Como no podría ser de otro modo, la conmemoración del 20 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 ha dado lugar a un debate que pone sobre la mesa el balance de una etapa política de dos décadas de la Argentina. Durante ese largo período, nuestro país fue gobernado por todos los partidos políticos tradicionales y también por algunos que surgieron luego de esa crisis, como es el caso del PRO, que rápidamente se entrelazó con ellos mediante alianzas y frentes políticos-electorales, u otros que en un campo opuesto venían de lo que suele llamarse el campo popular y pasaron a formar parte de los gobiernos kirchneristas en su carácter de independientes para luego mimetizarse con el peronismo.

El fracaso de todas estas fuerzas políticas que nos han gobernado en las últimas dos décadas es irrefutable. Pasados veinte años, Argentina se encuentra más endeudada que en aquel momento, en un virtual default y con la espada de Damocles del FMI sobre nuestra cabeza. La deuda ha crecido en forma absoluta y también comparada por habitantes. En relación con el PBI, es mayor que en 2001. La fuga de capitales se ha transformado en estructural, llevando a una caída inédita de la tasa de inversión, que está en los niveles más bajos de la historia sin que alcance a reponer el capital consumido. La matriz productiva del país también se ha deteriorado. Lejos de cualquier desarrollo industrial y de un aumento de la productividad del trabajo, la economía del país se ha ido primarizando, dependiendo de la producción agraria y, en menor medida, de proyectos energéticos y mineros, la mayoría de ellos con un impacto ambiental muy negativo.

Pero donde se concentra de un modo más palmario el fracaso de todos los gobiernos es en la situación social, que adquiere características dramáticas: la pobreza supera el 40% de la población en general y en la niñez ronda el 55%, la precarización del empleo se ha agravado, así como también la destrucción del salario y de las jubilaciones, que han retrocedido a los niveles más bajos de la región. Algo similar ocurre con la educación, donde también hemos perdido el diferencial que Argentina tenía en América Latina. Un capítulo especial merece la crisis habitacional, que abarca a millones de familias, como ha quedado retratado en la represión lacerante a familias sin nada en Guernica, ejecutada por el gobierno de Kicillof. Esta suma de crisis económica, social, habitacional y sanitaria explica finalmente por qué Argentina ha registrado los peores índices internacionales en la pandemia, tanto si se mide la cantidad de contagios, la letalidad y la mortalidad.

A la luz de esta realidad incontrastable puede llamar la atención que aún no tengamos un reclamo masivo para que “se vayan todos”. Pero cuidado, la pérdida de casi 6,5 millones de votos en comparación a las elecciones de 2019 que obtuvieron sumados el Frente de Todos y Juntos por el Cambio da cuenta que existe un registro popular de fondo sobre la crisis del país y sobre quiénes son sus responsables. En América Latina, situaciones similares derivaron en los últimos años en rebeliones populares inmensas, como lo atestiguan las experiencias de Chile, Ecuador, Colombia, por nombrar solo las más recientes. Argentina, lógico, no tiene por qué ser la excepción. Esa amenaza latente explica los temores de todas las fuerzas políticas en firmar un acuerdo con el FMI y la gran red de seguridad que quieren tejer para ello, con la burocracia sindical, los movimientos sociales cooptados, el Vaticano y una votación conjunta en el Congreso. En un plano más sutil, este trabajo de contención va de la mano de una distorsión histórica de los sucesos de 2001, queriendo presentar a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre como responsable de la crisis, cuando en realidad fue una reacción justa y necesaria del pueblo trabajador ante una situación intolerable. Se presenta a la rebelión como la causante de la crisis cuando fue la crisis la que generó la rebelión.

En oposición a estos planteos falsos en el plano de la historia y reaccionarios en el de la política, nosotros reivindicamos las jornadas del 19 y 20, así como el derecho de los pueblos a rebelarse contra el saqueo, la opresión y la explotación.