Ya casi a concluir la temporada de verano, con el cierre de los festivales realizados a lo largo y ancho del país, el dato más destacado por las músicas y los periodistas fue la bajísima presencia de mujeres en los escenarios de los festivales centrales.

Al ser entrevistado José Palazzo, organizador del Cosquín Rock, sobre qué opinión tenía respecto de la ley de cupo femenino en festivales, el empresario contestó, “Si yo tuviera que poner el 30% tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos (…) Lo único que considero es que la ley tiene que reforzar que la mujer tenga más posibilidades, porque el rock nuestro es muy joven todavía y desgraciadamente la mujer ha tenido un papel distinto (…)”.

Claro está que estas declaraciones generaron el repudio inmediato de todas las mujeres, por la descalificación recibida, y por las atribuciones que se da José Palazzo, que evidentemente no se dedica a investigar qué músicas se producen en nuestro país sino a satisfacer las necesidades de la industria, que no evalúa “nivel” ni “talento” (si acaso eso se pudiera evaluar objetivamente) sino que simplemente prioriza las bandas que logran la masividad de convocatoria necesaria para que las arcas de los Palazzo engorden con la mínima inversión y riesgo empresarial posibles.

En esta discriminación de José Palazzo se desnuda el funcionamiento de las industrias culturales de Argentina y del mundo. Los músicos y músicas venimos padeciendo los embates de la concentración cultural en manos de los grupos privados, y las músicas en este contexto patriarcal – carga cultural de las tareas domésticas, salarios más bajos y la discriminación directa – nos encontramos entre las más perjudicadas dentro de la profesión.

Para poder acceder a estos grandes festivales, ya sea de rock o de folclore – los géneros que más concentran los festivales en Argentina –, las, les y los músicos tenemos que atravesar un tamiz muy fino a través del cual se puede arriesgar que ni un 1% de los proyectos llegan a ser mostrados en condiciones dignas de contratación, seguridad y difusión. Como mencionamos antes, la dinámica de la industria se destaca por no invertir un peso en la “fabricación del producto”, dedicándose en cambio a absorber lo que ya ha gestado una banda, un solista, o incluso todo un movimiento cultural. El músico “independiente” aporta todos sus bienes, horas de trabajo, discos auto-financiados, el pago sistemático de su bolsillo para poder tocar y publicitarse, etc., y una vez que ha conseguido que su música alcance una cierta difusión y la industria la considera finalmente un “buen producto”, el empresariado aporta su sistema cuasi-monopólico de distribución y difusión masiva exigiendo contratos leoninos de los que se beneficia millonariamente, a expensas de lxs trabajadorxs de la música.

Desde Músicxs Organizadxs planteamos que esta concentración de las industrias culturales lejos de beneficiar a lxs músicxs – sin la intervención de un sindicato que nos reconozca y defienda como trabajadores – ha hecho que nos hundamos en una extrema precarización de nuestra actividad, que a su vez es apoyada por el Estado, que beneficia con subsidios, exenciones impositivas o negociados con los grupos privados, mientras simultáneamente no nos reconoce como trabajadorxs. Evidencia brutal de esto es que los mismos municipios nos hacen trabajar “a la gorra”, el INAMU (Instituto Nacional de la Música) avala el 70/30 del reparto de la taquilla como medio de “contratación” y, por lo tanto, el trabajo no remunerado; el Fondo Nacional de la Artes y distintas vías de subsidios estatales no reconocen el trabajo del artista sino que sólo plantean una pequeña ayuda monetaria (de bajo presupuesto) para la producción de una obra, que luego se enfrenta sola a todas las leyes de un mercado poblado de "Palazzos"

En este sentido llamamos a las mujeres músicas a organizarnos por nuestros derechos laborales y enfrentar juntas a los empresarios de la cultura y al Estado precarizador. No sólo queremos tener lugar en los escenarios, sino que queremos que el presupuesto del Estado garantice el desarrollo de la música y toda la cultura en nuestro país, que cesen los contratos basura para lxs artistas que trabajan en el Estado y en el sector privado, que se garanticen los jardines materno-parentales, junto a la legalización del aborto y la implementación de la ESI.