El juicio por la voladura de la Amia recién ha comenzado. Hay por delante largas jornadas de declaraciones y alegatos, pero algo ha quedado ya meridianamente claro: que “la conexión local es el Estado argentino”. Esa es la única conclusión a la que se puede arribar cuando se tiene a la vista el más escrupuloso trabajo para que nunca se pueda encontrar a los responsables de la masacre, que ha sido montado por las fuerzas de seguridad y policiales y por la Justicia, con el respaldo de la cúpula del poder político tanto bajo el menemismo como bajo la Alianza.

La Side y el Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal hicieron desaparecer decenas de cintas de grabaciones de escuchas telefónicas que, casualmente, fueron mal desgrabadas. No investigaron pistas, no investigaron los contenidos de las agendas de los imputados, armaron testigos truchos, ocultaron evidencias. Nada de esto -por lo que se está instruyendo un ‘sumario administrativo’ en la Side, naturalmente secreto)- fue denunciado por el juez Galeano.

Quien encubre, se autoencubre. El propio juez se ha visto obligado a reconocer que ha destruido unos 50 videos con declaraciones de imputados, testigos e informantes, por lo que la Cámara Federal le instruye, un ‘sumario administrativo’. El juez destruyó estos videos *que habían sido grabados ilegalmente, sin conocimiento de los declarantes* después de que una ‘operación de contrainteligencia’ sacó a la luz un video que lo comprometía: allí se veía cómo le ofrecía 400.000 dólares al detenido Telleldín *acusado de haber armado la camioneta que estalló en la Amia* a cambio de una declaración ‘conveniente’. No es lo único de lo que Galeano está acusado. Un ex secretario del juzgado, Claudio Lifschitz, lo acusa de haber amañado pruebas para ‘engrampar’ a los policías bonaerenses y, de esta manera, alejar las miradas de la Side y la Federal. Precisamente, Galeano es un juez al que se conoce por sus fluidas relaciones con la Side y con su ex jefe en la época menemista Hugo Anzorregui.

El interés de Galeano por cubrir los errores y las complicidades de la Side se explicaría por la necesidad de evitar que saliera a la luz el “apoyo logístico” que la propia Side le habría brindado a los autores del atentado. “La Side habría infiltrado una célula terrorista dormida con participación iraní. Durante un tiempo la apoyó logísticamente para descubrir qué era lo que tramaban (…) en un punto se les escapó el tema de las manos y los perdieron. Allí se produjo el atentado (…) Galeano buscó, durante toda la investigación, tapar la participación de la Side en este hecho” (Veintitrés, 27/9).

El conjunto del aparato del Estado *hasta su misma cumbre* está asociado en el operativo de impunidad: La Nación (29/9) revela que las embajadas argentinas en Irán y Siria enviaron mensajes que ofrecían pruebas y pistas sobre el atentado. Ni la cancillería ni la Side, que según La Nación conocía el contenido de estos cables, pusieron estas informaciones a disposición de la causa. La razón de este comportamiento es que esas informaciones hubieran abonado la hipótesis de que la razón de los atentados sería el incumplimiento por parte de Menem de los compromisos asumidos con Irán y Siria durante su campaña electoral, en la cual éstos habrían colaborado financieramente.

La trama de la impunidad armada por la Side, la Federal y el juez es tan densa que, con las pruebas ‘recogidas’, difícilmente se pueda condenar a los acusados. Todavía no está probado que Telleldín haya armado la camioneta que estalló en la Amia ni, tampoco, que los ‘bonaerenses’ hayan recibido esa camioneta de Telleldín. La única posibilidad de que se avance, en el curso del juicio, en conocer la verdad de lo ocurrido depende, según el jurista Daniel Sabay, de “un hecho fortuito”: que alguno de los acusados se ‘quiebre’ (Página/12, 24/9).

Lógicamente, es difícil que Ribelli y los ‘bonaerenses’ zafen de la cárcel porque han sido puestos en evidencia sus cuantiosos ‘negocios’ con el hampa, que le reportaban ingresos mensuales de 50.000 dólares, que no sólo compartía con sus subordinados sino también con su ‘padrino’, el comisario Klodzyc, jefe de “la mejor policía del mundo”, según las conocidas declaraciones de Duhalde. Pero ellos, y quizás también Galeano, no son más que ‘perejiles’: los intereses y las ‘promesas incumplidas’ que llevaron al atentado; los que lo armaron y los que los encubrieron a todos tienen la impunidad garantizada.

La Side y la Federal no fueron los únicos

A la impunidad montada por los servicios, la policía y la Justicia se ha sumado la dirigencia oficial de la comunidad judía y el Estado de Israel, que defendieron a capa y a espada al juez Galeano contra las acusaciones de los familiares de las víctimas del atentado.

La embajada de Israel fue la primera en reclamar el cierre de la causa y la realización del juicio oral para evitarle problemas al gobierno argentino, al cual el Estado sionista considera un aliado.

Los dirigentes de la Amia y de la Daia hostigaron de una manera sistemática a los familiares y se negaron, acompañar el reclamo de que Galeano fuera apartado de la causa. En ocasión del acto de 1997, cuando los asistentes abuchearon a los funcionarios menemistas presentes, los dirigentes de la Amia y de la Daia corrieron a la Rosada a ‘disculparse’. La razón de las presurosas ‘disculpas’ de Beraja y compañía no era otra que las dificultades que enfrentaba por ese entonces su banco, el Mayo, urgentemente necesitado de un salvataje oficial.