Hace unos días, el periodista y escritor Marcelo Larraquy publicó dos notas sucesivas en Infobae sobre un caso estremecedor: la historia de Cecilia Viñas, quien fue detenida junto a su esposo, Hugo Penino, en julio de 1977, por grupos de tareas. Durante diciembre de 1983 y marzo de 1984, Cecilia se comunicó por teléfono con su familia y denunció que aún estaba secuestrada. En el segundo artículo (https://goo.gl/yTzoZ9), Larraquy aborda las peripecias del hijo que Cecilia tuvo en cautiverio, Javier, apropiado por el marino Jorge Vildoza y su mujer Ana María Grimaldos. 



La historia de Javier tiene su particularidad. En 1998 se presentó en la Justicia para hacerse un ADN y recuperar su identidad. Luego, en 2012, cuando Grimaldos fue detenida en Buenos Aires, Javier hizo saber por carta que su apropiador, supuestamente, había fallecido en Sudáfrica en 2005.



A partir de la detención de Grimaldos se investigó uno de los aspectos más abyectos de la dictadura: el robo a sus víctimas y la organización de empresas a partir de ese particular “capital”. Resulta que Vildoza, por medio de uno de sus hijos biológico, un ex SIN (Servicio de Inteligencia Naval) había montado la empresa American Data S.A, dedicada al juego en Tierra del Fuego y Misiones. El funcionamiento de esa red mafiosa surge del testimonio de un abogado despechado, Oscar  Beccaluva, que había trabajado para Vildoza (se dedicaba a hacer lobby en su favor).  Beccaluva, en una extensa entrevista con Página/12 en octubre de 2012 mandó al “frente” a toda la banda. Lo más interesante es que según su denuncia, Vildoza no habría sido un pionero ni una excepción, Massera y otros represores habían organizado una estructura importante para lavar dinero de desaparecidos. 



En su libro “Lo que no dije en ‘Recuerdo de la Muerte’”, Miguel Bonasso realizó una denuncia contundente: en Mendoza, la petrolera Chañares Herrados tenía en su directorio a colaboradores de la dictadura e incluso torturadores como Freddy Zaratini, vinculado con asesinato del general chileno Carlos Prats, exiliado en Argentina en 1974. Todo bajo el sello de la AAA. Un dato no menor es que, en 2011, el gobernador K Francisco “Paco” Pérez le prorrogó la explotación petrolera hasta 2027. Hermoso grupo humano…



En 2016,  raíz de la investigación de los Panamá Papers, como algo colateral, se descubrió una veintena de sociedades “off shore” a nombre de represores y colaboradores civiles de la dictadura. Según la Unidad de Información Financiera (UIF) la principal sospecha es que estas empresas servían para resguardar los bienes robados a las víctimas de los secuestros y asesinatos, e inyectar esos fondos desde el exterior en diversos negocios de los genocidas y otros de su calaña luego de la caída de la dictadura. Como se ve, la vocación emprendedora de estos personajes no descansó ni un minuto.



En la Argentina no se ha juzgado jamás a la pata civil de la dictadura. A fin de cuentas, la dictadura actuó por cuenta y orden del gran capital ligado al imperialismo. Tampoco se ha avanzado en investigar la estructura de lavado de dinero ¿Cuántos grupos empresarios han surgido de este modo? 



Así las cosas, está claro que la lucha por cárcel a todos los genocidas, sus colaboradores civiles y los que hicieron negocios con el sufrimiento de miles de personas está más vigente que nunca. De paso, toda esta porquería es un mentís al lloriqueo de que sería humanitario dejar que los genocidas presos pasen el resto de sus días en sus domicilios, política que defienden abiertamente el gobierno de Mauricio Macri y sus personeros, como Elisa Carrió. Como lo han denunciado incansablemente los organismos de derechos humanos, sólo una pequeña porción de ellos ha recibido condena; otros, lamentablemente, siguen en libertad o, peor aún, se dan la gran vida con los bienes de los desaparecidos…