En la noche del 2 de agosto, Angel Strapazzon, dirigente del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y el español Javier Alvarez del Castillo, integrante de una red de derechos humanos y evaluador de proyectos de cooperación para el desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña, fueron amenazados de muerte por encapuchados que los detuvieron en una ruta en las cercanías de la localidad de Pintos (al sur de la provincia).

Los agresores se desplazaban en una camioneta similar a la que los había detenido pocas horas antes; sus ocupantes se identificaron como guardias privadas de la empresa Afagro. Esta empresa proclama la propiedad de 40.000 hectáreas en la zona; en una parte de estas tierras viven, desde hace más de cien años, numerosas familias campesinas.

Alvarez del Castillo se encuentra realizando una evaluación del 1,7 millones de euros donados por la municipalidad de Pinto de España a la de Pinto de Argentina. Los fondos, donados para la construcción de viviendas, fueron utilizadas para la campaña de Emilio Rached, entonces intendente de la Pinto argentina y hoy vicegobernador de Santiago. Los dos intendentes de Pinto, el argentino y el español, montaron una fundación que, según se afirma en la provincia, es la verdadera dueña de Afagro. En resumen, los dos intendentes estaban robando de los dos lados del Atlántico.

Las amenazas contra Strapazzon y Alvarez del Castillo son el último eslabón de una larga cadena de amenazas, atentados, golpizas y hasta asesinatos cometidas por las bandas armadas de los pulpos sojeros que pretenden expropiar de sus tierras a los pequeños campesinos. Exigimos la investigación de todos estos crímenes y el juicio y castigo a sus responsables.