones medianas y pequeñas en manos del FSLN mientras que las tropas somocistas se refugiaban en los cuarteles asediados. A fines de junio caía Masaya y el 9 de julio quedaba totalmente liberada León, que fue declarada capital provisional. Somoza finalmente huía el 17 de julio hacia Miami dejando en su lugar a uno de sus lugartenientes, Urcuyo. La Guardia somocista se desintegra y el 19 de julio renuncia Urcuyo. Las tropas sandinistas ingresan a Managua, donde se instala al día siguiente la Dirección Nacional del FSLN y el nuevo gobierno revolucionario.

La “intifada” nicaragüense había durado 17 meses y costado la vida de 50 mil personas, una cifra impresionante en relación a sus 2 millones y medio de habitantes. Más de 40 mil niños menores de 12 años quedaron huérfanos y miles de familias sin techo por los bombardeos de la Guardia Nacional.

La burguesía opositora

La burguesía antisomocista lideró las movilizaciones a principios de 1978. La coalición opositora UDEL, con predominio de los partidos tradicionales, convocó a la huelga general de enero-febrero reclamando la renuncia de Somoza. En mayo se formó el FAO (Frente Amplio Opositor), cuyo máximo dirigente era el empresario Robelo, que incluía al stalinismo y al “grupo de los 12”, una expresión camuflada del sandinismo para lograr el ingreso al frente opositor.

Pero la semi-insurrección de setiembre, aunque culmina con un retroceso, abrió paso a una nueva situación. “Muchos hombres de negocios están preocupados por el movimiento del cual ellos tomaron parte. Tienden a disociarse de una postura militante de oposición y se pronuncian por una solución que remueva a Somoza pero deje intacto al sistema” (Latin America Report, 20/10/78). A medida que las masas se radicalizaban, la burguesía opositora iba perdiendo peso dirigente, como consecuencia del completo desdibujamiento de su oposición a la dictadura. Esta es la realidad de la participación de la burguesía en la Revolución. Fue una chispa más dentro de un movimiento general, pero no logró prender en ningún momento. Su temprano fracaso (ya en el 78 comienzan las insurrecciones) explica que la Revolución se transformara en el único recurso para sacar al país de su completa impasse.

A partir de octubre, los yanquis habían iniciado una mediación entre el FAO y Somoza, que fracasa por la intransigencia de Somoza y por la desintegración del FAO a partir de la pretensión de los yanquis de incluir a fracciones somocistas en un futuro gobierno de coalición. Un ala del FAO que incluye al FSLN, formará el Frente Patriótico Nacional, el cual recoge la estrategia de la UDEL y del FAO después, en lo que se refiere a fijar como objetivo exclusivo de la revolución la depuración (más radical para unos, menos radical para otros) del somocismo. Pero desde el fracaso de la mediación yanqui, la burguesía opositora queda relegada a un apéndice de las maniobras diplomáticas del imperialismo yanqui destinadas a evitar una insurrección, la quiebra de la Guardia Nacional y la extensión de la revolución nicaragüense a Centroamérica.

El sandinismo

La organización que lideró la insurrección nicaragüense se había iniciado a principios de la década del ‘60 con un planteo foquista. El sandinismo ingresa, sin embargo, en una aguda crisis tras el fracaso del “foco” que instala en Pancasán durante 1967 y la liquidación de la llamada “guerra popular prolongada” a mediados del 70. “Eran los comienzos de 1977 y nunca habían sido tan exiguas las posibilidades de que el FSLN pudiese continuar con su actividad” (David Nolan, “La ideología sandinista y la revolución nicaragüense"). Como consecuencia de esa crisis el Frente se había escindido en tres fracciones: la partidaria de continuar la “guerra popular prolongada”, la “proletaria”, que pretendía realizar un trabajo de masas a largo plazo; y la “tercerista”, que propugnaba una política de frente amplio con la burguesía antisomocista.

Lo que permitió al sandinismo entrar triunfalmente en Managua dos años después fue una peculiar combinación de circunstancias políticas. Por una parte, la burguesía opositora se revelaba impotente para lograr el desplazamiento de Somoza. Este último, que explotaba la crisis del país en provecho propio (por ejemplo la especulación y la corruptela con el terremoto que destruyó a Managua en 1972) atizaba con su completo inmovilismo político el descontento popular. Las masas, entretanto, se habían lanzado a la insurrección que las derrotas de setiembre de 1978 confirmaron como única vía de salida. En el sandinismo, finalmente, la fracción “tercerista” se había transformado en la fracción partidaria de la insurrección sobre la base de la consigna del derrocamiento de Somoza, con lo cual pretendía ser no solamente el portavoz de la indignación popular, sino participar del frente democrático con todos los partidos de la oposición burguesa. La constitución del “grupo de los 12”, en el que participaban intelectuales, empresarios y sacerdotes, fue concebido como puente hacia las fracciones burguesas antisomocistas y como un andarivel hacia las negociaciones que discutían el post-somocismo. Los “12" participaron en el primer tramo de la mediación yanqui y sirvieron de nexo entre el FSLN y la burguesía opositora en la fase final de la insurrección. Fue por medio del “tercerismo" que se incorporaron a lo que luego sería el FSLN unificado, los sectores ligados al socialcristianismo y a la socialdemocracia, a los gobiernos latinoamericanos como el venezolano y a los europeos.

El planteamiento político de las tres fracciones del FSLN difería entre sí, incluso la “proletaria” consideraba a Nicaragua completamente madura para el socialismo (un socialismo nacional). Pero a pesar de declararse marxistas ninguna de ellas planteaba la dictadura del proletariado —lo cual significa que eran de hecho posturas de clases diferentes a la clase obrera. Planteaban el antimperialismo como un fin en sí, no como un aspecto de la revolución socialista, y dentro de los marcos nacionales. Este planteo fue luego condicionado o circunscripto a la erradicación del somocismo y a la implantación de un régimen democrático. A la burguesía no somocista le asignaba un carácter democrático y hasta “patriótico”. Sus planteos organizativos eran militaristas. “La verdad es que siempre se pensó en las masas, reconoció Humberto Ortega después de la victoria, pero se pensó en ellas más bien como un apoyo a la guerrilla y no como se dio en la práctica: fue la guerrilla la que sirvió de apoyo a las masas para que éstas, a través de la insurrección desbarataran al enemigo” (La estrategia de la victoria). Los planteos de los distintos componentes del FSLN variaban, en realidad, según las circunstancias, incluso en sus aspectos estratégicos.

El nuevo poder

A mediados de junio, mientras se desarrollaba la fase final de la insurrección, se reunieron en Costa Rica los representantes del FSLN y de los demás partidos, para dar nacimiento a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que entre sus cinco miembros incluía a dos sandinistas, a la viuda de Chamorro y a Robelo, y a Sergio Ramírez del “grupo de los 12”. Los acuerdos procuraban “lograr la cooperación de los Estados Unidos para echar a Somoza y evitar de este modo el costoso asalto a Managua” (Nolan, id), es decir la insurrección y la destrucción de la Guardia Nacional. Le Monde (11/7/79) traducía la línea fundamental del imperialismo: “lo más grave (que puede pasar) es que la Guardia Nacional se derrumbe antes de que la Junta tome el gobierno porque esto significará el armamento de la población”. Lo mismo decía Carlos Andrés Pérez al día siguiente de la partida de Somoza, pero antes de la desintegración de la Guardia: “No hay duda de que los sandinistas habían obtenido un triunfo militar pero prefirieron conseguir un acuerdo de entrada que estableciese la salida del dictador en vez de llegar a Managua por las armas”. Fue así que el 11 de julio, “con el apoyo tácito de EE.UU., la Junta anunció un plan en el que se establecía un período de transición durante el cual se respetaría la integridad de las unidades de la Guardia Nacional” (Nolan, id). El punto 1.12 del Programa de la Junta establecía que en el Nuevo Ejército Nacional participarían los soldados y oficiales (de la Guardia Nacional) que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica”. Pero para cuando el FSLN entró en Managua, la Guardia estaba completamente desbandada. Esto no afectó sino que reforzó el pacto de “reconstrucción nacional” con Estados Unidos y los viejos partidos nicaragüenses, los cuales estaban apremiados ahora por evitar que la Revolución superara los marcos de la propiedad privada y las fronteras de Nicaragua.

El programa de la Junta de Gobierno establecía la expropiación de los bienes de Somoza (punto 2.4) y de sus allegados, dejando en manos “privadas” (en realidad en manos de grandes capitalistas) el 83% de la agricultura, el 88% de la ganadería, el 75% de la industria y el 70% del comercio. Entre ellos se encontraba el 88% de la producción algodonera y el 84% de la de café, los dos productos que concentran más de la mitad de la exportación nicaragüense. El punto 2.13 d) afirmaba taxativamente que “se garantizarán y respetarán plenamente las propiedades y actividades del sector privado (a excepción de las de Somoza)". El punto 2.10 limitaba la reforma agraria a las tierras de Somoza, a los defraudadores y deudores fiscales, a las abandonadas y a las ociosas. Sobre la deuda externa el programa afirmaba: “nos proponemos hacer honor a todos los compromisos adquiridos”, lo cual significaba que la Revolución debía debutar con una hipoteca de 1.300 millones de dólares equivalente al 50% del producto bruto.

Pese a no figurar en el Programa la nacionalización de la banca, ella se implementó debido a su completa falencia y a la necesidad de asegurar la continuidad del sistema financiero. Como consecuencia de esta nacionalización, la Revolución asumió un pasivo adicional de 200 millones de dólares.

Una vez instalado el gobierno se dictó el Programa de Emergencia y Reactivación, donde se volvía a poner el acento en el rol de la “empresa privada como sujeto activo en la reactivación, especialmente en áreas críticas como la agricultura, industria, exportaciones y comercio interno”. También hacía depender de la “reactivación de la empresa privada, la generación de los niveles de empleo 1980”.

¿Qué régimen político surgió de la Revolución?

Sobre esta cuestión se han entablado numerosas polémicas desde hace una década, y ellas no fueron de ninguna manera ociosas pues sirvieron para establecer los diversos pronósticos sobre el desenvolvimiento ulterior de la Revolución.

En lo que respecta al Estado, es indudable que el aparato estatal del somocismo fue destruido, incluida la Guardia Nacional que equivalía a su ejército permanente. Pero esto no es sinónimo, como se ha pretendido, de destrucción del Estado burgués, cuyas instituciones jurídicas fundamentales fueron solemnemente reafirmadas. El documento de la Junta de Reconstrucción asegura el derecho a la propiedad privada y mantiene la continuidad de los compromisos del Estado somocista con referencia al sistema internacional de Estados capitalistas. Se toma el cuidado de establecer un Poder Judicial encargado de velar por el cumplimiento del programa de la Junta, el cual asume de este modo un carácter constitucional. La Guardia Nacional es reemplazada por el ejército de la revolución, que sigue siendo un ejército permanente, también él comprometido a defender los principios estatales establecidos. Las milicias populares, que constituyen un régimen de poder de las propias masas, creado por ellas mismas en el curso de la insurrección, se van transformando en un apéndice del ejército sandinista, con lo cual pierden su condición de expresión independiente de los explotados. Un Estado obrero puede coexistir por un período más o menos prolongado con un régimen social dominado por las relaciones de producción capitalista, pero en ningún caso es tal si asume como propia la institución jurídica de la propiedad privada, y se encarga de este modo de su defensa (despótica por ser estatal). La Constitución aprobada en 1986 reafirma esos principios del Estado burgués y va más lejos aún al organizar una división de poderes que autonomiza por completo a la burocracia del Estado con relación a la sociedad y a los trabajadores.

El documento de la Junta delimita desde un principio los poderes del nuevo gobierno, con lo cual le quita el carácter de revolucionario, que solo se aplica al poder que tiene una capacidad ilimitada para poner en práctica las medidas que emergen del curso de la propia revolución, incluso a escala internacional. Con referencia al pasado de Nicaragua e incluso si se lo compara con la mayor parte de los regímenes constitucionales, el sandinista es infinitamente más democrático, pues sus instituciones expresan más la presión de las masas que cualquier parlamento burgués. Este cotejo vale incluso para el flamante sistema constitucional de Nicaragua, cuyo parlamento es un mero sello, varias veces más impotente que sus semejantes de otras latitudes, y que no guarda comparación con otras instituciones de Nicaragua como el propio ejército, el cual conserva un gran espíritu popular como consecuencia de la revolución y de la guerra contra los “contras”. De conjunto, el régimen político no es democrático sino burocrático, su base de funcionamiento son las órdenes de la burocracia estatal, sin el menor trazo de parlamentarismo, y por lo tanto de régimen realmente constitucional.

Las características del nuevo poder político no son solamente el producto del programa del FSLN, sino la consecuencia del condicionamiento internacional a la Revolución, que la dirección del sandinismo caucionó. El imperialismo logró confinar la revolución a las fronteras nicaragüenses por medio de su política “democratizante", que le sirvió para unificar al frente burgués e imperialista no solamente con relación a América Central sino a toda América Latina. La revolución nicaragüense asestó un golpe mortal a las posibilidades de sobrevivencia de las dictaduras militares de la época. Pero precisamente, al apoyar los recambios democratizantes que la situación impuso al imperialismo, la izquierda latinoamericana se asoció políticamente al aislamiento de Nicaragua. Una década después, el sandinismo aparece completamente agotado en sus posibilidades de transformación, como lo revelan los planes económicos cuyos propios voceros confiesan que son del “tipo FMI”. La natural inclusión de Nicaragua dentro de los “conflictos regionales” que el imperialismo yanqui y la burocracia rusa han puesto en su agenda para mejor apuñalar a la revolución mundial, es una demostración definitiva de que una próxima etapa de ascenso de la Revolución en Nicaragua y en Centroamérica depende de los progresos objetivos y subjetivos de la revolución proletaria en los distintos países del mundo.