El 14 de junio se cumplieron diecisiete años de la masacre de catorce mineros en Río Turbio. Sólo después de la conmoción que produjo esa tragedia se reactivaron algunos proyectos históricos como la construcción de la usina a carbón. Sin embargo, nunca llegó la definición de una figura legal como empresa estatal.

La corrupción y las contradicciones del gobierno kirchnerista, primero, más el boicot del macrismo (igual de corrupto), después, se han sumado para que todavía no funcione la usina. Aunque pasaron 10 años desde que se empezó a construir y 17 de la muerte absurda de los compañeros, asfixiados en la nube negra que dejó la privatización de YCF en los 90.

Pasaron los sobreprecios y las estafas de la empresa Isolux. Pasaron el desmantelamiento de Taselli y el de Zeidán y sus despidos masivos, y los grandes temas siguen pendientes. Los mineros han protagonizado luchas históricas, desde las ocupaciones de mina en 1994, 1998, 2000, hasta la resistencia a los despidos de Macri en 2018. La desidia de la empresa sobre las medidas de seguridad, por su parte, desencadenó varias tragedias, hasta la mayor de las últimas décadas que fue la del 2004.

Desde el Partido Obrero de Santa Cruz homenajeamos a los 14 compañeros, y en ellos al bravo pueblo que acompañó tantas luchas, y venimos una vez más a reclamar justicia.

Planteamos una empresa estatal integrada que incluya la explotación minera, la usina y el tratamiento de los residuos. Proponemos un directorio con mayoría de trabajadores y técnicos de la empresa, electos y revocables por asamblea. Además, planteamos la participación de representantes de la población de la Cuenca Carbonífera para asegurar los controles sobre el medio ambiente.

Luchar por este programa es un compromiso y el más legítimo modo de dejar asentado nuestro homenaje a los 14 mineros.

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