La firma Alvarez-Odone ha entablado juicios de desalojo reclamando derechos sobre un barrio que era un baldío sobre el cual los vecinos pusieron en pie sus viviendas, las veredas, una escuela, una salita de primeros auxilios y hasta un importante centro comercial. Entonces, los terrenos que antes valían 2.500 o 3.000 pesos hoy la firma los quiere hacer valer 25.000 o 30.000. Son muchos los que iniciaron planes de pago con Alvarez y Odone, con inmobiliarias y, en algunos casos, con particulares; algunos han completado dichos planes de pago. Pero la firma terrateniente desconoce todo y dice: firman un nuevo convenio de pago o vamos a juicio por desalojo. Es así como, en forma sumaria, los Justicia dictó sentencia en algunos casos.

Cuando el 8 de noviembre intentan desalojar a una familia, unos 30 vecinos acuden al lugar y lo impiden. Desde ese momento se extiende la organización del barrio y se forma una comisión vecinal. El martes 9, se arma una olla popular de denuncia con alimentos donados por los comerciantes. A raíz de esto, el intendente interino de Ezeiza (Edgardo Amarilla, PJ) concurre al lugar con otros funcionarios y se presenta como ‘mediador’ en el conflicto (anteriormente, todos los reclamos de los vecinos habían sido desoídos).

El miércoles 10, la Intendencia convoca a una reunión con la empresa Alvarez y Odone y la comisión vecinal, pero resulta que la firma se entrevista clandestinamente con los funcionarios menemistas y se retira antes de que lleguen los vecinos, quienes se resisten cuando se los quiere llevar al terreno del arreglo individual. Esto consolida a la Comisión Vecinal del barrio Canning para que los represente y se reúne la asamblea barrial, que resuelve: lº Ante el intento de desalojo, los vecinos van a acudir para defender a esa familia e impedirlo. 2º Iniciar una campaña de firmas a la Gobernación por una ley provincial de expropiación y por la escrituración a favor de los vecinos. En la Asamblea se reunieron 150 personas.

Desde ese momento, los desalojos se detuvieron, aunque las casi 30 causas contra los vecinos siguen su curso.

Fue así que el viernes 6 se llevó a cabo un corte de la calle Lacarra con la presencia de 200 vecinos. Este corte provocó que el intendente Granados se hiciera presente y firmara un acta por la cual se comprometía a declarar al barrio de “interés social” y a remitir el reclamo de expropiación elaborado por los vecinos a la Gobernación, la escrituración gratuita por parte de la Intendencia para aquellos que posean boleto de compraventa, la publicación del valor fiscal de los terrenos y la intervención ante la Justicia para que se detengan los desalojos.