Asistimos, una vez más, al perfecto funcionamiento del aparato represivo del Estado.

 

Así, de repente, la policía, y no un efectivo, sino nueve y un médico, se ven en la posibilidad de quitarle la vida a un joven detenido y lo hacen, porque saben que están amparados por un poder político que se sirve de su acción para mantener a raya a la mayoría de la clase trabajadora. Encubren, porque necesitan de la policía corrupta y asesina para gobernar.

 

Cuando decimos poder político, nos referimos no solo a los gobernantes de turno, a esa gobernadora Corpacci, que en el momento del asesinato –marzo de 2012– fue con la careta de la humanidad a ponerse a disposición de la familia, mientras Diego agonizaba tras recibir una feroz golpiza en la comisaría 7ma, y que luego nunca más los recibió ni se hizo eco de su reclamo, pese a que la familia se manifiesta mes a mes frente a Casa de Gobierno para pedir justicia. También nos referimos a los núcleos corruptos enquistados en el poder judicial y directamente vinculados con el primero, esa camarilla de funcionarios que se arrogan el servicio de justicia, tras el invento de la república y la democracia, una justicia en clave burguesa que como tal, sólo llega a unos pocos. Así, el expediente con la muerte de Diego Pachao fue de fiscalía en fiscalía, donde los abogados, recurriendo a métodos leguleyos y los funcionarios judiciales afines haciendo lugar, hacían retrasar el desarrollo de la causa, dilatando el dolor de la familia y mostrando hasta qué punto puede llegar la clase política capitalista para asegurar su supervivencia, a cualquier costo, a pesar de cualquier muerte.

 

El proceso llega a sus instancias finales: los policías Gustavo Bulacio, Pedro Moya, Ricardo Barrera, Guadalupe Acevedo, Ricardo Varela, Jorge Montivero, José Sotomayor, Claudio Nieva y Ramón Quevedo fueron imputados por los delitos de “vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Imputaciones que se refieren a delitos muchos menores a los que reclamaba la familia, en virtud de lo que realmente ocurrió. Claramente, si hay algo que no podemos esperar de la justicia es que sea justa y para todos.

 

Entendemos que el asesino accionar policial no es algo aislado que se dio en un momento determinado en nuestra Provincia, sino que así como fue Diego, también fue Mariano (Ferreyra), fue Santiago (Maldonado), fueron también innumerables casos más. Porque esos asesinatos son parte del disciplinamiento de las mayorías, que orquestan funcionarios, empresarios y las fuerzas de seguridad en sus distintas variantes, para poder descargar todo el poder de su crisis sobre los explotados.

 

Queremos dejar en claro que seguiremos acompañando a la familia en su reclamo de justicia, en la calle, como siempre y como desde el principio, porque somos consecuentes con nuestro discurso y constantes en nuestro accionar. La aclaración vale porque en la última marcha convocadas por cinco organizaciones pidiendo justicia por la muerte de Santiago que se realizó en nuestra provincia asistimos atónitos al accionar de sectores de Derechos Humanos, vinculados al alicaído Frente Justicialista para la Victoria (FJpV) gobernante, hasta el punto que el secretario de DDHH de la provincia era de la partida, quienes de manera descarada intentaron copar la movilización. Es necesario hacer notar que tanto el secretario de DDHH como estos organismo ligados al gobierno nunca hicieron nada en relación a las causas propias que involucraban al gobierno provincial como la de Diego. Memoria selectiva le dicen, hipocresía nivel burgués pensamos nosotros. Es fundamental mantener la independencia política con el Estado y con los partidos y sectores cómplices que callan o miran para otro lado según la conveniente carrera política.

 

Levantamos la bandera de la verdad y la justicia.

 

Castigo a los responsables materiales y políticos

 

No más asesinatos en la clase trabajadora.

 

Justicia por Diego Pachao y todas las víctimas de la brutalidad policiaca estatal.