La Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso en el término de dos semanas, y en el inicio del segundo gobierno de Cristina Kirchner, tiene peligrosos antecedentes. En 1974, se aprobó una reforma del código penal rechazada por la JP Un ex diputado del bloque de la JP que cuestionara las imprecisiones de la "asociación ilícita" que se introducía, hoy apoya esta legislación que criminaliza la protesta social. Otra de las diputadas que también objetara dicha reforma en 1974, hoy permanece callada. Alak, Aníbal Fernández y Randazzo son las caras visibles defensoras de la legislación represiva. Argentina no es Suiza en cuanto a la aplicación de leyes represivas. Tenemos nuestra historia (Ley de Residencia, Plan Conintes, Ley Anticomunista, de Seguridad Nacional y otras), todas aplicadas por gobiernos dictatoriales y/u oligárquicos.

La reforma de 1974 enmendó la eliminación de las leyes represivas efectuada el 26 y 27 de mayo de 1973, y abrió el camino al terrorismo de Estado. El gobierno surgido luego de la derrota de López Rega en julio de 1975, conducido por la burocracia sindical y la conducción del PJ, se con-virtió en un pasaje luctuoso al golpe siniestro de 1976.

Precisamente, este gobierno firma los decretos 2771 y 2772/75 que promueven "el aniquilamiento del accionar de la subversión". Curiosamente, las firmas pertenecen al pre-sidente provisional, Italo Luder, y a los ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, entre otros. CFK no es Isabel Perón y esta nunca ejerció el gobierno, salvo formalmente, pues las decisiones se tomaron primero por López Rega y, luego de caído éste, por el tándem 62 Organizaciones y Partido Justicialista. Luchar por la derogación de la Ley Antiterrorista se convierte en un mandato primordial para que la historia no termine de la misma manera.