El negociado que se ha montado en torno a la pri­vatización de Yacyretá su­pera a todos los conocidos, inclusive al de IBM con el Banco Nación y la DGI. Menem es el responsable directo de todo lo ocurrido con Yaciretá desde 1989, pues colocó al frente de la represa a sus hombres de ‘confianza’. Para ‘ope­rar’ la ‘privatización’ ya votada por el Senado dejó a Carlos Bastos al frente de la Secretaría de Energía, sin importarle que hubiera pertenecido al grupo de Ca­vallo y que tiene a familia­res super interesados en la ‘privatización’. Menem pretende convertir ahora un ‘monumento al nego­ciado’, lo que calificó en su momento como ‘monu­mento a la corrupción’; porque programada en me­nos de 2.000 millones ter­minó costando más de millones.

El negociado es simple: Menem y Bastos preten­den "obtener por esa pri­vatización entre 1.500 y 1.800 millones de dóla­res en tanto el futuro concesionario recaduaría no menos de 18.000 millones durante los 30 años de la duración de su contrato” (La Nación, 11/9). Otra perla es “exi­mir del pago de impues­tos al grupo privado que comercialice la electri­cidad” (Clarín, 26/8). “Además, al Estado ar­gentino le quedaría como contrapartida un enorme pasivo confor­mado por los 2.100 mi­llones de dólares adeu­dados al BID, al Eximbank y a otras entidades de crédito europeas y del Japón. A esa cifra deberían todavía aña­dirse otros 5.550 millo­nes de dólares aporta­dos por el Tesoro Nacio­nal como contrapartida de los desembolsos de los organismos interna­cionales” (La Nación, ídem).

Como se ve, el ‘monu­mento a la corrupción’ tiene los nombres y apelli­dos, de que los ‘organis­mos internacionales’ que financiaron la obra, fi­jaron las condiciones de compra y de precios de los monopolios internaciona­les, y se embolsaron un enorme bocado con los inte­reses.

El negociado suscitó la oposición de un sector muy variado de diputados que va desde el PJ, la UCR, los liberales de Romero Feris, Solanas y el Frepaso. Inclu­so La Prensa, de la mene­mista Amalita Fortabat, lo calificó de “mal negocio”.

La razón de esta oposi­ción es que la privatización impediría bajar el precio de la tarifa eléctrica, que sería provocada por el incremen­to de la oferta, debido a que se autorizaría la exporta­ción de energía a Brasil. “Una vez terminada, Ya­cyretá -que es hidro­eléctrica- podrá apor­tar el equivalente al 40% de toda la energía dispo­nible ahora. Pero si su producción se exporta, la Argentina perderá la chance de abaratar la ta­rifa en no menos del 15%” (Clarín, 26/8).

Por eso, el diario Clarín del 7 de agosto le dio a Pino Solanas toda una página para que se explayara con­tra la ‘privatización’. “¿Cómo harán para ba­jar el costo argentino y ser más competitivos si la tarifa quedará en ma­nos de los monopolios extranjeros?”, y si “el ob­jetivo es venderle al Bra­sil, que en el mercado regional es quien más paga”. Idéntico punto de vista desarrolla Amalita Fortabat en un editorial en La Prensa (30/8), dónde cuestiona las “cláusulas de problemático valor para la Argentina en cuanto a las tarifas futu­ras de la energía produ­cida”.

Este arco opositor no se opone a la privatización sino al establecimiento de un precio alto a la energía que perjudicaría a la indus­tria usuaria del servicio. La suspensión de la ‘privati­zación’ por parte de Me­nem, apunta precisamente a negociar el aumento de la tarifa. La Auditoria Gene­ral de la Nación, que está en manos del radical Enrique Paixao, “recomienda concesionar el gerencia- miento pero que no se venda por anticipado la energía que produce Ya­cyretá” (Ambito, 10/9). El senador radical Mario Lo­sada, dejó abiertas más puertas todavía: “intente­mos alternativas más útiles para nuestros in­tereses”, escribió en Cla­rín (24/7), sin oponerse ex­plícitamente a la venta de la futura producción de Ya­ciretá.