Sr. Director de Prensa Obrera :

 

La obsolescencia o desactualización de normas para la habilitación y control de locales es uno de los hechos de gravedad que determina la co-responsabilidad política y penalmente investigable de los presidentes de la Nación desde el 5/9/84 en adelante, entre las causas generadoras de Cromañón y anteriores tragedias. Desde esa fecha es obligación de cumplimiento permanente de esos presidentes (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde y Kirchner) y sus reemplazantes constitucionales, impartir instrucciones para detectar obsolescencia normativa (arts. 22 y 28-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos), requerir del Estado que corresponda superar en forma inmediata la situación, informar de ello al pueblo (art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y demandar al Estado violador ante la Corte Suprema, si mantiene la legislación obsoleta.

 

De mediar reclamos ante organismos internacionales, el reclamado será el Estado nacional y no el Estado violador. En el caso de Santa Fe, el no cerramiento de la compuerta favoreció el desborde del río Salado con decenas de muertos y miles de perjudicados. Era obligación del Estado nacional emplazar a la Provincia, para cumplir dicho cerramiento e informar del emplazamiento a la opinión pública, y de mantenerse el incumplimiento, el Estado federal debía concretarlo y deducir los gastos de los fondos de la coparticipación federal que correspondían a dicha provincia.

 

En el caso de la voladura de Río Tercero –noviembre de 1995– sus graves consecuencias se vieron favorecidas porque violando el régimen de no suspensión de Derechos Humanos, los gobiernos de Alfonsín y Menem se abstuvieron de concretar el traslado de la fábrica a una zona no riesgosa, ubicada en las inmediaciones de la ciudad, pese a contar con recursos suficientes.

 

Si un medio publicó que un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires o de la Auditoría de la Ciudad determinó graves irregularidades en locales y “boliches”, el presidente de la Nación (Kirchner y anteriores) debió requerir urgentemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adoptara medidas urgentes para la superación de esa situación, informarlo a la opinión pública y, de mantenerse la misma, demandar al violador ante la Corte Suprema.

 

Dr. Angel F. Di Paola

 

(abogado, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires)