La Municipalidad de Buenos Aires se apresta a entregar los cementerios porteños y el crematorio de Chacarita a la Curia. La entrega se realizará bajo la cobertura de una “privatización” ... cuyo ganador está designado de antemano, pues el pliego licitatorio limita la convocatoria a “asociaciones civiles de carácter religioso y católico”, con una antigüedad en el país de más de treinta años y, claro, con importantes “vinculaciones internacionales”. El diputado Alfredo Bravo, en una carta dirigida a “La Nación” (13/2), ha denunciado “... que es no un llamado a concurso sino una concesión directa a Cáritas”.

Como toda “privatización”, la de los cementerios porteños será una fuente inagotable de negociados y estafas (basta mencionar que la concesión permitirá a sus beneficiarios, la Curia, imponer a los “usuarios”  una especie de “peaje” para el “mantenimiento” de los cementerios). Pero como ninguna otra, la “privatización” de los cementerios implica un ataque a fondo a la laicidad, es decir, a la democracia.

La monopolización de los cementerios por la Iglesia significa una violación a la libertad de conciencia, pues crea un condicionamiento o discriminación confesional. En el pasado —recuerda Alfredo Bravo en su carta-denuncia, citando a Ricardo Rojas— “Bajo la jurisdicción eclesiástica se había perpetrado en los cementerios toda suerte de atropellos y arbitrariedades. Por citar apenas un caso, en 1863, bajo el gobierno de Mitre, la Iglesia había negado sepultura al cuerpo de Blas Agüero, que se había resistido a la confesión que pretendía imponerle un cura de parroquia”. El monopolio clerical liquida el derecho de todo ciudadano a darle a sus huesos el destino que desee. La “doctrina” de la iglesia repudia la cremación de los cuerpos, la inauguración del crematorio de la Chacarita, en 1903, recuerda Bravo, despertó “las encendidas protestas de la comunidad eclesiástica” (ídem).

La creación del Registro Civil —y la consiguiente secularización de las inscripciones de los nacimientos, matrimonios y defunciones, junto con la educación estatal— constituyó un golpe al monopolio oscurantista clerical.

Un síntoma político

En vísperas de la reforma constitucional, la entrega de los cementerios a la Curia constituye un síntoma político de la mayor importancia, pues remite a la rumoreada posibilidad de la existencia de “cláusulas secretas”  en el “pacto de Olivos” para otorgar rango constitucional a la prohibición del aborto y garantizar, bajo el eufemismo de la “libertad de enseñanza”, las prebendas de la Iglesia en el terreno educativo y aun la posibilidad de la inclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Pero la “privatización” de los cementerios dice mucho acerca del carácter de la “oposición” centroizquierdista. La entrega ha sido cubierta  por un espeso manto de silencio por el Frente Grande y aún por la Unidad Socialista —con la excepción del diputado Alfredo Bravo— cuyas numerosas bancadas de concejales no han movido un dedo hasta ahora. Este hecho alcanza para tildar de clerical a la “oposición”  al “acuerdo de Olivos” .

Para el Frente Grande, el silencio frente a la entrega de los cementerios a la Curia es, apenas, una cuenta más de un largo “rosario” pro-clerical. El FG lleva como uno de sus candidatos “estrella” al obispo De Nevares —un “progresista” opuesto al derecho al divorcio y al derecho al aborto. Las otras dos “estrellas” del FG —Chacho Alvarez y Mary Sánchez— han jugado un papel relevante en la aprobación de la ley de educación que, según el Consudec —Consejo Superior de Educación Católica— “liquida al laicismo”.

El proyecto de reforma constitucional del Frente Grande no plantea la separación de la Iglesia del Estado —sin la cual, la “libertad de conciencia” no pasa de ser pura retórica— y hasta mete por la ventana uno de los reclamos más preciados de la jerarquía religiosa: la prohibición del derecho al aborto. Efectivamente, el proyecto de reforma del FG plantea otorgar rango constitucional al “Pacto de derechos y garantías de San José de Costa Rica”, que establece “la protección de la vida desde la concepción”, exactamente la misma fórmula que esgrime la Curia para atacar la legalización del derecho al aborto.