A veces nos preguntamos para qué se declararon los Derechos del Niño. La respuesta más evidente sería: para que se respeten. Pero para quienes nos gobiernan, duermen en un cajón. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar que por ser “padres” nos humillen, nos marginen y que se burlen de nosotros los que llevaron y llevan el poder?

En un artículo de los Derechos del Niño se dice que ellos tienen derecho a la filiación, a ser reconocidos por un padre. Pero, ¿sabemos cómo funciona esto? Puede suceder que hayas tenido un hijo de soltera y después de un largo tiempo, el padre biológico, con buenas intenciones o no, decida reconocerlo. ¿Qué trámite tiene que hacer en el registro civil? Casi ninguno: sólo dice ser el padre; entonces, las madres nos enteramos de que nuestros hijos tienen dos documentos de identidad y dos apellidos. El resultado es que el padre, de acuerdo a la ley, tiene derecho a visitas, estemos o no de acuerdo. Esto incluye el caso de Mariela Arias Uriburu, alejada de sus hijos desde hace cuatro años. ¿Si no es el padre biológico o es una persona mal intencionada, pariente o no, un violador, un asesino, un traficante de niños o de sus órganos? Sólo con decir que es el padre, concreta la filiación y tiene derechos sobre el niño. El resultado puede ser que en la primera visita perdamos a nuestros hijos. Pero para quienes nos gobiernan todo tiene solución: si no estamos de acuerdo con la filiación, nosotras demandamos y el Estado tiene que hacer un ADN. Si no se comprueba la paternidad, todo vuelve atrás. Pero ¿tendremos a nuestros hijos vivos para entonces? Si bien el ADN es gratuito, sabemos cuánto tarda. Esa es la ley y la justicia que ampara el bienestar de nuestros hijos. Es necesario como mínimo que, al momento en que el padre reclama la filiación, se exija la presencia de la madre. La no presencia de la madre debe significar automáticamente un desacuerdo, no debiendo resolverse sin, por lo menos, un estudio de ADN.