Los diarios que circulan en la capital de Jujuy (Pregón, Tribuno) son desembozadamente oficialistas y antipiqueteros. Aun estos medios, entre líneas, reconocen que la represión a los manifestantes en la jornada del 20 de setiembre, para "que se vayan todos", fue una decisión política elaborada previamente. "Cuando la última parte de la columna de manifestantes se retiraba" de lo que fue una "manifestación pacífica", dice el Pregón (21/9), se produjo una embestida policial a mansalva, que se prolongó en una persecución en las manzanas de la terminal y más tarde en una cacería en los barrios.

El juez Almaraz, que ordenó las detenciones de los manifestantes, abrió causa judicial a varios de ellos, entre otras "razones", por "asociación ilícita para cometer delitos", una causa no excarcelable. Ese mismo juez declaró en la edición de Pregón de ese mismo día, que era hora de terminar con las respuestas tardías y las lamentaciones posteriores frente al "descontrol" provocado por los cortes de ruta y las movilizaciones. La campaña ya instalada señalando el clientelismo en el manejo de los planes y denunciando a los piqueteros como "vagos" fue deliberadamente subida de tono, en tanto que los destrozos de algunos comercios fueron atribuidos sin empacho a "activistas" mientras se lanzaba un virtual toque de queda en la capital. Ese mismo día a la tarde, frente a la movilización anunciada por un conjunto de organizaciones reclamando la libertad de los detenidos, el jefe de policía, como en tiempo de dictadura, prohibió toda manifestación en el casco céntrico.

Veinticuatro horas después, la Ucr emitía un pronunciamiento justificando el accionar policial y denunciando al gobierno por falta de autoridad. Hace un mes, un piquetazo de casi treinta cortes progresivos en toda la provincia había obligado al gobierno a prometer un conjunto de reivindicaciones (2.800 planes para jóvenes y personas solas, subsidios para la construcción de viviendas, entre otras).

Jujuy es una provincia en quiebra con municipios en cesación de pagos, hospitales que han dejado de funcionar y una masa de desocupados e indigentes que supera largamente la mitad de la población.

Al momento de cerrar esta nota hay 107 compañeros detenidos y 20 con captura recomendada. Los que habían desaparecido han retornado a sus hogares pero es significativo que ni el gobierno ni la justicia quisieron dar en momento alguno una lista completa de los presos.

El 3 de octubre las organizaciones convocantes de la Asamblea Nacional exigirán la libertad de los presos de Jujuy, la libertad de Raúl Castells, el desprocesamiento de los luchadores; una jornada de lucha que la Asamblea ofreció inútilmente coordinar a la Cta y Ccc. De todos modos, ese día, cuando una delegación de parlamentarios, dirigentes sindicales y políticios se haga presente en San Salvador, está prevista una movilización.