Tras la demanda penal por vaciamiento y administración fraudulenta iniciada por los trabajadores de la Clínica Junín, con el patrocinio de los abogados Silvia Peñaloza, Gustavo Valdez y Roberto Ortega, contra los empresarios dueños de la clínica, se logró una medida judicial a favor de los trabajadores inédita en el fuero penal de Córdoba.

Los trabajadores habíamos solicitado la tenencia legal del edificio y todos sus bienes muebles y aparatología, para seguir manteniendo nuestra fuente de trabajo, ya que en la Legislatura cordobesa nuestro proyecto de expropiación dormía por trabas puestas por el gobierno provincial.

El dictamen corresponde al fiscal de instrucción de distrito judicial 1, turno 5. Dr. Rubén Caro, quien, tras analizar todas las pruebas presentadas por los trabajadores de la clínica con respecto al vaciamiento, se expidió favorablemente a favor de nuestro pedido y solicitó al juez de control que libre una orden de indisponibilidad del inmueble en cuestión y ceda a los trabajadores la custodia del edifico con todo lo que en él se encuentra, hasta tanto se termine con la investigación. Esto no lo hicimos solos; la solidaridad de muchos luchadores anónimos y conocidos (cuya lista de nombres es muy larga) nos respaldó, apoyó y hasta nos levantó cuando nos íbamos cayendo.

A todos aquellos que estuvieron con nosotros: gracias. Sin su compromiso de lucha y resistencia nada hubiéramos logrado.