Vuelve a repetirse otra vez la historia que denuncié en el informe que
fue publicado en Prensa Obrera Nº 887, del 17/02/05, en relación con la
muerte de Verónica Díaz debido al Yectafer trucho.

Esto demuestra que cambian los nombres y los personajes, pero el entramado
de mafias, Estado, Justicia, burocracia sindical y organismos de seguridad se
mantiene.

Así como los familiares y víctimas de robos, secuestros y asesinatos
denuncian zonas liberadas, que demuestran la complicidad de los organismos de
seguridad, el gobierno y la justicia con la delincuencia y las mafias, hay una
situación miles de veces más grave y mortífera que afecta a decenas de miles de
argentinos portadores de patologías crónicas y potencialmente mortales, con los
mismos cómplices de fechorías como responsables.

Estos enfermos que requieren medicación costosa e inalcanzable para la
mayoría (en especial HIV/SIDA y Cáncer), terminan como rehenes de estos
genocidas.

Toda la Argentina es una zona liberada para las mafías de los medicamentos
truchos, con estrechos lazos con la burocracia sindical, el gobierno y la
justicia quienes amparan su expansión. 

El prontuario de Néstor Lorenzo

Hoy sale nuevamente a la luz esta asociación criminal con la detención de
Néstor Lorenzo, un nefasto personaje, dueño de la Droguería San Javier, con un
prontuario digno del enemigo público Nº1: Gerente de Summun en los 90´, célebre
por la venta de leche de Chernobyl radioactiva y contaminada al Ministerio de
Salud en una licitación “trucha”; además procesado por adulteración de Kaletra,
medicación para el VIH/SIDA (denunciada por el Anmat en diciembre de 2005) y
de Mabthera provista a la Obra Social Bancaria, vaciador del Centro Oncológico
de Excelencia (Su ingreso en el COE en el año 2006 le aportó pingües negocios
que le permitieron la evasión del IVA, con la complicidad del Estado Provincial
y ATSA La Plata); investigado por la venta de medicamentos robados, entre
otras instituciones al Hospital Francés y vínculado con los protagonistas del
triple crimen que destapó la ruta de la efedrina en la Argentina.

Asociado a Carlos Horacio Torres, un fiel contribuyente a la campaña K, en
el directorio de San Javier y también en Multipharma. Estas droguerías junto a
Droguería Del Plata y Unifarma, están vinculadas no sólo a los aportes de la
campaña, sino también a la adulteración de medicamentos.

El negociado de la salud

Según Página/12 del 5/9/09, Carlos Leiva, secretario del juzgado de
Oyarbide, señaló que eran dos las facetas del negociado: una de ellas la
falsificación: puede concernir al producto en sí mismo o bien al envase
utilizado para vender un producto sustraído que el Ministerio de Salud de la
Nación compra para sus programas de entrega gratuita de medicamentos, o se les
cambia la leyenda que dice ‘Uso gratuito. Prohibida su venta’ y se los
incorpora a la comercialización. La venta puede efectuarse a obras sociales, a
hospitales o a otras droguerías”.

“La segunda faceta de lo investigado -continuó Leiva- se refiere a los
beneficios de la APE (Administración de Programas Especiales, que funciona en
el Ministerio de Salud y cuyos fondos provienen de los descuentos a los
trabajadores), para medicamentos o tratamientos especiales. Se trata en
especial de reintegros efectuados a la Obra Social Bancaria: falta constatar si
los tratamientos o medicaciones se efectuaron realmente o hubo algún tipo de
malversación.”

Oportunamente, el fallecido Sebastián Forza lo admitió sin medias tintas: “Acá
hay un sistema por el cual se falsificaron recetas médicas, se inventaron
pacientes y hasta se adulteraron remedios carísimos para llenar los bolsillos
de unos pocos delincuentes”. Forza sabía de lo que hablaba, ya que se
definía a sí mismo como parte de esa misma mafia.

En relación al “farmagate”, un artículo de Crítica Digital del 5/12/08
señala que las investigaciones realizadas indican
que Forza y Vilán insertaban en el mercado legal drogas oncológicas y
retrovirales adulteradas (muy caros) como el Beriate y el Kaletra. También,
según las averiguaciones, estaban relacionados con la venta de lotes de
ritonavir, una droga para tratar el VIH, provenientes del Programa Nacional de
Sida y que el Estado entrega en forma gratuita.

En la Disposición 4708/2008 de la Anmat, quedó asentado que todos los
medicamentos comprados a Baires Med -la droguería de Forza- los retiraban y
controlaban en San Javier y los remitían inmediatamente a la OS Bancarios, que
actuaba como depositarios en sus heladeras.

Esta pista sobre una posible vinculación entre los asesinatos y las
actividades de droguerías trajo a la superficie una actividad ilícita que
representa, según las cámaras del sector, el 10% del mercado de medicamentos,
que en el país mueve unos 11.000 millones de pesos al año.  

La complicidad del Estado

Por su parte, la complicidad estatal es más que
notoria: “No hay nada más irregular que la cadena de comercialización de
medicamentos. Para adulterar se buscan productos muy costosos utilizados para
tratar dolencias críticas, con el propósito de que el paciente que fallece no
deje sospechas. Ningún familiar de un enfermo de cáncer, por mencionar una
patología, pide después una autopsia”, explicó Horacio Esber, director de
Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

En febrero último, el ombudsman Eduardo Mondino
advirtió sobre el descontrol en la venta de medicamentos y reclamó al
Ministerio de Salud que actuara.

Por su parte, El Instituto Nacional de
Medicamentos (Iname) que es el organismo encargado del control de los fármacos,
cuenta con sólo 15 inspectores para fiscalizar todo el país. “Aún así el número
de inspectores fuera el que fuera, tal como está diagramado el sistema de
comercialización, no alcanzaría para nada, dijo una alta fuente del Iname.

El recaudador de la campaña del Frente para la Victoria, Héctor Capaccioli,
ex superintendente de Servicios de Salud que actuaba amparado por Alberto
Fernández, era el encargado de controlar a las obras sociales desde su cargo
pero, lejos de eso, habría facilitado el ingreso de Lorenzo para que proveyera
de medicamentos a varias entidades públicas.

El nexo entre ambos sería Néstor Vázquez, el segundo de Capaccioli en la
Superintendencia, que fue socio de Lorenzo en el Centro Oncológico de La Plata
y administraba un fideicomiso de la obra social La Bancaria, de la que Lorenzo
iba a ser el principal proveedor.

Esta novela en capítulos promete más novedades. Ahora se descubrió
conversaciones en las que Lorenzo pacta sobornos con Alberto Costa, hasta hace
unos dias, subsecretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires,
lo que lleva a involucrar a la camarilla de Scioli.

Y los rumores prometen desenmascarar a más involucrados en esta
conspiración 

Las relaciones con la burocracia sindical

Su relación con la burocracia sindical: con ATSA, en el COE en Gonnet; socio
histórico de José Luis Zanola en la obra social bancaria, en la que un
fideicomiso le garantizaba seis millones de pesos mensuales para proveer
medicamentos y unos siete millones para atención médica.  Una relación que
se mantuvo a pesar de la denuncias. Raúl Fontana, candidato a secretario
general de la Asociación Bancaria por la lista Azul y Blanca, opositora,
denunció que “enfermeras del Policlínico Bancario que se negaban a administrar
a pacientes los productos oncológicos adulterados, eran trasladadas”. Hugo
Dessal, secretario administrativo del sindicato hasta 2007, declaró que “en el
Policlínico se entregaron medicamentos que no surtían efecto. Mientras que el
mismo medicamento comprado afuera del establecimiento sí surtía efecto en el
paciente”.

Zanola tiene el apoyo del ministro Julio De Vido, quien lo apoyó cuando
la presidenta del Banco Nación Felisa Micheli y su esposo, Ricardo Velasco,
buscaron derribar el poderío de Zanola en La Bancaria con una lista opositora.
El sindicalista tiene otro socio político. Carlos Marín, socio del ministro de
Trabajo, Carlos Tomada, en su estudio jurídico, es abogado del sindicato.
Néstor Kirchner lo agasajó con su presencia durante varios actos de La
Bancaria.

También se le atribuyen aceitados contactos con la Obra Social del Personal
de Activistas del Turf (OSPAT). Esa mutual, que en los últimos años
engordó su padrón de afiliados, recibe del Estado el reintegro del 100% de
los medicamentos que compra para tratamientos de alta complejidad.

La corrupción llega hasta la Presidencia de la Nación

Vale aclarar que Forza y Vilán fueron generosos aportantes a la campaña
electoral de Cristina Fernández de Kirchner, en 2007.

Néstor Lorenzo figura haber aportado a la campaña de Cristina Fernández de
Kirchner, a través de estas empresas, casi un millón de pesos, al igual que su
socio Carlos Horacio Torres

Su custodio es un ex informante de la SIDE y de la DEA, Julio César Pose,
que había custodiado a Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple
crimen. Pose, de buen vínculo con Lorenzo, figura en lo más alto del ranking de
contribuyentes de la campaña de Cristina. Aportó 325 mil pesos y el registro de
la operación lo halló el juez Norberto Oyarbide en la vivienda de Lorenzo.

Conclusiones

El último párrafo repite el de aquel informe: Sólo se arrancará la
podredumbre, encarcelando a los Ibarra de la salud y a los Chabán del negocio
de la enfermedad, comenzando por estos mercaderes y continuando con los
responsables políticos de este verdadero genocidio.

Sólo una comisión independiente integrada por organismos de derechos
humanos, los trabajadores de la salud y familiares de los enfermos afectados
puede llegar a poner tras las rejas a los integrantes de esta banda de
traficantes.

Sólo un sistema sanitario único, estatal y gratuito, bajo el control de los
trabajadores y los explotados, que maneje todos los resortes de la salud, junto
a la producción estatal de insumos y medicamentos, podrá garantizar que la
Salud del Pueblo sea una realidad y no se lucre con la miseria y la
enfermedad.