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“El 85% de los jubilados, cobrando 890 pesos, permite a la Anses financiar los negocios y el rescate del capital en quiebra”.

El reclamo del 82 por ciento móvil para las jubilaciones parece haber quedado reducido a si puede ser pagado o no. O sea, no hay discusión en que se debe pagar (además, así lo reconocen los fallos judiciales). A través de largas explicaciones, economistas de un lado y del otro quieren convencer a la población de que cumplir con la ley es, en este caso, perjudicial para todos. Nos anuncian grandes catástrofes si se cumpliera con lo que es legal y legítimo.

La pregunta de si se puede pagar o no revela que no estamos frente a un problema contable, el problema es social. ¿Los consumidores y contribuyentes son consultados con respecto a si pueden o no pagar los aumentos de precios, impuestos y tarifas? No. Sin embargo, todos los días aumentan precios de alimentos, impuestos y servicios. Si se permite una fuga de capitales de casi 50 mil millones de dólares sin preguntarse si esto afecta o no la capacidad de inversión del país; y si la cosa se repite cuando se paga a los buitres internacionales; si ésta es la norma general, ¿a qué obedece esta súbita reacción ‘nacional y popular’, que rechaza otorgar un aumento a los pasivos con el pretexto de que no alcanzan los recursos?

Jubilados, un gasto. Reiteramos, el problema es social y luego político. Para la clase capitalista y sus gobiernos, los jubilados son un gasto y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es una fuente de financiamiento barato. Eso es lo que están defendiendo.

Los recursos existen siempre. Bastaría con que la Anses deje de subsidiar a capitalistas o que se reasignen los derroches del Presupuesto, para que el 82 por ciento sea perfectamente viable.

El aumento lo deberían financiar los capitalistas, a quienes Domingo Cavallo les redujo las contribuciones previsionales. Recordemos: las jubilaciones no son más que un salario diferido; el rechazo a pagarlas equivale a un robo.

Los sistemas, tanto estatales como privados, en la Argentina y en el mundo se encuentran en quiebra no porque aumentó la expectativa de vida (lo cual es un avance de la humanidad y no una carga) y cambió la relación activo/pasivo. Todos esos argumentos buscan preparar un golpe mayor a los trabajadores, vía el aumento de la edad para jubilarse o para liquidar las jubilaciones y establecer una suerte de “asistencia a la vejez”, como plantean algunos economistas de la oposición (Aldo Isuani y Rubén Lo Vuolo).

Los sistemas jubilatorios están en quiebra debido a que tienen colocadas las contribuciones previsionales en acciones o deudas de las empresas y en títulos del Estado. Los 160 mil millones de pesos en acciones y deuda pública que tiene la Anses (que acumularon las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP, y luego la gestión K) cotizan a un valor de mercado de 70 mil millones.

O sea que las gestiones públicas y privadas (capitalistas) han desvalorizado el fondo acumulado por los trabajadores para su jubilación en un 60 por ciento. Para colmo, las ‘inversiones’ de la Anses en títulos públicos y letras del Tesoro en pesos se ajustan de acuerdo con el índice de inflación del “IndeK”, mientras los intereses -unos ocho mil millones de pesos anuales- no quedan en el sistema previsional, sino que van a pagar la asignación que antes pagaba el Tesoro.

O sea, con el 85 por ciento de los jubilados cobrando 890 pesos, se financian los negocios y el rescate del capital en quiebra. Eso es ilegal, ilegítimo y no tiene sustento social. El 82 por ciento móvil, ahora, y para todos los jubilados.