junio 19, 2003 | 805

Kirchner reprivatiza

Para algunos entusiastas, Kirchner inició una cruzada por la “recomposición de la institución presidencial” (Verbitsky, Página/12, 8/6), como si esto fuera incluso algo positivo para el pueblo explotado. Esa sería la decisión que atribuyen al gobierno de ponerse “duro” con las empresas privatizadas. La realidad, sin embargo, es que el gobierno pretende rescatar al régimen privatizador en su conjunto, golpeado por la bancarrota capitalista y uno de los principales factores de ella.


El resultado, después de más de una década, es el colapso de muchos servicios, el endeudamiento sideral de las empresas privatizadas, el incumplimiento de inversiones y una tendencia al colapso de la infraestructura.


El hundimiento de las privatizaciones expresa, por otra parte, el fin del financiamiento especulativo, impulsado por la convertibilidad y la privatización bancaria y el incremento fenomenal de la deuda externa.


El gobierno de Kirchner se enfrenta a la incapacidad de financiamiento del Estado y a la decisión de las privatizadas de no invertir un solo peso como consecuencia de la caída de su rentabilidad después de la crisis del 2001, de la inexistencia de crédito y del enorme endeudamiento de las empresas. Sólo a modo de ejemplo, Aguas Argentinas tiene una deuda externa de 700 millones de dólares, las telefónicas superan los 6.000 millones y las empresas del sector gasífero y eléctrico adeudan una cifra similar.


Estado de colapso


La situación actual de los servicios es explosiva. En el caso del ferrocarril, existe la posibilidad de una tragedia en cualquier momento, ante la completa falta de mantenimiento. Para revertir esto sería necesaria una inversión básica de 240 millones de pesos anuales en el servicio de pasajeros, y más de 700 millones para rehabilitar y extender el servicio de cargas. En este cuadro, “el ferrocarril (está) en riesgo de colapso” (El Cronista, 10/6) y en un serio problema de seguridad mecánica que sólo fue superado hasta ahora, según el último secretario de Transporte de Duhalde, por la idoneidad de los trabajadores del ferrocarril, especialmente de los maquinistas.


El incumplimiento de los compromisos de inversiones es similar en todos los sectores. En el caso de las autopistas y carreteras (peajes) la inversión apenas alcanzó el 35 por ciento de lo comprometido en la licitación.


En el ámbito de las energéticas, las pérdidas que alegan las empresas como consecuencia del impacto de la devaluación en el precio del petróleo y gas, ascenderían a 2.133 millones de dólares, por lo que los pulpos amenazan con el desabastecimiento, particularmente de gas, a partir de este invierno. En tanto, Repsol anunció inversiones en Venezuela, lo que muestra que las privatizaciones son una vía de fuga de capitales, mecanismo por medio del cual también se produjeron los actuales endeudamientos declarados por las empresas.


En el Correo, Macri exige también su “seguro” contra pérdidas; reclama una reducción del canon, que deje de ser una suma fija y que se lo calcule “como un porcentaje de la facturación, con lo cual convertiría al Estado en partícipe del riesgo empresario” (Página/12, 8/6), además de un resarcimiento de parte del Estado de más de 1.000 millones de pesos. La imposibilidad del Estado de hacerse cargo del “muerto” llevaría a Macri a abandonar el Correo.


También se encuentra en crisis el servicio en los aeropuertos, luego de que quedara congelado un decreto de último momento de Duhalde que le perdonaba a AA 2000 las multimillonarias deudas de canon impago y reducía a más de la mitad las obligaciones de la empresa con respecto al Estado. El escándalo de la renegociación del contrato de Aeropuertos 2000 abrió la guerra de las empresas aerocomerciales, particularmente de Aerolíneas, que exigen su propio rescate al gobierno, frente a la caída abrupta de la actividad aerocomercial que llevó a la defunción de Lapa.


En todos los rubros, la crisis de las privatizadas plantea el colapso de los servicios, de la actividad económica y del Estado.


El panorama se completa con la incapacidad de la población de absorber no ya un aumento tarifario sino los servicios a los valores actuales; ya en 1998, los servicios equivalían a más del 91% de los ingresos en el 20 por ciento más pobre de la población.


La salida de Kirchner


La “prueba de fuego (de Kirchner) será la renegociación de los contratos con 61 empresas privatizadas” y la “intervención de todos los entes reguladores y la rescisión de las concesiones de los aeropuertos y del correo”, afirma Página/12 (8/6). Pero, “dándole tranquilidad a los hombres de negocios” (Clarín, 9/6), las renegociaciones significan el llamado a nuevas licitaciones y, en consecuencia, el perdón por las deudas e incumplimientos de parte de las concesionarias. El anuncio de relicitar los peajes y no renovar automáticamente los contratos una vez finalizados fue recibido positivamente por los capitalistas. La razón de esto es, para Ambito (2/6), que “el negocio se mantiene aún cuando la tasa de retorno pueda resultar inferior” (2/6). El Grupo Roggio señaló claramente que estaba “muy satisfecho con la decisión porque implica reconocer que el peaje es un sistema idóneo para el mantenimiento del sistema vial” (ídem). El perdón, además, es mutuo, porque el Estado mantendrá los subsidios mientras dure la actual concesión y no reclamará por los incumplimientos en obras de infraestructura, a cambio de que los concesionarios y los patrones desistan de efectuar acciones legales contra el gobierno argentino: “Sus accionistas en el exterior deberán también cerrar las acciones iniciadas en tribunales internacionales contra el Estado argentino” (ídem).


La Argentina es el país más demandado por estos motivos en los tribunales en Washington, en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo que depende del Banco Mundial.


Expectativas similares están planteadas para casos escandalosos como el de los aeropuertos, tal cual anunció Eurnekian, para quien la caída de la renegociación del contrato establecido por Duhalde no generará cambios sustanciales en la licitación, porque “habría renegociación, pero sin caída del contrato” (Infobae, 10/6). Es decir, el “estilo Kirchner” es: “si no funciona, volver a privatizar” (Clarín, 9/6).


En segundo lugar, la relicitación amplía la posibilidad de intervención de otros sectores del capital, particularmente los yanquis, que no lo hicieron o participaron en menor medida que los actuales contratistas.


Pero, en tercer lugar, un documento elaborado por los asesores de Kirchner advertía, antes de asumir la presidencia, acerca de la necesidad de impulsar “la infraestructura y obra pública por medio del Estado”, “ante el hecho de que las compañías se verán en situación de quebranto y el sector público no estará en condiciones de garantizar el mantenimiento de los servicios” (El Cronista, 11/6).


En el ferrocarril, por ejemplo, el Estado “permitirá más de un operador de carga o de pasajeros de larga distancia”, e incluso “el mantenimiento y conservación de esa red podrá ser concesionado bajo estándares prefijados” (ídem).


En un esquema alternativo, en energía se plantea que “una misma firma pueda participar simultáneamente en más de un segmento del negocio energético” (Página/12).


Es en esta “novedosa” política de Kirchner que las patronales de la construcción ven su salvación, a partir de un plan de obras públicas de 6.000 millones de pesos. Sin financiamiento estatal no podría haber “obras de infraestructura privada por los próximos 12 ó 18 meses”: es lo que planteó (El Cronista, 3/6) el vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, para quien el “problema fundamental para el mercado, hoy, es la falta de financiamiento. Por eso hay que aprovechar las líneas de crédito internacionales (al Estado) (que suman más de 800 millones de dólares), que no están siendo utilizadas” (ídem).


La renegociación de Kirchner debe ser entendida como tentativa de rescate. Para esto, sin embargo, tiene sólo dos opciones: o la reestatización con un imposible resarcimiento al capital contratista por sumas billonarias, o un acuerdo estratégico con el FMI. A su vez, el secretario de Energía, Daniel Cameron, ha planteado aumentar el cuadro tarifario por medio de un “Diagnóstico y propuesta del sector energético”, que es un calco de los argumentos y d e los reclamos de las empresas del sector.

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