Hace cien años, un 12 de octubre de 1916, la UCR accedía por primera vez al poder, iniciando un ciclo que duraría casi 15 años, hasta el golpe de 1930. Tanto el gobierno actual como el anterior se disputan la herencia de su historia por razones aparentemente diferentes. El PRO y Cambiemos se declaran continuadores de la tradición democrática que encarnaría el radicalismo, olvidándose de su pasado rabiosamente gorila. Los “nacionales y populares”, su tradición antiimperialista, olvidando que la UCR fue protagonista del pago de la deuda externa hasta el último centavo incluyendo Baring y la crisis del 90 (1893), lo que les dejó la lucha por el sufragio como única bandera. De cualquier modo, el presente ignominioso tanto de los representantes políticos del “cambio” como del peronismo los obliga a invocar una antigua tradición de lucha que, en sus mejores expresiones, solo puede reivindicar el socialismo revolucionario.

 

“Las elecciones han sido normales, sólo 16 muertos”, rezaba la comunicación que el embajador inglés envió al Foreign Office a raíz de la nominación de Luis Sáenz Peña (1892) (1). Hasta 1912 rigió en el país un fraude escandaloso. El voto era voluntario, masculino, por lista completa y cantado, lo que de por sí entrañaba el riesgo de pérdida de empleo o de vida si su voto no se correspondía con el caudillo de la parroquia – sin contar el voto de los muertos, la compra de los votos o la quema de las urnas.

 

La decisión de la burguesía de pasar a un nuevo régimen político -voto obligatorio y padrón oficial, siempre masculino- se concretó en 1912, fue impulsada por el hijo de aquél -Roque Sáenz Peña- y fue determinante en la victoria de la UCR. El debate sobre el punto, sin embargo, se había iniciado mucho antes, con la crisis de 1890. El desarrollo acelerado vía especulación del naciente capital financiero internacional había provocado un endeudamiento superior a la capacidad de pago del país y el encumbramiento de una camarilla parasitaria, agente de la usura internacional. En 1889 el gobierno argentino declaró que no podía concretar los compromisos y se produjo una gran tensión con Gran Bretaña. Los acreedores exigían un régimen colonial: la garantía estatal de todos los pasivos, el control inglés de la aduana, el aumento de los impuestos, el remate de ciertos terrenos fiscales y un control de la política monetaria. El nivel de vida de las masas descendió vertiginosamente en paralelo a la desvalorización del papel moneda frente al oro (que subió un 35%, en 1887, un 48% al año siguiente y un 94% en 1889). El 26 de julio de 1890 un levantamiento cívico-militar acaudillado por la Unión Cívica -un amontonamiento de todo el espectro político- se dejó derrotar pero provocó un recambio político. Este llegó a un compromiso sobre el pago de la deuda, que volvió a pagarse desde 1897 sobre la base de una refinanciación, la reducción de la tasa de interés y la cancelación de contratos de obras públicas y de entrega de tierras. Un acuerdo de sometimiento pero no en los términos que pretendía la banca inglesa. La oligarquía reaccionó defensivamente cuando vio en peligro la propiedad de la tierra y de la aduana -hasta ese momento había aceptado la penetración británica en sectores claves de la economía y la venta del primer ferrocarril a los ingleses.

 

“Que se rompa, pero no se doble”

 

Poco después de la derrota de la Revolución del Parque, la Unión Cívica se fracturó entre el sector de Mitre (incorporado al pacto de recambio político, junto a Roca) y el grupo de Leandro Alem, que formó la UCR en 1891. El flamante partido enarboló consignas de defensa de la soberanía nacional en relación a las exigencias leoninas de la usura internacional, denunció el fraude, exigió el sufragio libre y postuló el librecambio, al menos hasta la crisis con la burguesía industrial (2). Convergieron en él nostálgicos de Rosas, liberales, jóvenes idealistas, aunque los intereses predominantes eran los de los ganaderos medios y grandes de la provincia de Buenos Aires. En 1896 se constituiría, además, el PS, el primer partido obrero, cuyos fundadores apreciaron las limitaciones insalvables de la burguesía que se levantó contra el gobierno de la camarilla financiera. En un instante, en términos históricos, surgen dos partidos populares -uno de la clase obrera, otro burgués moderno- que nacen de abajo hacia arriba y cuyo caldo de fermento es la crisis capitalista de la época.

 

La UCR protagonizó levantamientos armados en 1893 y 1905, aunque un ala fue siendo cooptada por el régimen, que puso en marcha un plan de “institucionalización” del radicalismo, abriendo la ruta que culminaría con la ley Sáenz Peña. En las vísperas de su suicidio (1896) Alem denunció, frustrado, la colaboración con el régimen oligárquico, encabezada por Bernardo de Irigoyen y en la que incluía al primer presidente radical: “los radicales conservadores se irán con don Bernardo; otros radicales se harán socialistas o anarquistas: la canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen se arreglará con Roque Sáenz Peña y los intransigentes nos iremos a la mierda” (3).

 

La urgencia por el cambio de régimen político fue aún más acuciante para la burguesía desde comienzos de siglo. De la mano de los anarquistas se constituirá la primera central obrera del país (1901) y tendrá lugar la primera gran huelga general (1902), que paralizará al país por varios días; nuevas huelgas generales enterrarán el proyecto de regimentación de la clase obrera contenido en el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, en un curso de combates ascendentes hasta 1910. De 1904 a 1909 La Protesta (anarquista) sale en forma diaria con un tiraje que va de los 4 a 8.000 ejemplares -16.000 en 1910- y en 1905 sale La Vanguardia, con un tiraje menor, pero importante. En una población de 500.000 trabajadores entre Capital y conurbano, la prensa obrera llega a no menos de 20.000. Marginalmente, las asonadas radicales fueron parte de la crisis de régimen. Carlos Pellegrini dirá en 1905: “… en nuestra república el pueblo no vota, he ahí el mal…Donde el pueblo vota la autoridad es indiscutida y las rebeliones y conmociones son desconocidas”. El anarquismo había desplazado al socialismo por su defensa de la huelga general y la acción directa frente al parlamentarismo inocuo del PS que, además, bloqueaba la participación política de la enorme masa extranjera dentro del propio partido.

 

Un desvío preventivo y democrático

 

A comienzos de 1910, Roque Sáenz Peña fue electo sin oposición, pero su liderazgo era débil: no contaba con un partido propio, venía él mismo de residir en Europa como embajador durante años. Sin haber asumido, se produjo la huelga general del movimiento obrero contra los festejos del Centenario, que Figueroa Alcorta respondió con una represión nunca vista: sanción de la Ley de Defensa Social, centenares de detenciones, deportaciones y clausura de locales y periódicos obreros. En este escenario, agravado por la aguda tensión ante los rumores de un nuevo golpe radical, tuvo lugar la llegada de Sáenz Peña al país y su toma de posesión.

 

Sáenz Peña era consciente de la necesidad de un viraje y de la integración de la UCR al régimen político. Se reunió con Yrigoyen y este le planteó que los radicales concurrirían a las elecciones si el gobierno daba “garantías”. Sáenz Peña le ofreció dos ministerios, pero Yrigoyen rechazó la oferta. En una tercera reunión se discutieron las bases de la reforma electoral: universalidad del voto, padrón militar, voto secreto y lista incompleta (dos tercios de la representación para el primero, un tercio para el segundo). Yrigoyen reclamó, además, que se intervinieran las provincias para poder proceder a elecciones limpias. Sobre la base de este acuerdo, Sáenz Peña envió al Congreso el proyecto de ley en diciembre de 1910, que se aprobó finalmente en febrero de 1912 y quedó en la historia como “Ley Sáenz Peña”.

 

¿En qué consistía la reforma? La obligatoriedad del voto tenía un objetivo conservador. Para Sáenz Peña, “sin la inercia egoísta de los más”, es decir la baja participación electoral, “jamás llegarían las minorías que se agitan en el seno de todas las naciones a poner en serios peligros el orden institucional o político, y aun los fundamentos del orden social”. En 1912, una resolución de la UCR reivindicaba que, con la nueva ley, “reorganizada la República sobre la más completa representación, los gobiernos ejercerán sus funciones con eximia autoridad y con el aplauso público, porque la veneración que profesan los pueblos a las magistraturas legítimas influye poderosamente en el realce de su investidura y en el respeto que se les tributa”.

La nueva legislación excluyó a los extranjeros. Pocos se han detenido a observar que la Ley Sáenz Peña, la de la “democracia” dejó sin derecho a voto, en la época, a la mitad de los hombres adultos de Buenos Aires y alrededores. La ley, por otra parte, fue acompañada de un discurso patriotero, orientado contra el movimiento obrero (en su discurso inaugural, Sáenz Peña reivindicó la Ley de Residencia). Algunos dirigentes políticos especulaban con el papel del PS en este intento de contención. Para el conservador Benito Villanueva -en el Senado, “nada más urgente en este momento que abrir esa válvula y dar entrada a dos o tres socialistas en el Congreso, sobre todo en esta época de agitación obrera en que van a discutirse leyes sobre huelgas y sobre reglamentación del trabajo” (1911).

 

La ley fue un desvío preventivo y democrático, en relación a la descomposición del régimen político que había nacido del desenlace de la Guerra del Paraguay y del desarrollo de la Argentina agroexportadora durante más de treinta años.

 

Pero, en estos términos, ¿la victoria de la UCR estaba asegurada?

 

 

 

Notas: