"Al FMI no le preocupa el tema de las obras sociales", informó desde Washington el corresponsal del diario BAE(12/12). Más aún, el tema ya no forma parte de las negociaciones de la burocracia, el gobierno y las patronales, y el propio Roque Fernández eliminó este año la promesa hecha en 1996 al FMI de que las prepagas podrían actuar como obras sociales sindicales (Clarín,14/12).

¿Significa entonces que la medicina privada arrió sus banderas? Todo lo contrario. En el tema salud y obras sociales, el gobierno y la burocracia siguen al pie de la letra el libreto escrito por el Banco Mundial, que se opone a que la medicina privada desplace a las obras sociales, por lo menos en los próximos dos años.

El Banco Mundial considera un serio error, que llevaría al colapso del negocio de la salud, si las prepagas sustituyeran hoy a las obras sociales, porque carecen de estructuras para hacerlo y perderían la batalla. Por eso, le prestó al gobierno 375 millones de pesos para que financie la llamada "reconversión de las obras sociales", que significa la depuración de más de un centenar de obras sociales, y que en las restantes, las prepagas se alíen con la burocracia. Completado este ciclo, que se estima de dos o tres años, ahí sí se le daría vía libre a la medicina privada. Esto es tan así, que el subsecretario del Ministerio de Salud confesó que "nosotros seguiremos avanzando en el proceso de reconversión de las obras sociales, que demandará dos años más. Y recién en ese momento se podrá habilitar la libre competencia entre éstas y las prepagas. Sólo se necesitará la decisión política" (El Cronista, 10/12).

Que a esto apunta el plan del Banco Mundial, se comprueba en que el gobierno ya mandó al Congreso el proyecto de ley para que las prepagas puedan funcionar como "obras sociales de dirección" (jefes y patrones), un negocio suculento de 600 millones de pesos por año.

Mientras tanto, la alianza de la burocracia con la medicina privada marcha a todo trapo. Un protagonista de primera línea es Eduardo Duhalde, que formó Provincia Salud, una prepaga donde el 40 por ciento está en manos de un fondo norteamericano del Chase Manhattan y las principales compañías de seguros de EE.UU.

Provincia ya tiene cerrado un acuerdo con el sindicato de supervisores metalúrgicos (Asimra) para administrar la obra social. " ‘La obra social va a continuar prestando sus servicios tal cual lo viene realizando hasta el momento. La novedad consistirá en que nosotros le sumaremos nuestra red de prestadores médicos y tendremos a cargo el gerenciamiento de la entidad’, dijo el gerente de Provincia Salud" (El Cronista,12/12). Así, la obra social de Asimra será la fachada de la prepaga Provincia Salud.

Lo mismo ya hizo Zanola con la "Bancaria Solidaridad"; el sindicato de Seguros con varias prepagas; docentes particulares, Osplad, etc.

¿Por qué entonces Menem, por decreto, excluyó del régimen a las obras sociales de empresas, de las cuales dos o tres —como Osdo, Witcel— fueron capturadas por prepagas, como Docthos-Roberts o el Grupo Exxel?

Osdo y Witcel son obras sociales muy pequeñas, que estaban en manos de patronales en disolución. Docthos y el Grupo Exxel las compraron como plataforma para capturar afiliados de las obras sociales sindicales, procurando evitar acuerdos con la burocracia.

El decreto de Menem tuvo el apoyo de las cámaras de empresas prepagas, que no quieren que nadie se adelante "en la competencia", y de la burocracia, porque ratifica su intermediación en la privatización de la salud.

El Banco Mundial, sin embargo, le envió una carta al Gobierno ordenándole "modificar el decreto o tomar acciones adicionales para promover mayor competencia ...", canalizando parcialmente los intereses de Exxel y el Grupo Roberts.

El Banco Mundial busca dejar a resguardo los intereses de estos grupos sin alterar el acuerdo básico con el gobierno y la burocracia. Por eso le dejó abierta la puerta al gobierno para mantener el decreto si "toma acciones adicionales".

Una variante sería que Osdo y Witcel se transformen en obras sociales sindicales, mediante algún acuerdo con un sector de la burocracia, como acaba de hacer Provincia Salud con Asimra.