A más de 20 meses, sin respuestas, del asesinato de las tres jóvenes cipoleñas y del principal testigo, tres nuevos asesinatos tampoco la tienen y el gobierno vuelve a estar en el banquillo de los acusados.

Esta vez ocurrió en el barrio Anahi Mapu, en un asentamiento conocido como la ‘Toma’, donde se combaten las bajas temperaturas al calor de alguna estufa a leña o, en el mejor de los casos, a kerosene, en denominados ‘rancho’ de cartón.

Las víctimas nuevamente fueron jóvenes: José Luis Martínez, de 18 años; Damián Ordenes, de 16 años; y Andrés Jacobo Baldevenito, de 15, quienes fueron presa de un incendio que se alimentó con la madera, el cartón y el plástico que conforman las paredes de las improvisadas viviendas.

El ‘Mapu’ es un barrio populoso compuesto en su gran mayoría por trabajadores y jóvenes desocupados; situación que se agravó, en este último tiempo, por la crisis de la fruta.

Esta realidad no es muy diferente a la de los barrios populosos de la ciudad, donde la desocupación es moneda común, así como la política llevada adelante por los gobiernos de turno (aliancistas, justicialista, etc.). Planeando y consensuando la ‘enfermedad’ que sufre esta provincia de miseria, hambre e impunidad, que desemboca por un lado, en muertes por omisión: al no asistir con planes de viviendas a la gran población de trabajadores, al no crear fuentes de trabajo o brindar un subsidio que permita a todos los jóvenes planificar su futuro (dejándolo librados al comercio de la droga y el alcohol, principal industrial en el valle), al destruir la salud y la educación. Por otro lado, muertes, que involucran directamente a todo el espectro político, Poder Ejecutivo, Judicial, policía y ‘gente de bien’, aún pendientes de resolución: Doble Crimen de Río Colorado; Triple Crimen de esta ciudad, etc.

Sin embargo, si algo diferencia al ‘Mapu’ de otras barriadas es su combatividad. Los vecinos, enterados de la suerte de los jóvenes, votaron en una asamblea movilizarse al municipio, considerando al gobierno, el responsable directo de las muertes, por no haber cumplido con su compromiso de construir viviendas, asumido casi un año atrás. Una vez movilizados frente a la municipalidad, el intendente salió a calmar los ánimos, donde fue insultado y calificado de asesino por los presentes.

Ante la bronca popular, los funcionarios quisieron descomprimir rápidamente el conflicto planteando que la respuesta no la tenían ellos, ofreciendo dos colectivos para (des)movilizarse a Viedma para reclamar a la Provincia. Los vecinos entendieron esto como una maniobra para aplacar su movilización, por lo que resolvieron cortar la calle frente al municipio, rechazando la ‘pateada de la pelota’.

El corte comenzó el domingo 18/7 (día de las tres muertes), a las 15 horas. Siguió luego de la movilización y durante toda la noche del velatorio, haciéndose presentes la Coordinadora de Desocupados (que días antes apareció en todos los medios denunciando la muerte de una beba por asfixia en el barrio), el Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación y organismos de Derechos Humanos. El dolor y el cansancio fue aprovechado por el gobierno la mañana del lunes, cuando lleva a una comisión de vecinos hasta General Roca, para ‘destrabar’ el tema de las viviendas.

En todo momento la presencia de los medios recepcionó la denuncia de los vecinos, responzabilizando al gobierno por las cuatro muertes ocurridas en el barrio (incluyendo la citada beba que murió a causa del frío y neumonía), por los más de 11 incendios que han ocurrido en el lugar y por la falta de respuestas a todos estos problemas.

En horas de la tarde, cuando regresa la comisión con la propuesta de viajar a Buenos Aires, “para buscar el visto bueno de nación”, se concreta el levantamiento momentáneo del corte, con el compromiso del municipio de instalar al día siguiente los medidores de luz y rellenar los terrenos para evitar nuevas inundaciones.

Levantando el corte, el gobierno trata de evitar una manifestación popular, como la ocurrida con el triple crimen de los estudiantes, sepultando en horas de la mañana a Damián Ordenes y Andrés Baldevenito y, por la tarde, a José Luis Martínez. Sin embargo, la presencia de los vecinos fue masiva, los medios regionales publicaban “la gente de los barrios se unió ayer para despedir los restos de los tres chicos…” (Río Negro, 20/7).

Continúa la organización

En sucesivas asambleas se dan los informes de la reunión en Buenos Aires, con el detalle de los pasos a dar por parte de Nación y el BID, de lo cual se deduce que recién para el 2001 se estarían terminando las viviendas (en el caso de ser aprobado el proyecto, etc.). Al decir de uno de los integrantes de la comisión que viajó, “fue todo un circo”. De la visita a la Intendencia se desprende una clara intención del gobierno municipal de dividir a los vecinos: planteando un censo donde no entrarían 20 familias, quedarían afuera los ocupantes que no tengan hijos, etcétera.

Se plantea en las asambleas no dejar fuera a ningún ocupante, denunciar el atentado sufrido por uno de los organizadores (disparo de una Itaka en la vivienda de la madre, que vive en el barrio), autoorganizarse para evitar nuevos siniestros y repudiar las declaraciones del intendente horas después de los entierros (planteó que la gente del barrio Anahi Mapú debería tomar la entrega ‘gratis’ de las viviendas como “un regalo del Día del Amigo”).

Se resolvió además evaluar los avances para que éstos no pasen de las elecciones de intendentes, llamadas para fines de agosto y organizar una marcha para cuando se cumpla un mes de las muertes de los tres chicos.

El gobierno aliancista y sus cómplices (PJ y sus variantes provinciales) han dado sobradas muestras de ser los enemigos de los trabajadores y de la juventud. La necesidad de construir una alternativa política está a la orden del día y es ese camino el que se debe transitar.