Sindicales

28/7/1993|397

Organizar la lucha contra el cierre del Güemes

La amenaza de cierre del Sanatorio Güe­mes ha destapado un gigantesco fraude finan­ciero y vaciamiento patronal. Se evacuaron centenares de pacientes, se suspendió el pago de haberes y aguinaldos y se retiraron valiosos equipos de quirófanos y computado­ras (Crónica, 16/7). El personal denunció que en los 30 días previos se produjeron 300 despidos sin las indemnizaciones correspon­dientes (Ámbito Financiero, 16/7).


La dirección del sanatorio reconoce un que­branto de 60 millones, 12 de los cuales corres­ponden a aportes previsionales evadidos y el resto a créditos y préstamos (la mayor parte del Banco Nación) y deudas con proveedores. También "Ámbito Financiero” (16/7) reveló que el PAMI había adelantado el pago de 3 años de prestaciones a razón de 1.200.000 pesos por mes.


El manejo fraudulento era archiconocido. Hace un año se hizo pública la evasión previsional sistemática. El personal acaba de ratifi­car la conocida denuncia del negociado multi­millonario realizado con el reciclaje de material descartable importado, varias veces facturado como nuevo (Crónica, 16/7).


Una misma “maffia de blanco", de los principales accionistas (Barón, Bamballi, Kaplan, Lager), ha explotado por décadas los recursos de las obras sociales y del Estado y ha exprimido el trabajo de empleados y técnicos. Permanentes cambios de directores, transferencia de acciones y creación de firmas subsidiarias (CIM) fue­ron los manejos contables y financieros para evadir aportes e impuestos, bicicletear pagos, etc. incluidas la falsificación de cheques y documentos públicos, como boletas del ANSES (Página 12, 22/7).


Ahora, distintos sectores del directorio han montado una ‘‘mise en scene” de mutuas acusaciones de fraude y amenazas de quere­llas. Todo el objetivo consiste en transferir el quebranto al bolsillo de los trabajadores y al erario público. Se deben haberes y aguinal­dos y la dirección anunció 400 próximos despidos. Al Estado le han solicitado la refi­nanciación de las deudas y un préstamo “blando" de 10 millones de dólares (Crónica, 22/7).


Complicidad del Estado


Por la décima parte de este desfalco los responsables deberían ir a la sombra varios años. Todo se conocía al dedillo y el poder público nunca intervino. Ahora, tampoco. Julio Calcagno, secretario de Salud, se apresuró a declarar que “se trata de un conflicto de una entidad privada, en donde el Estado no interviene” (Crónica, 17/7). Un criterio bien diferente al que se aplica a los colectiveros, por ejemplo, cuando hacen paro, por ser “ser­vicio de interés público".


¿El mayor sanatorio de Sudamérica y fuen­te de trabajo de 2.000 familias, no lo sería? Las medidas elementales, por supuesto, son incautar el sanatorio, cuentas bancarias y otros bienes de la misma maffia (tienen otros sanatorios); garantizar el pago de tos haberes y el funcionamiento pleno del centro de salud.


Un mal debut de ATSA Buenos Aires


Estas medidas básicas en salvaguarda de la fuente de trabajo y la salud pública no van a surgir del régimen menemista que actúa como gestor de las grandes patronales. Re­quiere una movilización popular que parta de una campaña pública del propio gremio de la sanidad y las asociaciones profesionales de médicos y técnicos. Se trata de convertir la lucha contra la amenaza de cierre del Güe­mes en una causa popular.


En lugar de ello, la flamante dirección westocampista de ATSA Buenos Aires ha corrido a aplacar los ánimos encrespados de los trabajadores y dar margen a la empresa para buscar soluciones, que implican, inevitable­mente, préstamos estatales, achicamiento y nuevos despidos. “En ningún momento los trabajadores realizaron medidas de fuerza en reclamo del medio aguinaldo, ya que éramos conscientes de las dificultades fi­nancieras del sanatorio y no queríamos convertirnos en los responsables del con­flicto”... “(para conservar la fuente de em­pleo) realizaremos gestiones a nivel ministerial” (lngenieri, secretario gremial de ATSA, Crónica 19/7). Con el argumento per­verso de no “hacer el juego” a la patronal, salen a salvarla. Las gestiones ministeriales sólo pueden consistir en apoyar los pedidos patronales de refinanciación. Esta ausencia total de política ante el conflicto lleva a ATSA al fracaso.


Organizar la lucha contra el cierre del Güemes


El sindicato predica la pasividad. Promovió una guardia simbólica de permanencia, una medida distraccionista que va al desgaste. Las gestiones ministeriales no han dado soluciones y trascendió que Economía no autorizaría préstamos. La patronal amenaza con más despidos y el eventual cierre. De seguir así el conflicto va a la impasse y al desangre.


El planteo del PO, difundido mediante una declaración en sanatorios y hospitales, es “que el Estado debe garantizar el funciona­miento, el pago de los sueldos y la atención de los enfermos. Lo que plantea la expropiación del sanatorio, la incautación de los bienes y cuentas de directores y accionis­tas y la investigación del destino de los cuantiosos beneficios”. La investigación debe estar a cargo de trabajadores y usuarios, la incautación bajo control del personal. ATSA debe lanzar una campaña pública con ese programa convocando a todas las organiza­ciones populares y políticas a la solidaridad. El congreso de delegados de ATSA convocado para el 30 de julio debe resolver medidas de movilización del gremio.