Artículo 1º: Se expropian los inmuebles, maquinarias, herramientas, insumos, marcas y demás activos pertenecientes o afectados a la fábrica Savio S.A., ubicada en la calle Charlone 43/61, de esta Ciudad.

Artículo 2º: El Poder Ejecutivo procederá a efectivizar la expropiación en un plazo máximo de 30 días de sancionada la presente ley.

Artículo 3°: Los bienes expropiados indicados en el artículo 1º serán donados a la Cooperativa de Trabajo "La Nueva Esperanza", que nuclea a los trabajadores de la fábrica y que pasará a hacerse cargo del funcionamiento de la empresa bajo las condiciones indicadas en la presente ley.

Artículo 4º: La Cooperativa contará con la asistencia técnica del Gobierno de la Ciudad para reorganizar la producción de alimentos para abastecer al mercado local, incluyendo las distintas reparticiones y organismos públicos que dependen del Estado de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad arbitrará los medios para convertir a la fábrica bajo gestión obrera en proveedor privilegiado de la Ciudad. A los fines señalados, se elaborará un plan en un plazo máximo de 30 días. Dicho plan debe apuntar a aumentar la producción hasta aprovechar la totalidad de la capacidad instalada.

Artículo 5º: La expropiación de la planta no implica solidaridad, por parte del Estado, respecto de las deudas contraídas por la firma. Las mismas deberán ser respondidas con los bienes y patrimonios de los accionistas.

Artículo 6°: El Estado de la Ciudad otorgara un subsidio extraordinario de 50.000 pesos (pesos cincuenta mil), coincidente con la entrada en funciones de la nueva gestión obrera, a los fines de dotarla del capital de trabajo necesario para dar el arranque inicial al proceso de producción.

Artículo 7º: Se crea un Consejo de 5 (cinco) miembros, electo en asamblea por los trabajadores de la planta, que tendrá como función controlar y fiscalizar el cumplimiento e implementación de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 8º: Comuníquese, etc.

Fundamentos

Señor Presidente:

Introducción

A la par del presente proyecto de expropiación de Grisines Savio S.A. están ya en tratamiento parlamentario, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, otros tres proyectos correspondientes a las fábricas Chilavert, Ghelco y Brukman. En la provincia de Buenos Aires, el proceso está aún más avanzado, ya que data de junio del 2000, momento en que se aprobó la expropiación de la fábrica metalúrgica Gip Metal de la localidad de Avellaneda. Existen, en la actualidad, 14 empresas con proyectos de expropiación aprobados, ya sea en el ámbito de la Legislatura bonaerense o de Concejos Deliberantes del conurbano (entre ellas, la Baskonia, Panificación Cinco, Rioplatense, San Jorge). En varias de ellas, los trabajadores ya han reabierto la planta y han comenzado a producir.

Estos antecedentes nos dan una medida de la dimensión del problema social que está en juego y de la viabilidad del presente proyecto de ley.

 

Antecedentes

Hace dos meses que los trabajadores de la fábrica Savio S.A. (Grissinópoli) vienen ocupando la planta, ubicada en la calle Charlone 55, de esta Ciudad.

La decisión de ocupar fue una respuesta de los trabajadores a la crisis terminal que estaba viviendo esta fábrica de la alimentación, dedicada a la fabricación de grisines, rebozador y bizcochos. Los dueños de la misma, que abarcan 15 socios, habían hecho abandono del establecimiento.

Esta situación es la culminación de un largo proceso en que los trabajadores del establecimiento han sido víctimas de la voracidad patronal.

La empresa Grissinópoli hace 4 años que no abonaba la quincena completa. Los trabajadores no cobraban el premio al presentismo, que ascendía a 30 pesos por quincena. La patronal los obligaba a firmar los recibos pero no abonaba dicha suma, que correspondía legalmente a los trabajadores. Este recorte se hacía sobre salarios extremadamente exiguos, ya que el jornal del personal era de 1,60 peso la hora. Ni hablar de las deudas previsionales o por Obra Social. Se estima que la deuda jubilatoria ascendía al momento de la ocupación de la fábrica a más de 300.000 pesos. Se recibieron cartas-documento de la Obra Social, del Sindicato de la Alimentación y de la ART por falta de pago. Los descuentos a los trabajadores que marca la ley fueron realizados, pero no depositados.

En la última etapa, la situación se deterioró aún más. Los trabajadores empezaron a recibir apenas 20 patacones por semana, que ni siquiera les alcanzaban para viajar. Luego, los trabajadores pasaron directamente a no cobrar un solo peso, situación que se prolongó durante 9 meses. El presidente del directorio propuso trabajar 6 horas diarias sin derecho a refrigerio y sin goce de sueldo, otorgándole a cada trabajador 4 cajas de grisines para vender para pagar el boleto de colectivo... a cuenta de la deuda salarial. El siguiente paso fue lanzar un "proyecto" que consistía en trabajar 6 horas diarias sin goce de sueldo y rotar al personal, suspendiendo 5 personas por semana, seleccionadas por el capataz. Los trabajadores que no estuvieran de acuerdo con la propuesta deberían retirarse de la empresa y ¡recibirían un vale a cuenta de 10 pesos! Esta "propuesta" fue la gota que rebalsó el vaso y precipitó la decisión del personal de ocupar el establecimiento.

Esta política negrera corrió en forma paralela al progresivo vaciamiento de la empresa, que se constata especialmente a partir de 1998. Aparecen en los registros de la sociedad –según lo manifiestan trabajadores de la planta– pagos por servicios que jamás se realizaron, sobreprecios en ciertos insumos y el abultamiento de los costos de construcción de algunas obras realizadas en el predio de la fábrica, ello sin contar el desvío que se habría hecho con parte de la harina comprada por la empresa que se habría dirigido a los depósitos de las panaderías que directivos de la sociedad poseían al margen y paralelamente a Grissinópoli.

El hecho de que la firma se encuentre bajo concurso preventivo en la Justicia no ha sido un obstáculo para que continuaran estas prácticas y actos de vaciamiento. Aprovechando las modificaciones introducidas por la nueva Ley de Quiebras, que autoriza que "acreedores" o "terceros" se adueñen de la empresa (cramdown), apareció un grupo de abogados, identificados bajo la razón social "Bourne Financial Corporation", dispuestos a absorber la planta. Este grupo se hizo cargo de la administración provisoria de la empresa (desde fines de diciembre al 28 de enero), pero esto no redundó en ningún beneficio para su actividad: la planta continuó parada, no se pagaron los sueldos atrasados, y ni siquiera se normalizó el pago de las nuevas quincenas.

Existen razones fundadas para sostener que estamos en presencia de una maniobra especulativa dirigida a armar una gran negocio inmobiliario. Esta maniobra contaría con el guiño de alguno de los accionistas. El interés de los gerenciadores residiría en comprar la fábrica a precios irrisorios, para quedarse con el inmueble y luego venderlo, previo desmantelamiento de la planta. Como la ley obligaría a la continuidad de la empresa luego del cramdown, ha trascendido que esta corporación internacional mantendría un parte ínfima del personal, para ofrecer una simulación de continuidad.

Por lo pronto, un grupo de los actuales socios, que se consideran afectados por tales manejos, ha interpuesto una querella penal por defraudación y estafa. De todos modos, en caso de prosperar la entrega de la fábrica a este grupo gerenciador estaríamos ante las puertas de un cierre definitivo.

 

El costo empresario

Este conflicto es altamente emblemático pues revela que el principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, hasta el punto tal que la mano de obra pasó a ser gratuita mientras la superexplotación fue llevada, como contrapartida, a su máximo nivel. Esta política de flexibilidad laboral llevada hasta su últimas consecuencias, no sirvió, sin embargo, para que la empresa saliera a flote. Mientras los obreros veían reducir sus condiciones de vida a niveles inauditos, los patrones vaciaban la empresa y desviaban los recursos que ésta generaba a sus propios negocios personales, que tenían por fuera de la empresa.

Grissinópoli es "viable". Una medida de ello lo dan los recursos que generó durante años, que permitieron que ni más ni menos que 15 socios vivieran de ella. Lo que la hace inviable es la voracidad y el parasitismo patronal. La mejor demostración de que esto es así la dan los propios trabajadores. Como vienen ocurriendo en muchas fábricas vaciadas, los obreros de Grissinópoli están en plenos preparativos para reabrir la fábrica. Los capitalistas cierran las fábricas, los trabajadores las ponen nuevamente a producir.

El caso Grissinópoli es sumamente revelador de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Un parque de maquinarias, instalaciones y establecimiento adecuados con capacidad para emplear a más de 60 personas, corre el riesgo de desaparecer, mientras existen demandas alimentarias desesperantes sin satisfacer.

 

Proyecto de ley

La propuesta de expropiación de los bienes de la empresa Grissinópoli y su entrega a los trabajadores, parte de estas constataciones, y se inspira en un principio general de reorganización de la sociedad, sobre nuevas bases sociales, encabezada por los trabajadores. Este principio aplicado a dicho establecimiento permitirá reconvertir la producción y orientarla a la satisfacción de necesidades sociales, tales como el suministro de alimentos para los hospitales, escuelas, instituciones públicas y población más carenciada. Ni qué hablar que esto redundará inclusive en un mejor servicio, aumentando la calidad y abaratando el producto.

El "ahorro" no será a expensas del salario sino del fin del derroche y la ineficiencia empresarias. El solo aumento de la escala de producción y la supresión de la enorme capacidad ociosa que hoy arrastra la empresa, permitirá reducir sensiblemente los costos de producción. En sintonía con ello, el proyecto contempla la elaboración de un plan que apunta a la utilización a pleno de la capacidad de producción instalada, previendo la apertura de nuevos turnos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

De ningún modo esta expropiación puede concebirse como un blanqueo, o un jubileo y menos aun un premio para la patronal vaciadora. Ni la sociedad ni los trabajadores tienen por qué cargar con la ineptitud empresaria y sus maniobras dolosas. La crisis tienen que pagarla sus responsables, los que la provocaron. Por eso, la ley plantea en uno de sus artículos que los dueños deben responder con sus bienes y patrimonio por las deudas contraídas. En lugar de pagarse una indemnización al capital en quiebra, como normalmente ocurre, ese dinero debe ser dirigido a apuntalar el emprendimiento obrero, bajo la forma de un subsidio extraordinario no reintegrable a favor de los trabajadores.

Por último, pero tanto o más importante, el proyecto plantea el control de los trabajadores de este proceso, que como lo indica tanto la experiencia de las fábricas ocupadas como la experiencia que viene siendo recorrida en las asambleas populares, en los cacerolazos, cortes de ruta y piquetazos, son los verdaderamente interesados en defender el patrimonio y los reclamos y aspiraciones populares. Son ellos y sus organizaciones los que pueden sacar al país de la catástrofe capitalista.