Por vía de los propios funcionarios del área de Trabajo, el gobierno acaba de reconocer que las jornadas laborales abusivas son uno de los factores causales del desempleo. De acuerdo al último relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares, el 27% de los asalariados trabaja más de 49 horas por semana; un 16% registra menos de quince horas semanales, y otro 22% integra el lote de los desocupados absolutos.

La existencia de un tercio de trabajadores sobreempleados refleja la “flexibilidad laboral” impuesta durante la década menemista y la reforma laboral de De la Rúa. Además, bajo el gobierno de los devaluadores, el poder de compra del salario se ha reducido en un 50%.

Ahora, Duhalde lanza una propuesta “para beneficiar con la rebaja de un punto del aporte a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a las empresas que acepten en sus convenios colectivos la reducción de la jornada laboral, pasando de 48 a 40 horas” (El Cronista, 24/10). La medida se fundamentaría en el hecho de que “una disminución de horas trabajadas bajaría el índice de siniestralidad en las empresas”, admitiendo de este modo la carga letal contra la vida y la salud de los trabajadores que entrañan las actuales jornadas extendidas.

Pero las patronales no admiten una rebaja de las horas trabajadas. Funes de Rioja, el abogado “laboralista” de la UIA, señaló que “no se puede aceptar que la jornada laboral de 48 horas semanales genera siniestralidad” (ídem). De Rioja reclamó, en cambio, rebajas en las contribuciones patronales y “contratos laborales promocionales” para institucionalizar el trabajo en negro.

La polémica deja en claro que la jornada laboral prolongada es inseguridad e insalubridad para quienes la padecen, y desocupación para el resto de los trabajadores.

El ejemplo de Metrovías, que salió a luchar por la jornada de seis horas, debe servir, por ello, para una campaña en todo el movimiento obrero por la reducción de la jornada, comenzando por los gremios que soportan condiciones particulares o insalubres de trabajo.