En materia de abuso de menores, nos encontramos con dos episodios que no representan hechos aislados, sino que son el reflejo de años de barbaridades cometidas a víctimas indefensas, ya sea por su edad o por su imposibilidad física/sensorial. Uno ocurrió en la provincia de Córdoba, con 16 denuncias por abuso sexual y la operación de una red de pornografía infantil contra dos docentes del instituto de orientación musical Collegiuminstituto Próvolo para niños hipoacúsicos, de Mendoza, con hasta el momento 22 víctimas y un cura alojado en el pabellón de violadores de la penitenciaría, acusado de violencia de género, junto a otros cuatro imputados por el delito de abuso sexual infantil.

En caso mendocino, existen cinco imputados por distintas causas, se han realizado prontos allanamientos y rápidamente la causa ha tomado estado público luego de la denuncia de los familiares de la víctima. Por el contrario, el caso Collegium fue ocultado sistemáticamente por los medios dominantes, los denunciados ni siquiera están imputados, no se han realizado adecuadamente las pericias en Cámara Gessell a los y las niñas afectados, mientras que la propia fiscal de la causa, Alicia Chirino, alertagó el proceso de denuncia.

Debido a estas irregularidades en la investigación cordobesa, por iniciativa del legislador Eduardo Salas, y con el apoyo de los demás legisladores del Frente de Izquierda, se leyó en el recinto de la Unicameral un dossier elaborado por los padres que por su contundencia obligó a todos los bloques a pronunciarse unánimemente en solidaridad con las víctimas, instando a la pronta respuesta de la justicia, que fue llegando con el pedido de archivo de las causas por parte de la fiscal Alicia Chirino…ante esto, los abogados han interpuesto las correspondientes oposiciones para que las causas sean vistas en una instancia judicial superior.

En Córdoba el rol de la justicia ha sido paupérrimo, la fiscal basa casi toda su investigación en un equipo pericial sospechado de tener vínculos profesionales y/o amistosos con la perito de parte del denunciado, demorando pericias básicas como una inspección ocular en el colegio por un lapso de tres meses que, entre otras, denotan un accionar muy liviano y hasta imprudente ante estas denuncias de temas tan delicados y sensibles.

Tanto en Mendoza como en Córdoba, el trasfondo es la escasa, nula o negligente intervención del Estado, ya sea por impericia de los fiscales o por una acción que termina por encubrir a los pedófilos y “tapar” el tema cuanto antes. Es evidente que el Estado lejos de proteger a las víctimas y a sus familias, a través de estos funcionarios, oculta una realidad y premian con un manto de impunidad a estos pedófilos y abusadores.