A 45 años del golpe de 1976, cuando toda la CGT y todas las CTAs están completamente integradas al Estado capitalista y al gobierno del Frente de Todos, y son sostén de un ajuste histórico sobre la clase obrera, no hay que olvidar el criminal papel colaboracionista de la burocracia sindical peronista con la dictadura genocida.

El objetivo central del régimen genocida –sostenido por el conjunto de los partidos patronales, incluido el peronismo, y todas las fracciones de la clase capitalista del país- fue arrasar con las organizaciones combativas, de lucha y con las direcciones clasistas que la clase obrera argentina puso en pié a partir del Cordobazo en mayo de 1969, que abrió un período de iniciativa de las masas de carácter revolucionario que colocó en disputa el poder político en la Argentina.

La clase capitalista fue y es muy consciente del proceso que abrió el Cordobazo. Un pope de los politólogos burgueses, Gustavo O’Donnell, reflejó en su caracterización de la gesta obrera el temor profundo que generó el Cordobazo en la clase dominante: “Es una crisis del fundamento de la sociedad, de las relaciones sociales que constituyen a las clases, la aparición de comportamientos –rebeldía, subversión, desorden, indisciplina laboral”- (…) que demuestra “que está fallando la coerción que debería cancelar el ‘desorden’ resultante”. Más aún, “es la crisis suprema”, “la crisis del Estado”, “la crisis de la garantía política de la dominación social” (1).

La irrupción independiente de la clase obrera abrió una etapa revolucionaria. La huelga general con abandono de fábrica y movilización al centro del poder político de los trabajadores cordobeses, que ocupó las calles, construyó barricadas y derrotó a la represión obligando a la policía a huir raudamente ante la ofensiva proletaria, sumó detrás suyo a todos los sectores explotados, incluyendo a la juventud estudiantil. El Cordobazo hirió de muerte al régimen dictatorial más genocida hasta entonces conocido en el país (la dictadura del general Juan Carlos Onganía, que ascendió en 1966 con el propósito público de quedarse 20 años mínimo en el poder), y obligó a la burguesía argentina y al imperialismo a ensayar un cambio de frente, que permitiera la salida ordenada de la dictadura y cerrar el ciclo convulsivo inaugurado el 29 de mayo de 1969.

Perón, el Plan B

Ese giro político requirió del regreso del peronismo –y del propio Perón- al poder, apresuradamente, en 1973, luego de 18 años fuera del país. El “Luche y vuelve” que un sector de la burguesía motorizó con el peronismo para derrotar la consiga del Cordobazo (“Se va a acabar la dictadura militar, por un gobierno obrero y popular”) dio por resultado el regreso de Perón como gran verdugo de la clase obrera.
Para esa tarea de desviar el ciclo revolucionario y regimentar a las masas, Perón fue muy consciente de la necesidad de restaurar el poder de la burocracia sindical, profundamente desprestigiada por sus entregas y arrinconada por el avance de los sectores clasistas.

En su primer “retorno” al país, en 1972, parte esencial de las operaciones de Perón estuvieron dirigidas a fortalecer el papel de la burocracia sindical. Una vez en el poder, la burocracia se convirtió en pivote del Pacto Social que, entre otras cosas, congeló los salarios y las paritarias por dos años.
En sus dos apariciones públicas antes de morir, ya como presidente constitucional, el “general” hizo público su reconocimiento a la burocracia sindical.

El 1 de Mayo de 1974, en un ataque a la juventud peronista de izquierda, Perón señaló desde el palco de la Rosada: “Hace hoy veinte años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones, porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de veinte años, pese a estos estúpidos que gritan. Decía que a través de estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”. El 12 de junio de 1974, a días de su muerte, reforzó el papel de la burocracia sindical, en un acto que ya tenía como fondo la crisis del Pacto Social recién nacido, por la especulación capitalista que no respetaba el congelamiento trucho de los precios, y por las huelgas obreras, que sacudían el país en defensa de los salarios: “aprovecho esta oportunidad –dijo Perón- para pedirle a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieran provocarse y que actúe de acuerdo con las circunstancias. Cada uno de nosotros debe ser un realizador, pero ha de ser también un predicador y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea, y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido y que tendrán que comprender”.

Esa burocracia entreguista fue sostenida férreamente desde el gobierno, con Perón en vida, con la acción genocida de la Triple A, dirigida por su ministro de Bienestar Social, José López Rega, responsable del secuestro y asesinato de centenares de delegados y dirigentes obreros combativos, integrada por policías, milicos y patotas sindicales que actuaban en connivencia con las patronales. Es la misma burocracia responsable del asesinato de nuestros compañeros Jorge Fischer y Miguel Bufano, dirigentes de la comisión interna de la fábrica Miluz, del gremio de la pintura, en diciembre de 1974.

La burocracia sindical peronista, mejor que nadie, era consciente de que para sostener su papel de agente del capital en los sindicatos debía extirpar de las organizaciones obreras, a sangre y fuego, a los sectores antiburocráticos, a los centenares de cuerpos de delegados combativos que en menos de dos años fueron claves para madurar las huelgas generales de junio y julio de 1975, que habrían también de herir de muerte a la experiencia nacionalista, derrotando al peronismo en su objetivo de cerrar la etapa revolucionaria abierta por el Cordobazo.

Esas huelgas generales tuvieron sus inicios en huelgas de planta, como la de IKA-Renault en Santa Isabel, conducida por la comisión interna de la fábrica, enfrentada a la burocracia lopezreguista del Smata, que había intervenido al sindicato cordobés desplazando a su conducción clasista por medio de una Comisión Normalizadora. En esta fábrica se produjeron 769 huelgas entre los años 1967 y 1976, 219 de ellas en el año 1975.

Esta es la clase obrera que la burguesía, el peronismo y la burocracia sindical pretendieron descabezar y fracasaron en su intento.

 

Burocracia y dictadura

Las huelgas de junio y julio, y las masivas movilizaciones sobre Plaza de Mayo, que terminaron con la consigna de Fuera López Rega (que debió renunciar y salir del país), impusieron acuerdos de salarios que superaron el shock provocado por la híper devaluación del Rodrigazo ( un plan económico antecedente del plan del ministro de economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz) y convenios colectivos que todavía hoy perduran. Las huelgas impusieron un triunfo de la clase obrera, fortalecieron a los cuerpos de delegados antiburocráticos y sellaron el fin del régimen peronista, en la figura de Isabel Perón, y la decisión de la burguesía argentina y del imperialismo de preparar el golpe genocida de 1976.

La preparación del golpe tuvo a los partidos patronales a la cabeza. Ricardo Balbín, presidente de la UCR y principal dirigente burgués después de la muerte de Perón, llamó a acabar con “la guerrilla fabril”.
La burocracia sindical también tuvo su parte. Vaciaron los sindicatos, agudizaron la persecución contra los delegados combativos, y dejaron a su suerte a los trabajadores. La respuesta del último secretario general de la CGT, Casildo Hererra, cruzado por un periodista en Uruguay mientras se producía el golpe, “Ah, no sé: yo me borré”, retrata un aspecto de la intervención de la burocracia sindical.

Pero mientras Herrera se borraba, el entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert C. Hill , informaba al Departamento de Estado que “otros grupos dentro de la Confederación General de Trabajadores (CGT), cada uno de los cuales intenta convertirse en el núcleo del futuro liderazgo, están en conversaciones con los militares” ( Documentos Desclasificados).

“Se han formado al menos tres grupos diferenciados de líderes sindicales, y cada uno intenta convertirse en el centro de las negociaciones con los militares. También hay líderes individuales y grupos más pequeños que se mueven por futuras posiciones de liderazgo”, escribió Hill en otro cable, del 19 de abril de 1976, según cita Infobae. Entre esos nombres, Fernando Donaires, textil, Secretario General de la CGT (1965/66) y diputado peronista de la “democracia” en 1983; Otto Calace, de Sanidad, amigo personal de José Ignacio Rucci, y Victorio Calabró, burócrata lopezreguista de la UOM, ascendido a gobernador de la provincia de Buenos Aires desde enero de 1974, luego de que Perón desplazara al gobernador vinculado a la izquierda de Montoneros, Oscar Bidegain. Los “maestros” de los Gerardo Alberto Martínez, secretario general de la UOCRA y ex buchón de inteligencia del batallón 601 bajo la dictadura genocida, o de los Moyano, como demuestra la vinculación de la Concentración Nacional Universitaria (ligada a la Triple A en Mar del Plata) con la Juventud Sindical Peronista (JSP) y la CGT-Mar del Plata, que dirigía el camionero.
Como se ve, la burocracia fue central en la política establecida por la dictadura. Así lo demuestra la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N° 504/77. “El Ejército –dice este documento de la dictadura- intensificará la ofensiva general contra la subversión con prioridad en los ámbitos industrial y educacional, dando preeminencia a lo urbano sobre lo rural y con esfuerzo principal en la zona Buenos Aires (Capital Federal -Gran Buenos Aires – La Plata – Berisso – Ensenada) y secundario en el cordón ribereño (Villa Constitución – Campana) – Rosario – Santa fe -Córdoba – Tucumán”. Esa acción represiva se efectivizará mediante el contacto de los cuadros militares “con dirigentes empresarios, autoridades educacionales, obreros, organismos laborales”.

Sobre esta base, la colaboración de patrones y burócratas sindicales con los represores fue tal que, “era difícil distinguir entre unos y otros” (2). En Somisa, Acindar, Ford General Pacheco, existieron campos de concentración dentro de las fábricas, las comisiones internas de Mercedes Benz, Lozadur, De Carlo, Astilleros Mestrina y Río Santiago, Chrysler, Fiat Concord, Swift, entre muchas otras, fueron secuestradas y desaparecidas prácticamente en su totalidad. “La clase obrera significó el 67% de los desaparecidos que eran activistas, delegados y dirigentes obreros intermedios; o sea la viga maestra del poder de la clase obrera” (3). José Rodríguez, Secretario General del SMATA, fue expulsado de su cargo de en la Federación Mundial de trabajadores mecánicos, por su responsabilidad en las desapariciones de la mayoría de la interna de VW.

La burocracia sindical constituyó comisiones asesoras de los interventores militares en los sindicatos, y actuó directamente codo a codo con los genocidas.

Sostuvo, además,  la imagen dictatorial en el exterior, como lo demostró la constitución de la comisión tripartita de milicos, patrones y sindicalistas,  en el mismo ‘76, para la reunión anual de la organización Internacional del Trabajo (OIT),  clave para transmitir un mensaje de normalidad institucional para el golpe genocida, lo que se repitió en 1978 y 1979.

Esa primera delegación fue establecida luego de una puja entre los grupos en los que estaba dividida la burocracia, que luego derivaron en la Comisión de Gestión y Trabajo (CNT), bajo la batuta de Jorge Triacca, luego la CGT-Azopardo, y  en la Comisión de los 25 (taxistas, obreros navales, camioneros, mineros, cerveceros, etc) , de cuyo seno salió Saúl Ubaldini y la conformación de la CGT-Brasil.

Los integrantes de esa primera delegación  a la OIT  fueron Antonio Baldassini (Telepostal), Rafael Valle (Químicos), Ricardo Pérez (Camioneros), Ramón Valle (Seguro), Ramón Elorza (Gastronómicos), J.Horvath (Estatales), Hugo Barrionuevo (Fideeros), y Demetrio Lorenzo (Alimentación). La delegación sindical argentina no habló en la Conferencia, no remitió información alguna al Comité de Libertad Sindical ni realizó comunicaciones específicas sobre las desapariciones, torturas y asesinatos que dominaban la escena política del país.

“En el balance gubernamental de la participación argentina todo fue festejo. Liendo (ministro de Trabajo)  habló de “la calidad de los enviados” y de la inobjetable representatividad sindical de todos los sectores  (La Opinión, La Nación, Clarín, 16 de junio de 1976) mientras que la prensa reiteraba al unísono la “coherencia”. La retribución incluyó una entrevista posterior con Videla, a cuyo término  Baldassini destacó que los sindicatos “serán un instrumento necesario para la reorganización nacional” (Operación Ginebra, Luciana Zórzoli).

La clase obrera argentina, a pesar del terrorismo de Estado, el sostenimiento del régimen genocida de parte de los partidos patronales y del colaboracionismo para-dictatorial de la burocracia sindical, resistió a fondo a la dictadura videlista desde el primer día, en el que varios sectores de la clase obrera repudiaron con paros. Huelgas automotrices, portuarias, metalúrgicas, ferroviarias, de los trabajadores de Luz y Fuerza desafiaron a la dictadura, mediante una organización clandestina que nunca paró de desenvolverse. Y fue la clase obrera, el 30 de marzo de 1982, la que con una huelga general con movilización a Plaza de Mayo y a muchas otras plazas del país, abrió el canal para la intervención ese día de la juventud y de amplios sectores de la población, que durante toda la jornada dominó una acción de masas bajo la consigna “se va a acabar la dictadura militar”, que noqueó definitivamente al régimen genocida.

Hoy tomamos todos los aspectos de esta lucha histórica de la clase obrera, y nos ponemos al servicio de la tarea que tenemos por delante la tarea de poner en pie los cientos de cuerpos delegados combativos y clasistas,  expulsando a la burocracia sindical peronista de nuestras organizaciones, el camino del sindicato clasista del SUTNA, de los sindicatos y seccionales Multicolores –como los Sutebas Combativos-, la AGD-Uba, la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Ademys y tantos otros, por una nueva dirección en el movimiento obrero.

Este 24 de marzo marcharemos contra los crímenes de la dictadura militar, pero especialmente contra los que sostuvieron y colaboraron con los genocidas, capitalistas, políticos y burócratas sindicales. Son los mismos que hoy, con un pacto social no escrito, impulsado desde el gobierno del Frente de Todos, desenvuelven un plan de ajuste brutal contra la clase obrera, que los trabajadores combaten día a día, como las multitudinarias movilizaciones del movimiento piquetero independiente, las huelgas docentes, las luchas de los metalúrgicos de Gri Calviño y Siderar, entre muchos otros conflictos.

 

1.- “El Estado Burocrático Autoritario”
2 – Marcos Novaro-Vicente Palermo, “La dictadura militar -1976-1983”
3.- Miguel Bravetti, Prensa Obrera