Después de lograr que el gobierno les redujera un 70% sus deudas en dólares con el sistema financiero local, a través de la pesificación 1 a 1 de los préstamos que tomaron, los grandes grupos capitalistas se lanzaron en forma desembozada a lograr que el Estado les estatice una parte o toda la deuda en dólares que tienen con el exterior.

Ese es el punto central que llevó a la constitución de la nueva central patronal, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que tiene como presidente a Oscar Vicente, del pulpo Pérez Companc, calificado por Elisa Carrió de decente, emprendedor y no mafioso, seguramente por sus conexiones con la Iglesia y su apoyo a Patti. Justamente Pérez Companc es uno de los que más se beneficiaron con la devaluación y pesificación de las deudas internas.

La AEA reúne a una parte de los grandes pulpos que estaban nucleados en el Consejo Empresario Argentino (CEA), que fue la punta de lanza de las privatizaciones de los años ’90. A partir de 1998, el CEA entró en crisis porque se produjo una división entre el ala devaluacionista, encabezada por Techint y Pérez Companc, y los partidarios de la dolarización, fundamentalmente las privatizadas de servicios públicos. Los devaluacionistas del CEA se colocaron entonces detrás de la Unión Industrial que, con Ignacio de Mendiguren a la cabeza, salió a pedir a gritos la devaluación del peso y la pesificación de sus deudas.

Ya con la devaluación concretada, los grandes pulpos divididos se vuelven a reunir en torno a la AEA, "para exigir una compensación estatal por los traumas que ocasionó la devaluación del peso" (Página/12, 29/5). En la AEA están tanto los "nacionales" Techint, Clarín, Pérez Companc, Loma Negra o Soldati, como los "extranjeros" BankBoston, Repsol-YPF, Telecom o Dow Química.

"¿Qué proponen para las empresas endeudadas en dólares y con ingresos en pesos?", fue la "inocente" pregunta que le hizo Clarín a Vicente, uno de los grupos que reclama a gritos la estatización de sus deudas.

"Las deudas privadas tendrán que estar bajo el paraguas de lo que el gobierno acuerde con el FMI" (Clarín, 29/5), exigió el mandamás.

Los grandes pulpos plantean, por un lado, hacer frente a sus deudas con el exterior a través del aumento de las tarifas y una especie de seguro de cambio del Estado. El aumento de las tarifas, Vicente lo aclaró en una entrevista en La Nación (12/5). "Tenemos costos en crecimiento, endeudamiento y tarifas congeladas. Esto no va, va a ir evidentemente en detrimento del servicio...", amenazando con deteriorar los servicios públicos si no le dan los aumentos requeridos.

Por otra parte, ya hay una ayuda del Estado, que permite convertir los bonos públicos o los certificados de plazos fijos reprogramados, en acciones de empresas que cotizan en la Bolsa. Los ahorristas que se vean obligados a vender esos bonos o certificados en la Bolsa lo harán a un valor muy bajo a los grandes pulpos, que los ofrecerán en el exterior para el pago de sus deudas. Para que esto sea posible se necesita el "paraguas" de lo que acuerde el gobierno con el FMI, que es lo que Vicente plantea: una garantía del FMI sobre el valor de los bonos o certificados que reciban los acreedores.

Justamente, en un seminario sobre reestructuración de deuda, Miguel Arrigoni, de la consultora Deloitte & Touche, señaló que "las empresas pueden aprovechar las nuevas emisiones que se permitirá realizar para captar fondos del corralito o el armado de fideicomisos que demostraron ser muy fuertes frente a la crisis" (El Cronista, 31/5).

Carrió

El sábado, Elisa Carrió dijo que "hay algunas cosas que pide el Fondo que son razonables", y agregó que "si tenemos que pagar costos, los vamos a pagar por un país que esté caminando", para proponer finalmente acordar con el FMI "desde un proyecto nacional".

El planteo de Carrió es muy similar al de la flamante AEA, que propone que el Estado con más endeudamiento y los consumidores con tarifas más altas, paguen los costos de la deudas de los grandes grupos capitalistas. Carrió y Vicente no sólo tienen en común el apego por el crucifijo (la AEA se lanzó en un salón lleno de "objetos de culto católico", según Página/12) sino intereses más terrenales.

Lozano

En varias oportunidades, Claudio Lozano, economista de la CTA, pretendió ridiculizar el planteo de "no pagar la deuda" con el argumento de que ya no se está pagando porque el gobierno suspendió los pagos. La afirmación de Lozano es falsa porque la suspensión abarca sólo una parte *un tercio* de la deuda. Tanto la deuda con el FMI, Banco Mundial y BID *que suma 40.000 millones de dólares* como la de los Préstamos Garantizados del canje hecho por Cavallo *otros 52.000 millones* se están pagando, como se demostró en el pago de 680 millones de dólares al Banco Mundial con reservas del Banco Central.

Todo este engaño tiene un propósito definido, porque finalmente Lozano quiere pagar la deuda y se presenta como el hombre que cuenta con el plan para cumplir con los pagos sin atrasos ni incumplimientos. Así, sostiene que hay que "mantener la suspensión en el pago de la deuda hasta volver a crecer, negociar una quita sobre el capital y pesificar la deuda (pública) con los tenedores locales" (Clarín, 2/6). "Crezcamos", dice el economista de la CTA, para pagar la deuda externa, que ya cubre un 160% del PBI, y que aún si fuera reducida en un 60%, seguiría representando un 65% del PBI.