Hace 53 años, la dictadura de Onganía intervenía las universidades nacionales y la Policía Federal ingresaba a los palazos a nuestra Facultad de Ciencias Exactas -situada por entonces en Perú 222- que había sido ocupada por estudiantes, graduados y profesores.

¿Qué objetivo perseguía Onganía con la intervención? Un aspecto era terminar con una universidad “demasiado politizada”, insoportable para la dictadura militar. Pero de fondo había algo más: Onganía seguía el libreto de la “modernización” de la universidad que planteaba el capitalismo mundial.  Una “modernización” que implicaba la creciente injerencia del capital financiero en el sistema educacional, en desmedro de las conquistas educativas de los trabajadores y de la universidad pública.

En 1967, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró un informe sobre la universidad argentina donde planteaba que “el sistema se caracteriza por el gran número de matriculados y abandonos” y proponía reducir la matrícula, introducir diplomas intermedios y acortar las carreras. Es para imponer esta política que Onganía metió a la policía en la universidad.

Hoy, de la mano del FMI, el gobierno de Macri pretende avanzar con la misma agenda. Pero en contraste con Onganía, el gobierno actual no tiene ninguna necesidad de intervenir la universidad para aplicar su política. Mientras en 1966 las autoridades universitarias acompañaron la ocupación de las facultades contra la degradación educativa, las autoridades actuales son, ellas mismas, cómplices y beneficiarias de esta degradación.

El voto de todos los decanos a favor del negociado del Parque de la Innovación, el impulso a los posgrados arancelados y la reciente creación de becas de investigación cofinanciadas con empresas, retratan a camarillas que manejan hoy las facultades en función de sus propios negociados.

Cuando algunos interesados celebran la llamada “democracia universitaria” actual, se olvidan que el co-gobierno universitario está monopolizado por una minoría privatista que le sustrae la ciudadanía al 95% de los docentes (al no incluirlos en el claustro de profesores, que cuenta con una representación mayoritaria) y sub-representa a los estudiantes. La policía que en 1966 entró a la UBA para remover a las autoridades, ahora custodia a los decanos radicales, macristas y kirchneristas que sesionan en un Consejo Superior vallado, a espaldas del conjunto de los estudiantes y docentes.

La foto de Alberto Fernández con Alberto Barbieri, el mejor alumno del Banco Santander en la privatización universitaria, delata que esta política es plenamente compartida por el peronismo. Recordemos, solamente, que el kirchnerismo gobernó 12 años con la Ley de Educación Superior menemista y que durante su gobierno las universidades privadas crecieron el 6% contra el 1% de la pública.

Como en el Cordobazo de 1969, la derrota de estos planes pasa por la lucha común del movimiento estudiantil con los trabajadores por una reorganización social en la que la universidad, la ciencia y el conjunto del aparato productivo sean puestos a disposición de los verdaderos productores de la riqueza nacional. Es la perspectiva que encarna el Frente de Izquierda-Unidad.