Siete años después del atentado criminal a la embajada de Israel, ‘apareció’ una sospechosa cinta con la grabación de la ‘orden’ del Comando Radioeléctrico de la Policía Federal para que su personal de custodia abandone esa institución, minutos antes del estallido de la bomba que la destruyó. Más sospechoso aún resultó que los propios mandos de esa fuerza, y aun el ministro del Interior, declararan inmediatamente que "hay un 90 por ciento de seguridad de que la cinta sea auténtica" (Crónica, 6/5).

El periodista Herman Schiller reveló que la comisaría 7ma, bajo cuya jurisdicción está la sede de la Amia, se encontraba en oportunidad de su explosión al mando del comisario Gastón Fernández, un confeso oficial antisemita que actuó en el nefasto Cape (Centro de Adiestramiento de la Policía Especial). En ese mismo momento actuaba también en la central de inteligencia del estado (Side), como director, el ex-‘comando Tacuara’, Tórtora.

Según denuncian los familiares de las víctimas, el gobierno israelí prohíbe a su personal pisar los estrados judiciales argentinos y, oficialmente, ese estado ni siquiera es parte de la causa que se sigue por los atentados en la Corte. El estado de Israel ha avanzado en ‘relaciones carnales’ con el menemismo, a pesar del escándalo permanente de la plantación de ‘pistas falsas’ por parte de organismos de ‘seguridad’ que dependen del Poder Ejecutivo, de la ‘obstrucción de justicia’ que ha partido directamente de ese mismo tribunal ‘supremo’ (embajada) y del juzgado de Galeano, en lo que hace a la causa de la Amia, como se denuncia todos los lunes en Plaza Lavalle.

Los familiares han denunciado reiteradamente que "no tuvieron respuesta del Estado de Israel" para que éste se comprometa en las investigaciones (Carlos Susevich, familiar de una de las víctimas del atentado a la embajada, en Nueva Sion, 29/6/98). Sorprende más aún que una publicación del Cidipal, un centro de divulgación para América Latina del estado sionista, omita incluir al más importante de los atentados antijudíos de la posguerra —el de la Amia—, entre los "principales ataques terroristas contra Embajadas y Representaciones Israelíes en el mundo" (2/99).

Entre sectores progresistas de la comunidad judía local ha comenzado un reclamo para que el estado israelí siga los pasos de la justicia española, italiana o sueca, que han abierto causas por sus ‘connacionales’ detenidos-desaparecidos bajo el ‘proceso’, e investigue el brutal terror dictatorial antijudío. En la causa que sigue el juez Garzón, en España, se ha probado que 1.900 judíos argentinos integran las listas oficiales de detenidos-desaparecidos (es decir, un 16/17% del total, sobre una población de ese origen que no alcanza al 1%). El estado sionista se ha negado sistemáticamente, también, a satisfacer ese reclamo.

El problema que enfrenta el reclamo de la izquierda sionista al Estado de Israel es que éste armó hasta los dientes y adiestró a algunos de estos cuerpos represivos fascistas a escala de todo nuestro continente, y otros en Africa, forjados en la escuela del genocidio ‘argentino’ (cosa que se ha hecho bajo todos los gobiernos sionistas de los últimos 25 años como ‘política de estado’).