Pocos meses atrás, la Asamblea General de Naciones Unidas se consagró a la cuestión del “narcotráfico”. Esta­ban presentes Mr. Clinton, Mr. Menem y otros congéneres del planeta. La reunión fue presidida por Zedillo, titular del gobierno de México, que venía de reclamar por la libertad de los inás renombrados banqueros de su país, detenidos en una festichola en Las Vegas, organizada por les servicios financie­ros del... narcotráfico. En realidad, los financistas mexicanos cayeron en una trampa tendida por la DEA norteamericana, preocupada porque los bancos estadounidenses concentren el negocio del lavado del dinero proveniente de la droga; uno de los más rentables a nivel planetario.

En la propia reunión de la ONU, el balance de lo actuado en los últimos años, luego de innumerables reuniones de características similares fue contundente: la producción de drogas “ilegales” no deja de aumentar. En Colombia, sólo para tomar un caso modelo, se sembraron 40 mil hectáreas de coca en 1996 y 70.000 en 1998. El consumo de drogas sintéti­cas, de más fácil fabricación e imposible control, aumentó un 35% en los dos últimos años (1). El negocio florece. Los lucros derivados de esta empresa alcanzan a los 9.000 millones de dólares sólo en Nueva York (2), “donde se concretó la reunión de los ‘líderes mundiales’.

Millones, millones, millones...

En lo que a narcotráfico se refiere, la denominada ‘ilega­lidad’ es la forma específica por la cual el capital financiero internacional mueve más de 500.000 millones de dólares anuales, equivalente al de las ramas más poderosas de la economía internacional. La ‘ilegalidad’ permite los precios elevados, evita cualquier control en la fase productiva, simula Una persecución cuyo propósito es mejorar la lucratividad del crimen: “cuando se obtiene un ‘éxito’ en reducir la oferta, los precios suben, se atrae al mercado a nuevos productores y distribuidores, que vuelven a hacer subir la oferta: ahora hay más droga, más barata y más fácil de conseguir” (3).

La ‘legalidad’ del blanqueo de fondos está protegida por el “secreto bancario” además de los “paraísos fiscales (...) donde se albergan 5.8 billones de dólares” (4)

La novedad reciente de la liberalización de los movimien­tos de capitales permite que “en el mundo de las transfe­rencias electrónicas, todos los países del globo son un paraíso fiscal” (5).

Represión, represión, represión...

Esto explica por qué la reunión de los ‘bandidos’, con la excusa de combatir el negocio con el cual financian sus campañas, resolvió que ahora, derrotado el combate contra la ‘oferta’ es necesario concentrarse en reprimir la ‘demanda’. Es decir a las víctimas y no a los victimarios. Lo que se plantea, en consecuencia, es el perfeccionamiento de la ma­quinaria represiva.

El liderazgo en la materia le corresponde a los yanquis, que desde la época de Nixon, en la década del 70, lanzaron la “guerra contra la droga”, que si no ha reducido el consumo, sí ha convertido a EE.UU. en una suerte de campo de concentración de la juventud, los negros y los pobres.

En 1970 había 200.000 personas encarceladas en las prisio­nes norteamericanas; la cifra se multiplicó por ocho. Pero a los 1.600.000 presos actuales hay que agregar 2.300.000 personas en libertad condicional. Las causas “por drogas” son la principal causa de este crecimiento de la población carcelaria.

Están en prisión 3,1 hombres negros por cada 100 habitantes negros de los EE.UU. Es una proporción que cuadruplica los índices similares en la época del “apartheid” en Sudáfrica.

La DEA, agencia yanqui de lucha contra la droga, impide recetar narcóticos en casos necesarios. Por este motivo, infor­mes recientes muestran que dos tercios de los enfermos terminales de cáncer no reciben medicación adecuada para el dolor y las cifras son más altas en los enfermos no terminales.

El autor de este balance de la política ‘antidroga’ es Milton Friedman (6), premio Nobel de Economía, hombre de la derecha ‘neoliberal’ y partidario de la legalización del narcotráfico, lo mismo que George Soros.

Friedman, Soros y otras 500 personalidades del mundo entero dirigieron una carta a la Asamblea General de las Naciones Unidas denunciando que “la guerra contra la droga causa más daño que el abuso de drogas”; lo que ciertamente no es poco. Naturalmente, está ausente el plan­teo elemental, simple y sencillo que acabaría en dos patadas con el narcotráfico: abolición del secreto bancario, investiga­ción irrestricta de cuentas y depósitos de las grandes entida­des financieras, cárcel inmediata a traficantes y ‘lavadores’. Para los liberales del gran capital la ‘libertad’ de la circula­ción de estupefacientes sería un contrapeso a la tendencia a la criminalización del régimen capitalista. Pero la legaliza­ción sólo provocaría una violenta ex propiación de campesinos cocaleros, para abaratar costos, y una cultura (consumo) de la brutalización y de la muerte espiritual y física.

Perfidia, perfidia, perfidia...

La ‘ilegalidad’ de la droga en los Estados Unidos, está incluso cuidadosamente elaborada para promover ciertos consumos en detrimento de otros y para darle un carácter clasista a la represión. Es lo que sucede, por ejemplo, con el ‘crack’, un derivado de la cocaína, fácil de elaborar y multi­plicar la droga original. En consecuencia, “la posesión de cinco gramos de crack puede acarrear al menos cinco años de cárcel... se necesitan cien veces de peso en polvo de cocaína para aplicar la misma condena... 85% de los convictos en posesión de crack son negros... las severísimas penas por la posesión de ínfimas cantida­des de esta droga son la causa principal de más de una tercera parte de los hombres de color entre los veinte y los treinta años de edad se encuentren en prisión o en libertad condicional (!!!)” (7).

La represión a la ‘demanda’ aprobada por la Asamblea General de la ONU es la pantalla de esta guerra, no contra la droga, sino contra los explotados. Las víctimas de la droga son tratadas como delincuentes, en tanto que los delincuentes de la droga gozan del amparo o la impunidad que les brinda el poder y sus “servicios de seguridad”.

La “penalización de la demanda” está al servicio de todo el dispositivo con el cual se benefician los barones de la droga y sus cómplices. Para las víctimas, para quienes la droga es parte de un mecanismo de degradación sin límites, de la total falta de perspectiva que impone la explotación capitalista, la cuestión no pasa, naturalmen­te, por la ‘libertad’ para drogarse sino por la organización para acabar con este sistema de opresión social y crear, entonces, las condiciones reales para la cons­trucción de una sociedad humana, de libertad.