Soy María Emma Suazo, empleada en negro de la provincia. Trabajo en el Ipec (Instituto Provincial de Estadística y Censos). Mi primer “contrato” con el Estado data de mayo de 1997 (sí, hace casi 10 años).

El 23 de noviembre de 2005 se firmó el decreto que regularizaba la situación de los trabajadores del Ipec, pasando a formar parte de la planta permanente de la provincia. Pero ¡oh, sorpresa!, yo no fui incluida. Un “problemita burocrático” generado me privó de obtener mis legítimos derechos de trabajadora. En ese mismo instante, noviembre de 2005, inicié un nuevo expediente, que lleva ocho meses navegando en las turbulentas aguas de la burocracia santafesina.

Mientras tanto, mis condiciones de trabajo se pueden enumerar rápidamente, seguramente a muchos les sonará familiar: no tengo obra social (me la tengo que pagar con mi monotributo); no tengo vacaciones; no tengo licencias por enfermedad; pago mi propio seguro de vida; pago mi movilidad.

Mi tarea en el Ipec es la de supervisora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Desarrollo la mayor parte del mismo en la calle, no sólo de la ciudad de Rosario, sino en su conurbano (muchas veces en zonas, cuanto menos, complicadas). De ahí que nos exigen un seguro de vida, sin el cual no cobramos nuestro magro salario. A pesar de que por la naturaleza de mi trabajo tengo que recorrer grandes distancias, el Estado santafesino tampoco me provee el dinero para la movilidad (viáticos). Por mi contrato de “locación y servicio”, la provincia me paga (con dinero de la Nación , a través del Indec), 780 pesos. Es decir, menos de lo que el propio Indec marca como línea de pobreza. A ese dinero debo restarle todo lo anteriormente mencionado, por lo que mi salario “araña” los 500 pesos.

A este tipo de relaciones que el Estado entabla con sus “trabajadores” y que insiste en llamar “contratos”, el Derecho las denomina “fraude laboral”.

En noviembre de 2005, y ante el “inminente” pase a planta, debí realizar la carpeta médica, la cual sólo puede realizarse en un hospital de la Provincia y por la cual pagué más de 100 pesos de mi flaco salario. Esos estudios están hoy vencidos, por lo que nuevamente, y si Dios quiere, si se llegara a dar mi regularización como trabajadora, deberé darle más dinero al hospital público que ya sostengo con mis impuestos, para hacer nuevamente mi carpeta médica.

“Burocracia Provincial”: puedo decir que la conozco y la padezco. Ahora he decidido contarles a todos cómo funciona, para compartir con quienes, como yo, la padecen, o lamentablemente la padecerán. Así trata la provincia de Santa Fe a sus trabajadores.