Mucho se discutió sobre la reforma al sistema de ART que impulsó el macrismo, con el ferviente apoyo de la CGT y la oposición patronal. Incluyó críticas del bloque kirchnerista que finalmente se retiró del recinto (a sabiendas que eso no modificaba el quorum).

Ahora bien, lo que ocultaron en la Cámara de Diputados es que esta ley cabalga sobre las espaldas de la reforma de 2012. Los que sancionaron una ley de iguales características años atrás, son los hoy se rasgan las vestiduras contra esta "nueva" ley.

En primer lugar hay que destacar que ningún gobierno derogó la ley menemista de 1995. Fue la Corte Suprema la que fue flexbilizando su interpretación, a partir de distintos fallos como los de Castillo, Aquino, Milone y Venialgo, que permitieron, entre otras cosas, el acceso a la justicia laboral de los reclamos por accidentes y enfermedades profesionales, el desconocimiento de la reparación tarifada y la consecuente reparación integral. Esto permitió que muchos trabajadores pudieran iniciar un juicio laboral y reclamar la diferencia (sustancial) que la reparación tarifada por la ley les negaba (en beneficio de las patronales, claro está).

En 2012, el gobierno de Cristina, con el apoyo de la UIA (que hoy apoya calurosamente el proyecto de Macri) reformó la Ley de Riesgos de Trabajo. Pero en lugar de recoger los avances de la jurisprudencia, agravó aún más las condiciones para llegar a juicio. Oficialistas y opositores también apuntaban en ese tiempo –al igual que hoy- contra “la industria del juicio”.

En aquel momento denunciamos la alianza FPV-PRO para su sanción. El espíritu de esa ley fue la evasión empresarial de la reparación integral del daño a la salud de los trabajadores, que regía desde la ley de accidentes de trabajo de principios del siglo XX.  

La ley de Macri es una continuidad de la que sancionó Cristina.

Fue la reforma kirchnerista la que eliminó la denominada “doble vía” e instituyó la opción excluyente (o reclamar a la ART o la vía judicial), obligando al trabajador accidentado a aceptar las miserables indemnizaciones de las ART, acuciado por sus necesidades.

También mantuvo el nefasto procedimiento de las comisiones médicas y obligó a los trabajadores que quisieran demandar a sus patrones a hacerlo a través del fuero civil (eliminando la competencia de los tribunales laborales, mucho más expeditivos).  Sostuvo, asimismo, el listado cerrado de enfermedades profesionales cuando, producto de su trabajo, una gran cantidad de trabajadores padece enfermedades que no están contempladas en ese listado. 

Además, mediante un decreto del año 2014, se estableció que sólo se actualizarían mediante RIPTE (un índice que de por sí no refleja los salarios reales ya que sólo toman los que figuran declarados en el sistema y menos tiene en cuenta el costo de la canasta familiar o la inflación), las indemnizaciones de pago único (incapacidades arriba del 50%).

Ahora, con la ley Macri, se le exige al trabajador que agote –obligatoriamente- la vía administrativa de las comisiones médicas (controladas por las ART) y la resolución administrativa tendrá el carácter de “cosa juzgada”,es decir inapelable en la justicia si acepta la miseria de indemnización. Además, continúa el sistema de la actualización por el RIPTE. En resumidas cuentas, no es una reforma, sino una continuidad entre una y otra ley. 

Cualquier trabajador que haya tenido que atravesar el tedioso camino de denunciar un accidente o una enfermedad profesional, sabe que ninguna ley va a solucionar el verdadero problema.  El problema de fondo son las condiciones laborales, la falta de controles en  seguridad e higiene, las extensas jornadas laborales, los ritmos de producción altísimos y arbitrarios, las burocracias sindicales y las patronales que no permiten denunciar. Por supuesto, todo esto se agrava en el trabajo precarizado.

Por eso es fundamental la movilización independiente de los trabajadores para que en todos los lugares de trabajo se constituyan comités obreros de seguridad e higiene y sin la injerencia de la burocracia o la patronal. Así se podrá recién comenzar a proteger y cuidar la vida y salud de los trabajadores.