Este comienzo de año ha servido, entre otras cosas, para desenmascarar a los intereses que están detrás del objetivo de la reelección de Menem. En violento contraste con la actitud que mostraban hace menos de un año, cuando se oponían a cualquier tipo de reforma constitucional, alegando para eso la necesidad de defender la “seguridad jurídica”, los principales saqueadores del país dicen ahora que para preservar precisamente esa “seguridad” es necesaria la reelección presidencial. En el ranking de los impostores se destaca, naturalmente, el ex presidente de la Asociación de Bancos extranjeros y apoderado de la Aerolíneas privatizada, Emilio Cárdenas. Mientras que, según las encuestas, el tema de la reelección sólo ocupa el 1% de las preocupaciones de los entrevistados, esa cuestión ha pasado a ser la preocupación absorbente de una clique de grupos “privatizadores”, que no podría sobrevivir sin el mantenimiento en el poder de la camarilla menemista.

Es necesario recordar al lector que el Partido Obrero (ver nota) advirtió acerca de la inevitabilidad de este giro por parte de los “privatizadores”, cuando la totalidad del “esta-blishment” político argentino, incluida la izquierda, aseguraba que la reelección iba en contra de los intereses del “establishment” económico.

“Ámbito Financiero” no ha podido menos que constatar (3/3) “que los empresarios que apoyan la reelección son quienes representan a grupos económicos ligados a las privatizaciones, que sólo buscan asegurar la continuidad del modelo para que no se revisen algunos puntos conflictivos de esas pri-vatizaciones. El caso más evidente sería el de Benito Roggio y Astra, estos últimos muy complicados por los abusos en las facturas de luz que emite Edenor” —concluye Ramos sangrando por su herida de evasor eléctrico. Pero además de los mencionados están Bunge y Born, el grupo Soldati, Bridas, Pérez Companc, el “protegido” Macri, y, pendiente del arreglo de un litigio importante, Techint.

¿Por qué?

En un artículo de su puño y letra en el diario La Prensa, el “conocido” Jorge Born dice que su posición reeleccionista impediría a un futuro Arturo Illia anular las “privatizaciones” como lo hiciera el fallecido presidente con los contratos de petróleo en 1963. Jorge Born omite decir, sin embargo, que esos contratos representaban una carga imposible para el Estado nacional, obligado a comprar a precios altos el combustible de los contratistas, al extremo que nunca más, bajo las dictaduras militares subsiguientes, se volvió al régimen establecido por el gobierno de Frondizi, en 1959-60.

Pero el temor de que la UCR vaya a anular las privatizaciones es completamente infundado, apenas un señuelo para distraer. La política de “privatizaciones” fue impulsada primero que nadie por Alfonsín, el cual acaba de declarar que su planteo no va más alla de un “control de legitimidad” de esas “privatizaciones” (Ambito Financiero, 9/3). Esto quiere decir simplemente verificar que se hubieran realizado de acuerdo a las disposiciones votadas en el Congreso, lo que naturalmente deja de lado a los innumerables fraudes que se han cometido, por ejemplo al reconocer un valor par a  la deuda externa argentina desvalorizada; o al proveer información confidencial a algunos grupos; o al aceptar que los bancos promovieran una especulación concertada para valorizar las acciones de Telefónica y Telecom; o al conceder una tarifa monopólica abusiva en los teléfonos, gas, electricidad —incluso indexadas a la cotización del dólar; o al permitir comprar bocones desvalorizados para luego aceptarlos al 100% en la compra de activos públicos. Enrique Olivera, representante de De la Rúa, acaba de reclamar un “replanteo” de la “privatización” de Aerolíneas, algo que ocurrirá inevitablemente, no su anulación (Página 12, 7/3).

El peligro no está representado por el radicalismo, que ha permitido la votación de todas las leyes fundamentales del “plan de convertibilidad”. El problema para los “privatizadores” es que no tienen ninguna posibilidad de mantener sus negocios privatizados sin el auxilio del Estado, y esto en mayor medida aún para el caso de que el gobierno sea sacudido por una devaluación del peso.

Veamos algunos ejemplos. Para “reunir fondos líquidos para entrar en las licitaciones, dice la revista Panorama (febrero ‘93), la Compañía General de Combustibles (grupo Soldati) se endeudó al 76% de su patrimonio”, gran parte en dólares; “la distribuidora Rades (del mismo grupo) obtuvo préstamos a corto plazo por 11 millones de dólares siendo su patrimonio inferior al medio millón”. Pero, además, “la compañía Suizo-Argentina (también Soldati) se endeudó en 78% del patrimonio”; “las constructoras Gesiemens y Comercial del Plata consiguieron préstamos por 171% y 142% de sus respectivos patrimonios; y por último Droguería Suizo-Argentina debe un 150% del suyo”. Panorama dice que “por este motivo, la carga de intereses durante 1992 es 40% mayor que la del año anterior y más del triple que durante el terrible año financiero de 1990”. Es natural entonces que la revista termine su artículo con esta candorosa conclusión: “Así, la condición clave para perfeccionar el negocio es que nada esencial vaya a cambiar dentro del marco político que hoy sustenta el gobierno”, como si hubiera que saltarse las elecciones de 1995. Una devaluación del peso, o una recesión, por ejemplo anularía las “ganancias importantes” que Soldati espera de la “compra” de las empresas del Estado, y lo llevaría a la quiebra.

No es diferente la situación de Pérez Companc, cuyo endeudamiento del 82% “es probable que aumente en lo inmediato” (El Economista, 5/2). Para intervenir en las recientes “pri-vatizaciones” ha debido vender “derechos y filiales” y “ampliar a 500 millones de dólares la circulación de Obligaciones Negociables”. La “inserción industrial” de este grupo clerical se redujo en “un 35% con la venta de Cemento San Martín y Aguila Saint”. El Banco Río se ha endeudado por la mitad del total de 2.000 millones de dólares contraído por el conjunto de la banca nacional. Necesitado de fondos ha debido reducir del 40 al 22% su participación en la “privatización” eléctrica.

Los grupos “privatizadores” han entrado al negocio sin capital propio; se han valido de sus conexiones con la clique menemista para acaparar todos los negocios a cambio de una deuda relativamente impagable. Ahora nos enteramos que las “empresas piden prórroga para pagar la privatización del gas” (Ambito, 4/3). La razón de ello es que el Estado no les ha dado aún el Bocón por pérdidas impositivas, que les permitiría comprar empresas del Estado con bonos del Estado, que se les debería entregar en compensación por pérdidas de ejercicios pasados, integralmente fraudulentas. En el caso conocido de Techint, esto le impediría adjudicarse la distribución eléctrica de La Plata (Edelap), agravado por el hecho de que la DGI ya encontró que 30 millones de pesos, de los 150 declarados como pérdidas por su filial Siderca, son fraudulentos (El Economista, 5/3). El derecho de estos Bocones es “legitimo”, en el lenguaje de Alfonsín, pero es un saqueo alevoso al patrimonio público para el juicio de cualquier ciudadano.

El endeudamiento desproporcionado de los “grupos económicos” va paralelo al del propio Estado, que ya acumula una deuda interna de 30.000 millones de dólares (La Nación, 28/2). Esto equivale a casi cuatro veces el volumen de depósitos a la vista y una vez y media el conjunto de los depósitos bancarios. De modo que las reservas del Banco Central no garantizan ninguna “convertibilidad”. El gobierno sustenta esta deuda interna con la plata de las “privatizaciones”, y los “privatizadores” sacan la mayor parte de esa plata aumentando la deuda externa. Esta cadena de deudas tiene agarrados a los “privatizadores” con la camarilla menemista.

¿Y ahora?

La adhesión de la clique “privatizadora” a la reelección depende de que el gobierno siga garantizando su precaria situación, sin reparar para ello en formalidades jurídicas. Si esto dejara de ocurrir, no vacilará en pasarse al campo de los que reclamarán la renuncia de Menem. La posición de los acreedores de estos “privatizadores”, es decir las Bolsas de Nueva York, Londres, París y Tokio, es naturalmente diferente: para ellos la única garantía es un acuerdo radical-peronista.

Esto lo saben tanto Menem como Alfonsín. Alfonsín acaba de declarar a Crónica (7/3), por ejemplo, que “no le (tiene) miedo a la reelección” si se pasara a un sistema “semi-presidencialista”. Lo mismo le repitió a Ambito (9/3): “Si cambia el sistema no hay problema” (con la reelección).

Menem se ha pronunciado en contra, pero con ello entró al terreno de la UCR: el problema no sería la reelección sino el cambio de régimen político. El Departamento de Estado norteamericano apoya el punto de vista de Alfonsín, pues es el inspirador de las propuestas semi-presidencialistas en todos los países latinoamericanos. Esta polémica ya está delatando la tendencia a un acuerdo, y por cierto que será usada hasta setiembre para polarizar las elecciones entre el PJ y la UCR.

Ante esa discusión constitucional lo primero que debemos hacer es caracterizar su naturaleza y a sus inspiradores. Es el punto de partida para impulsar una política, sobre la que volveremos en los próximos números de Prensa Obrera.