En su exilio final, en la misma casa fortificada en México donde luego sería asesinado, a Trotsky le tocaba analizar un conjunto de problemas novedosos. El presidente mejicano Cárdenas  le había permitido el ingreso a su país cuando ningún otro país del mundo estaba dispuesto a hacerlo, cuando era –en palabras de su biógrafo Isaac Deutscher- “el profeta desterrado”, un paria odiado en partes iguales por una burguesía mundial que temía de la influencia que su presencia generaría en el proletariado y la situación mundial y por otro lado, por la burocracia stalinista que lo perseguía sistemáticamente a él, a su familia y sus partidarios.

Su estadía en México, había llevado al revolucionario ruso a concentrarse en la situación  latinoamericana como nunca antes, colaborando activamente con las distintas secciones de la extremadamente joven cuarta internacional.

Se apoyaba en el método dialéctico para pensar los nuevos problemas sin recostarse en formulas ni esquemas: “En política, lo más importante y, en mi opinión lo más difícil es definir por un lado las leyes generales que determinan la lucha y la vida de todos los países del mundo moderno y, por el otro, descubrir la combinación especial de esas leyes para cada país” (“Combatir al imperialismo para combatir al fascismo”, 1938)

Con esta lógica buscó adentrarse en las cuestiones concretas que demandaba el proletariado latinoamericano y su presencia en México y bajo el gobierno de un nacionalista burgués como el de Lázaro Cárdenas fueron el marco ideal para echar luz sobre un tema que generaba (y genera) choques y controversias: las nacionalizaciones bajo los gobiernos capitalistas y la actitud de los obreros revolucionarios

El petróleo mexicano, el enano y los gigantes

El 18 de marzo de 1938 a través de un decreto el gobierno mexicano anunciaba la expropiación y nacionalización de toda la industria petrolera. La posición de Trotsky y los militantes de la cuarta internacional partió de defender las nacionalizaciones como derecho de México de disponer de sus recursos. Esta posición fue llevada a sus conclusiones políticas, reclamando al Partido Laborista británico, miembro de la II internacional, que repudiara los reclamos legales del gobierno de su país en defensa de las petroleras de su nacionalidad expropiadas.

Su análisis se fundamentaba en la debilidad relativa que tiene la burguesía nacional de los países atrasados respecto del capital extranjero que opera al interior de esos países y también del proletariado nativo que es explotado no solo por la débil burguesía nacional, sino también por el capital foráneo. De ahí la famosa formulación de la burguesía nacional como un enano entre dos gigantes.

Esa correlación de fuerzas puede ser abordada de distintas maneras por parte de los gobiernos: una variante es su rendición total y absoluta frente a la política del gran capital convirtiéndose en un estado policial que potencia la explotación del proletariado. La otra, habitual en los gobiernos nacionalistas, es la de colocarse por encima de las clases sociales, actuar de forma oscilante o pendular, chocando parcialmente con el imperialismo, pero sin nunca romper con él. Para esto, se vale de la situación apoyándose en el proletariado y otorgar concesiones a cambio de una mayor libertad respecto del capital extranjero.  El nacionalismo en los países atrasados tiene una característica en apariencia anti-imperialista, el proletariado debe apoyar las medidas que intensifiquen esos choques sin ninguna confianza en el gobierno burgués, en tanto sirven como preparación a la clase obrera, defendiendo su independencia política y con la experiencia histórica a cuestas, cuando finalmente este nacionalismo burgués o pequeñoburgués termina claudicando en su limitada pelea con el imperialismo.

Claramente el gobierno de Cárdenas se ubicaba en este segundo grupo, el de los choques con el imperialismo y el movimiento pendular, aunque sin rupturas con el orden establecido y las relaciones de propiedad. Es importante destacar que el apoyo de Trotsky se explica en que la nacionalización en cuestión dotaba a la clase obrera de un lugar destacado en la administración tanto de la industria petrolera como de la industria ferroviaria, también nacionalizada.

Trotsky apoyó la medida a partir de la comprensión que significaba un choque con el imperialismo y que había que pelear por el control obrero de la producción que implicaría un importante paso adelante para los trabajadores y una rica experiencia política. La condición era impulsar que la participación de los trabajadores en los órganos de administración de la industria nacionalizada respondiera a una política y una organización independiente de los trabajadores, no dar ningún apoyo político al gobierno burgués y en general enfrentar la tendencia a la generación de una burocracia entre los trabajadores y la estatización de los sindicatos. “Para los marxistas no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presentan en el capitalismo de Estado y hacer avanzar el movimiento revolucionario de la clase obrera”, resumía Trotsky.

De esta manera se delimitaba tanto de quienes habían sido ya cooptados por el estado y habían avanzado en un proceso de burocratización como de quienes habían adoptado una política sectaria, de rechazo a las oportunidades presentadas, quedándose al margen y sin intervenir en la situación. Importa remarcar el carácter de la medida, en el sentido de su golpe al imperialismo, dado que muchas otras nacionalizaciones –como la de Perón con los ferrocarriles- se hicieron con la venia de las potencias extranjeras,  que fueron indemnizadas por un capital completamente desvalorizado, y estuvieron lejos de cualquier medida de tipo soberano.

La burocracia soviética no tuvo una actitud crítica ni reserva alguna. Al contrario, a través del PC, abrazó la medida sin ninguna clase de miramientos. La tercera internacional ya había dado inicio a la nefasta política de los frentes populares, promoviendo el seguidismo sistemático de los trabajadores frente a los gobiernos burgueses “progresistas”.

En El Programa de Transición, Trotsky y sus compañeros van a plantear una consigna clave que es de inmensa actualidad en la presente crisis: la apertura de los libros de las empresas, terminar con el secreto empresarial y valerse de ello como el primer paso hacia el control real de la industria por parte de la clase obrera.

Las nacionalizaciones, 80 años después

El devenir histórico de la IV internacional posterior a la muerte de Trotsky está marcado por la adaptación a distintas variantes patronales, nacionalistas o de centro izquierda. Quienes pasaron a dirigir las distintas organizaciones parecen haber olvidado el método de abordaje del que nos valemos los revolucionarios en estas instancias.

En el subcontinente latinoamericano la oleada de los nacionalismos burgueses de principios de siglo XXI aplicaron variantes de estas políticas. Gobiernos como los de Chávez, Evo Morales o los propios Kirchner nacionalizaron o expropiaron empresas. Mientras buena parte de la izquierda de la región, obnubilada por la demagogia estatal, se integró a estos gobiernos como su ala izquierda, el Partido Obrero se opuso a una política que más allá del relato mostró rápidamente sus limitaciones y se comprometió a grandes indemnizaciones con las arcas estatales.

La historia se repite como farsa. Las nacionalizaciones no tienen un carácter progresivo per se. El lugar que ocupe la clase obrera en el control de la producción de esa empresa nacionalizada es determinante, así como el pago o no a las patronales expropiadas. Las nacionalizaciones en algunas oportunidades, lejos de significar un paso adelante para la clase obrera se convierten en su contrario, en una herramienta de salvataje al capital. El caso de YPF ilustra con claridad como bajo el nombre de la nacionalización de la YPF contolada por el grupo español Repsol se dio paso a una reprivatización de la mano de Chevrón que para colmo redundan luego en una crisis fiscal que se salva con un mayor ajuste a los trabajadores.

En el manifiesto político electoral del Frente de Izquierda del 2013 marcábamos, a instancias del PO, la necesidad de distinguir la nacionalización burguesa, que procura el rescate del sistema capitalista y de los empresarios a los cuales se asocian de la nacionalización que efectivamente convierte a la explotación privada en un verdadero servicio estatal público al servicio del pueblo trabajador, bajo su control.

Sin embargo, este tipo de medidas no son propiedad exclusiva de Latinoamérica. La experiencia reciente, en medio de la pandemia del coronavirus reafirma lo que ya habíamos experimento con la crisis del 2008: los estados destinan dinero rescatar al capital privado, transfiriendo activos tóxicos o directamente poniendo recursos disponibles o inventados en pos de evitar un quebranto generalizado de sus burguesías.

En síntesis, el Estado juega un rol creciente para salvaguardar los intereses de la clase dominante de conjunto. Las que ejecuta el Estado burgués no son un paso hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional. El reclamo del control obrero y de la expropiación sin indemnización al capital pone de manifiesto el choque entre la reorganización del capital y el interés de nuestra clase. Esta perspectiva plantea el gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado.

Ochenta años después del asesinato del revolucionario ruso, la tarea con la que cerró su análisis acerca de las nacionalizaciones mexicanas tienen una vigencia estremecedora: “la existencia de un partido marxista revolucionario que estudie cuidadosamente todas las formas de actividad de la clase obrera, critique cada desviación, eduque y organice a los trabajadores, gane influencia en los sindicatos y asegure una representación obrera revolucionaria en la industria”

https://prensaobrera.com/aniversarios/la-vigencia-del-periodo-abierto-por-la-revolucion-de-octubre/