La orden de allanamiento del juez federal Sebastián Cassanello en busca de documentación para determinar irregularidades en la entrega de subsidios a productoras ligadas al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Luis Puenzo, tanto como a su vice Nicolás Batlle, se inscribe en el marco de los choques palaciegos en el bloque oficial. El sitio La Política Online no dudó en señalar que varios sectores del gobierno buscan apurar la salida de Puenzo y apuntó al Ministerio de Cultura, al mando de Tristán Bauer, como impulsor de la reposición de Lucrecia Cardoso; y al “albertismo” como mentor de la figura de Pepe Albistur, el dueño del departamento que habitaba Fernández en Puerto Madero, antes de mudarse a Olivos.

Operaciones mediáticas, carpetazos, servicios de inteligencia y justicia federal; el combo de los golpes y autogolpes se ha puesto en marcha una vez más en torno a la caja más preciada de la cultura nacional, que se encuentra jaqueada por la crisis, pero aún así encarna un botín. Si bien la gestión de Puenzo recibió un nutrido apoyo de cámaras patronales, asociaciones profesionales y la burocracia del Sica (sindicato de los trabajadores técnicos de la industria) del cual resultó fortalecida, la medida tomada por el juez Cassanello -el retiro para el análisis de “la totalidad de los expedientes administrativos originales en los que el Incaa haya otorgado subsidios a partir del 15 de diciembre de 2019 hasta la fecha, incluidos los iniciados con anterioridad a la fecha mencionada”- dejará a la actual gestión imposibilitada de realizar la ejecución de pagos de los mismos. Al impasse impuesto por la cuarentena, que redujo en un 50% los fondos disponibles del instituto, la paralización total de su ejecución plantea la salida de Puenzo. No dispondrá de los mínimos recursos para lubricar su base de apoyo.

La caja se achica, la disputa se acrecienta

Quien quiera buscar un matiz ideológico en la disputa o bien ir más allá y pretender encontrar una orientación social divergente en cuanto a cómo financiar y establecer una distribución democrática de los recursos del fomento cinematográfico, abandone. No hay nada de eso.

Puenzo, tal como señalamos desde Prensa Obrera, cuando se encontró con la crisis presupuestaria que planteó la cuarentena estableció sus prioridades claramente. Frente al clamor por un impuesto a las OTT (plataformas digitales), se reunió con Netflix y les presentó su plan de incremento del fomento audiovisual (no ya cinematográfico), basado en tomar la mitad del IVA abonado por los consumidores de streaming (afectando la recaudación impositiva y no a los capitalistas) para luego ampliar el uso del fondo a la producción de series. En la ejecución del magro presupuesto castigó en los pagos sobre todo al sector del cine independiente (proyecto incubadora, documentales digitales, etc.) y se negó a disponer un pago de salarios de emergencia para los trabajadores del cine. Tras la negativa a atender reclamos del sector, se reunió en presidencia con Marcelo Tinelli y Adrián Suar para apurar rescates a sus empresas.

¿Qué proponen sus detractores? Enrolados bajo la consigna “estado presente, Incaa ausente”, un sector del kirchnerismo esconde a los empresarios que quiere privilegiar en el reparto del botín. Entre las propuestas que presentan sugieren el apoyo de un proyecto de ley que plantea punto a punto la propuesta de Puenzo para engrosar el fondo de fomento con parte del IVA de las OTT. Con la sugerente firma de Fernando Sokolowicz, el ex dueño de Página 12, que le vendiera el diario a su “amigo” Víctor Santamaría (que va ahora por Canal 9) y el asesoramiento legal de Oscar Azar, el bloque que impulsó acciones legales contra la gestión macrista del Incaa aparece sindicado también como el gestor de este golpe.

Con la misma propuesta para la creación de fondos, lo que está en juego es el destino. Sokolowicz fue el productor que más subsidios recibió durante la gestión kirchnerista del Incaa, junto a Patagonik Films de Clarín. Convivencia “fifty fifty”. Ni durante aquella gestión ni en ningún programa de una futura, aparece la intención de afectar los intereses de las grandes majors de la exhibición y la distribución cinematográfica concentrada por el imperialismo que ahogan el encuentro de la producción local con su público.

Para los trabajadores del cine, los personajes son los representantes del fraude laboral de las cooperativas. Basta remitirse a la denuncia del Sica de las condiciones laborales con las que se filmara Juan y Eva y nos encontraremos con todos los exponentes de esta operación: Sokolowicz, Santamaría y Azar sindicados como responsables de la tercerización.

Los trabajadores del cine y los realizadores independientes deben actuar

La pandemia ha dejado expuesta la enorme precariedad del trabajo audiovisual en general y cinematográfico, en particular. Sin posibilidades de rodar, la ejecución del presupuesto del instituto va a engrosar las arcas de productoras que no contratan técnicos. Cuando en un funcionamiento normal, más del veinte por ciento de ese presupuesto va al pago de salarios, en el presente sólo va engrosar las arcas de las productoras paradas.

Ante la parálisis de la producción y de la ejecución presupuestaria –ahora impuesta por la justicia- hay que exigir que se constituya un fondo para repartir entre los trabajadores del cine lo que les corresponde.

Los realizadores independientes y sus asociaciones deben deliberar y tomar una posición independiente de los bloques en pugna, que no representan sus intereses. Necesitamos un congreso del cine independiente que elabore un Plan de Fomento y retome la lucha por la democratización del Incaa, que se planteara en la crisis de 2017.

https://prensaobrera.com/cultura/el-impuesto-a-las-plataformas-de-streaming-la-sobrina-de-todas-las-batallas/