El pacto de seguridad entre el gobierno de la Nación y el de la Provincia ha establecido un virtual toque de queda en la provincia de Buenos Aires. El bloqueo de los puentes es sólo la cara visible de un operativo que llega a las barriadas obreras y que ha establecido, sin medias palabras, la prohibición de salir luego de las 23 horas con la excusa de proteger a los vecinos de la "inseguridad".

Las patrullas de la Gendarmería recorren los barrios en forma ostentosa, piden documentos y hasta llegan a golpear a cualquier transeúnte, pero no detienen. Esta tarea la cumple la Bonaerense, que está saturando más que nunca las comisarías. Los comisarios dan vía libre a las golpizas a los detenidos (en particular, a los jóvenes). Así acaba de morir el pibe golpeado en Munro, o quizás Maxi en San Martín. Los datos según los cuales la Bonaerense decreta la muerte o el castigo de los pibes que denuncian los apremios existen desde hace tiempo: "En octubre de 2001, la Suprema Corte Bonaerense sacó una acordada donde denunciaba que 60 menores habían muerto en enfrentamientos con la Policía. Aseguraba que algunos de estos casos parecían fusilamientos y tuvieron como víctimas a chicos que, previamente, habían denunciado amenazas o torturas policiales" (Clarín, 12/7).

La represión ha invadido los barrios obreros y más selectivamente los barrios del movimiento piquetero: las zonas controladas por los punteros del PJ no tienen ni por asomo el acoso represivo que se hace ver y sentir en los barrios organizados por el movimiento de trabajadores desocupados en lucha.

El gobierno de Duhalde tuvo una colosal derrota política en su intento de quebrar a las organizaciones en lucha a través de la masacre de Puente Pueyrredón. El pueblo salió a la calle, desnudó la responsabilidad de la Bonaerense y acentuó la demolición política del régimen. Pero ha puesto en marcha, a renglón seguido, una política alternativa que vuelve a poner en la mira a los trabajadores y la juventud explotada.

 

Militarización

El intento de militarización lo encabeza la Gendarmería que, como señala La Nación, "ha sido la que mayor cantidad de hombres ha puesto al servicio del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos provinciales cuando fue requerida para participar en la prevención y represión en las protestas con riesgos de disturbios masivos durante los últimos años y meses" (8/8).

Esto revela la tendencia del régimen político a armar una salida de fuerza dirigida centralmente contra las organizaciones y los trabajadores en lucha. Se acaba de producir la primer condena efectiva contra una persona que participa de un corte de ruta (Mariana Schifrin, de Bariloche, condenada a tres meses de prisión en suspenso y prohibición de participar en reuniones que congreguen a más de diez personas durante dos años).

 

Los progresistas

Toda una franja del espacio "progresista" está actuando en complicidad con esta línea. León Arslanián no ha vacilado en proponer cambios en la legislación que permitan allanamientos sin orden judicial y restricciones a los medios de prensa ("es brutal la agresión informativa sobre estos hechos", Página/12, 4/9). Lanata reclama un mejor sueldo a los efectivos de la Bonaerense para evitar que se corrompan.

Roberto Durrieu, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, un defensor del derecho penal, tuvo que admitir que "el 90% de los miembros de la policía Bonaerense... está vinculado con acciones delictivas", y que la propia Justicia "está comprometida en muy malos caminos. No es independiente ni honesta" (La Nación, 8/8). En palabras confirman que la Bonaerense es un "Estado dentro del Estado", es decir la matriz de gobernadores, intendentes y jueces que constituye la fuente de la inseguridad y el delito.

 

El camino es El Jagüel, las villas de Santa Fe, Cipolletti

En El Jagüel, la asonada popular, al grito de "que se vayan todos los policías", destruyó la comisaría ("nunca estuvimos más inseguros que desde que se construyó") y sitió a la Bonaerense. En dos villas de Santa Fe "una auténtica pueblada" echó por la fuerza a los delincuentes de la zona y destrozó sus "aguantaderos": "la furia se desató por la supuesta acción policial ante el crimen de un joven" (Clarín, 23/8). En Cipolletti, frente a la acción de las mafias que actúan con la impunidad del poder político, la movilización de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, el Polo y el PO recuperó el barrio, echó a los delincuentes protegidos, instaló a trabajadores en las casas abandonadas y creó un sistema de alerta frente a las amenazas.

Para terminar con la inseguridad hay que terminar con su fuente, es decir con el régimen político que la encubre. Luchar por un nuevo Argentinazo y una Constituyente convocada por las organizaciones en lucha. Animados por esta estrategia, es absolutamente clave desenvolver una política de defensa de las barriadas obreras piqueteras: fuera la Gendarmería, las fuerzas de seguridad y los delincuentes amparados de los barrios, red de guardias votadas por los propios vecinos, sistema de alarma frente a todo intento represivo o de acción de las mafias, juicio y castigo por todas las víctimas del "gatillo fácil", derogación de todas las leyes represivas