El 25 de setiembre pasado, la jueza Angela Braidot me condenó a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20.000 pesos, al encontrarme culpable en la causa que a principios de 1992 promovió en mi contra el actual camarista del crimen, doctor Guillermo Rivarola.

La causa se originó en la publicación del libro La masacre de San Patricio —editado en noviembre de 1989—, del que soy autor, obra que resultara premiada en el concurso de investigación periodística organizado por Ediciones Dialéctica y Liberarte, en el curso del mismo año, y cuyo jurado estuvo integrado por Jorge Luis Bernetti, Eduardo Jozami y Rodolfo Mattarolo.

Esta obra tenía el objetivo de analizar lo sucedido en la parroquia de San Patricio el 4 de julio de 1976, cuando fueron asesinados brutalmente los sacerdotes de la orden palotina Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Este horrendo crimen fue cometido por un grupo de tareas de la última dictadura militar, como está demostrado en la causa judicial abierta.

En una parte del libro se informa y abre juicio sobre la actuación del entonces juez federal Rivarola, quien tuvo a su cargo la investigación desde 1976 hasta 1977, cuando la causa fue sobreseída en forma provisional.

Hemos apelado el fallo de la doctora Braidot. Tenemos la certeza de estar obrando con corrección, porque de la sentencia se extrae que he sido sancionado por haber cometido el delito de opinar, con lo cual se estaría vulnerando una de las facetas principales de la libertad de prensa en general y de la posibilidad de interpretar la actuación de los funcionarios públicos en particular. Consideramos que este fallo avanza sobre los derechos de la libertad de expresión y que constituye un serio ataque a la labor profesional que desempeñamos con honestidad los periodistas profesionales.

Por otra parte, como condenado, cabe preguntarme por qué todo el peso de la Ley cae sobre mis espaldas cuando los autores e instigadores del quíntuple crimen permanecen impunes, cuando los funcionarios policiales que actuaron en ese momento y encubrieron el crimen han sido desprocesados por prescripción de las acciones legales, cuando la justicia, después de 19 años de aquel horrible hecho, no lo ha esclarecido.

Agradezco toda colaboración en la difusión de la presente denuncia.