Todos conocemos o al me­nos nos hemos enterado del Decreto que lleva el NB 1269 del 20 de julio de 1992 y que a partir del día 1S de marzo de 1995, los hospitales públicos dejarán de serlo para conver­tirse en verdaderas clínicas privadas a las que sólo podrán acceder aquellas personas con recursos suficientes como para poder pagarse el servicio que les brindará el nosocomio; para los pobres ya no habrá lugar en dichos hospitales, con lo que se pretende una flagrante discri­minación prohibida por la Cons­titución Nacional y la de la Provin­cia de Buenos Aires.

 

Concretamente, desde mi humilde punto de vista, el su­sodicho decreto del Poder Eje­cutivo de la Nación es a todas luces inconstitucional, pues in­vade las jurisdicciones provin­ciales y municipales, obligan­do a que se proceda a la registración de todos los hospitales públicos, ya sean éstos provin­ciales o municipales, en el Re­gistro Nacional creado al efec­to, desde donde se darán las pautas para la llamada “auto­gestión”. No he visto viola­ción más flagrante a la ley que ésta; la Constitución de la Pro­vincia de Buenos Aires, en su art. 36 inc. 8S, dispone taxati­vamente “que la Provincia garantiza a todos sus habi­tantes el acceso a la Salud… sostiene el Hospital Público y gratuito en general…”.

 

Al parecer, la gente todavía no ha tomado conciencia de la gravedad de esta situación; de los empleados no son muchos los que están poniéndole el pecho —al decretazo—, el resto no se molesta en pegar un afiche alertando el “Fin del Hospital Público”; como siempre,, unos pocos luchan para que sean muchos los que se salven si la cosa sale bien.

 

Pero todo esto no termina allí, en la privatización del hospital hoy público, sino que vendrá lo peor: se dejará ce­sante a una inmensa cantidad de trabajadores de la Salud, y como en todas las cesantías no hay reintegro posible, no hay gremio que defienda al obrero, no hay Constitución favorable al obrero, no hay ley ni Constitución favorables al ciudadano de la República Ar­gentina; todas las leyes y constituciones son hoy letra muerta, porque son violadas sistemáticamente. Como con­secuencia de todas estas fa­lencias, nuestro querido hospi­tal, Dr. José Penna, pasará a ser un hospital para clase alta y muy alta, y dejo flotando una pregunta: ¿y los pobres, a dón­de irán?…

 

Interpretando el decreto de “Autogestión Hospitalaria”, debo señalar que a mi juicio existe discriminación mani­fiesta, toda vez que de concu­rrir al hospital y no poseer Obra Social o dinero para pagar el servicio, deberemos acreditar tales extremos por medio de un Certificado de Pobreza, lo que significa me­noscabo e injuria grave a la condición humana —el hecho de ser relegado a un segundo o tercer lugar en las preferen­cias de atención—; cobrar los servicios que se brinde a las personas con capacidad de pago implica: 1 – Abandonar el concepto de cuidado en lo que hace a la Salud Pública, 2- ¿Quién y cómo se hace para acreditar la capacidad de pago?, 3- El que no acredite capacidad de pago estará con­siderado pobre o indigente; este hecho es un acto de de­gradación y en una organiza­ción como el hospital, cuyo rol es el de proteger al servicio de la Salud Pública.

 

Que por todo lo expuesto en el epígrafe, debo solicitar al Sr. Defensor del Pueblo la in­tervención a los efectos de so­licitar a la Justicia la tacha de inconstitucional del decreto aludido, para ello deberá to­marse contacto con todas las organizaciones gremiales y sociales que se encuentran en franca lucha por salvar al Hos­pital Público y evitar así una catástrofe epidemiológica en la población que no tiene re­cursos para solventar los gas­tos médicos para su curación.

 

Debo hacer notar que con­tra toda esta ilegalidad se ha expresado la “Asociación de Profesionales Universita­rios del H.I.G.A. Dr. José Penna”, de Laines 2.403 de Bahía Blanca, haciendo notar las violaciones al art. 36 inc. 8° de la Constitución de la Provin­cia de Buenos Aires; a todos esos profesionales vaya nues­tro apoyo por estar del lado de la gente que sufre.

 

A todos los amigos y ami­gas que luchan para que el hospital público continúe fun­cionando, les hago llegar todo el apoyo de un simple ciudada­no preocupado por la defensa de lo nuestro, de lo que nos pertenece por derecho.