Cada vez la situación del PAMI es más precaria; en un informe del 11/8 aparecido en Crónica, se dice que: “Sanatorios a punto de cortarle los créditos al PAMI…”. Los prestadores sanatoriales del PAMI admitieron que están atravesando una “situación in­sostenible” debido a que el Instituto no les paga desde hace un año y medio.

Anunciaron que a partir de ahora las prestaciones se verán afectadas “porque el colapso es inminente”.

Por otra parte, el nuevo interven­tor, ´Ingeniero’ Marquevich, informa que el PAMI tiene una deuda de mil doscientos millones de pesos y que sobra el 30% del personal.

La situación del PAMI es la situa­ción general de las obras sociales, sólo que es más grave, porque es la mayor obra social del país y por tener una clientela de alta necesidad médica.

Por ejemplo, el Hospital Central Ferroviario, único lugar que le queda a los ferroviarios después de la desapari­ción de numerosos policlínicos barria­les, como fueron las policlínicos de Caseros, Liniers, Belgrano R, el Hos­pital Central desde el 1 ° de setiembre empezará a cobrar un bono para cada consulta médica que se efectúe, y su valor será equivalente a la consulta médica que se realice. En esta, como en otras obras sociales, se atienden gran cantidad de jubilados.

Por ello se desprende la necesidad de unificar la lucha por la defensa de las obras sociales. Estas deben seguir co­brando el mismo porcentaje del sueldo de hasta ahora, y que presten la aten­ción médica que el paciente necesite.

El PMO debe ser toda la prestación médica que necesite el enfermo. Es necesaria la dirección de las obras so­ciales por parte de los trabajadores, libremente elegida con mandato revo­cable.

¿Puede salvarse una obra social porque se junten 660 mil firmas? La Mesa Coordinadora de Jubilados, hace más de dos años que gasta la energía de muchos compañeros, diciendo que hay que llegara las660mil firmas y que las autoridades se verán obligada* a cum­plir con la normalización del PAMI; para ello se basan en la reforma de la Constitución Nacional, en su art. 36, que dice que los ciudadanos juntando el 3% del padrón nacional, pueden pe­dir una Ley o abolición de otra, pero es el Parlamento quien decide si le da bolilla o no al petitorio. Por otra parte, la Ley no rige hasta no estar reglamen­tada, pero aun así, dice que su futura reglamentación deberá tener en cuenta la división territorial, es decir que el 3% del padrón tiene que ser por provin­cia o por circuncisión, según se regla­mente. Por lo tanto la Ley no rige.

No fue la Mesa Coordinadora la primera que entregó firmas para apro­vechar, en favor del pueblo, la reforma constitucional nacida del Pacto de Oli­vos. La FUA. en el mes de diciembre, entregó 825 mil firmas al Parlamento para pedir que no rigiera La Ley Fede­ral de Educación, las entregó con la presencia del bloque de la UCR, y el gobierno sigue implementando dicha Ley Federal. Está claro que la Direc­ción de la FUA sacó el petitorio para desviar la lucha estudiantil, que en ese momento estaba ocupando facultades, realizando marchas, etc.

Además, contra la jubilación pri­vada se juntaron más de 1 millón de firmas, sin resultado alguno. La Mesa suele decir que el que no junta firmas no quiere salvar al PAMI, pero no dice que hay un miembro de la Mesa que pertenece a la Dirección Central del CTA y otro en la dirección de la Capital, también del CT A. El CT A no juntó ninguna firma, así como el Plenario Permanente y el Parlamento de la 3ra Edad.

No sería mejor camino tratar de obligar al CTA a realizar movilizacio­nes y actos, en defensa del PAMI y las obras sociales. Es necesario que la agrupaciones sindicales, en las asam­bleas de gremios, le plantee a las direc­ciones .sindicales la defensa unitaria de todas las obras sociales hasta las últi­mas consecuencias. Lo mismo vale para los jubilados.