En mi carácter de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires opino que:

1.1. La intervención de le Universidad de Buenos Aires y el veredicto de la Comisión Ase­sora creada por la misma impor­ta el restablecimiento del princi­pio de legalidad en el accionar de toda autoridad y los de razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación en la aplicación de cualquier sanción disciplina­ria, todos ellos conculcados en lo decidido por el director del ILSE, Dr. Repetto.

1.2. Lamentablemente, un sistema disciplinario no actuali­zado conforme compromisos internacionales asumidos por el país, al no promover en los jóve­nes conductas positivas como medio para obtener la reduc­ción o cesación de amonesta­ciones anteriores, determina que dos de los alumnos afecta­dos queden libres.

1.3. A más de cuatro años de atraso en adecuar los sistemas disciplinarios a la Convención sobre los Derechos del Niño, la sugerencia de la Comisión Ase­sora de que la Universidad de Buenos Aires adopte medidas que centren la atención en la necesidad de un enfoque pre­ventivo y el respeto de criterios democráticos dentro de la comunidad educativa, sea oído y cumplido por todo el sistema educativo. Ello permitirá que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dig­nidad humana de los jóvenes sin sujeción a presiones indebi­das.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1994.