Se dio a conocer, el lunes pasado, una solicitada de “apoyo de la cultura a la propuesta de reestructuración de la deuda externa”, impulsada desde el gobierno y con una magra cosecha de apoyos. El texto encubre la situación real de los trabajadores de la cultura afectados por la pandemia.

La simpatía mayoritaria por el gobierno nacional en el ámbito de la cultura -antes de que la pandemia desnudara el carácter precario de su régimen laboral y las consecuencias miserables sobre la mayoría de los artistas y trabajadores de la cultura- parecía incuestionable. Sin embargo, la iniciativa de la presente solicitada no surgió de una deliberación política de los artistas y trabajadores de la cultura, sino desde el Ministerio de Cultura. Una parte importante de sus apoyos están por lo tanto, “materialmente” determinados.

Si revisamos las firmas en detalle nos encontraremos con que la mayoría de ellas provienen de la “industria audiovisual”, la más dependiente del presupuesto estatal. Se destacan las firmas en bloque de las asociaciones de productores y directores cinematográficos. Los sindicatos -que no suscriben como tales- aparecen en las firmas individuales de sus dirigentes. En resumen, muchas de las firmas individuales son el resultado de la acción de estos aparatos que negocian rescates estatales para sus cajas, al mismo tiempo que actúan como contenedores de los reclamos de artistas y trabajadores de la cultura que quedaron sin ingresos durante la pandemia.

El texto

Aun teniendo a su favor el poder coercitivo de la caja, el texto del ministerio no deja de apelar a recursos retóricos para introducir confusión entre los firmantes. En su primer párrafo concluye “consideramos que no es viable un modelo de país en el que el esfuerzo de todos, todas y todes sea utilizado para pagar intereses de una deuda tomada y otorgada de manera irresponsable”.

El firmante desprevenido debe saber que la deuda “tomada y otorgada de manera irresponsable” se compone de capital e intereses, y que la reestructuración que está apoyando propone pagar el 95% de ese capital y reconocer los intereses a una tasa muy superior a la que se paga en promedio en el mercado mundial. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿se paga la deuda tomada por Macri? Sí, sólo se propone una pequeña quita que, en el cuadro general de derrumbe mundial de la economía, es un súper negocio para los bonistas.

Con todo, se trata de una propuesta. El apoyo a la negociación supone además que luego el gobierno reconozca una mayor “capitalización de intereses”. Esto es, no pagar los intereses que vencen ahora, y reclaman los bonistas, pero incorporarlos al capital a pagar más tarde. El “modelo de país” de la hipoteca constante de la deuda.

A los firmantes y “por firmar” debería resultarles al menos sospechoso encontrarse en el mismo barco que los titulares y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, de la Cámara de la Construcción, de la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio, que junto con los burócratas empresarios que dirigen la CGT, se unieron a Fernández en su preocupación por no caer en default, lo que supone reconocer todo el derrotero de la deuda. En ese sentido, todo indica que el gobierno deberá asumir además un vencimiento con el Club de París, de una deuda contraída durante la dictadura genocida. Como se ve, en materia de reconocimiento de deudas, el gobierno no se ahorra nada.

Por último, el texto, enmarcado en el contexto de la pandemia, sostiene que “debe primar la conciencia solidaria y el bienestar social por encima de las especulaciones financieras” , pero en realidad, entre diciembre del 2019 y marzo del corriente, el gobierno dispuso de más de 27.500 millones de dólares entre lo pagado en dólares y pesos por vencimientos de deuda, y gastó en “bienestar social” 278.000 millones de pesos -equivalentes a sólo 4.600 millones de dólares- sumando el aporte extraordinario a los planes sociales, a los jubilados que cobran la mínima y a la compra de respiradores

La “conciencia solidaria” del Ministerio de Cultura

La pandemia expuso como nunca antes la precarización que reina en la condición laboral del artista y el trabajador de la cultura, y dio lugar a decenas de reagrupamientos y reclamos por un seguro de desempleo o, al menos, la inclusión en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Frente a estos reclamos, la actitud del Ministerio de Cultura es la de impulsar actividades solidarias para que los artistas repartan su miseria, en lugar de dar respuesta al reclamo genuino de miles de trabajadores de la cultura. La “gesta” que ahora impulsa desnuda cuál es la elección del ministerio entre “el bienestar social y los especuladores financieros”.

Ante la ausencia de respuestas a los reclamos de músicos, artistas escénicos, visuales y audiovisuales es necesario redoblar la movilización de los trabajadores de la cultura. Por un seguro de desempleo de 30 mil pesos y circuito de trabajo online organizado por el Estado, remunerado para los artistas y gratuito para la población. Por un impuesto extraordinario a las plataformas de streaming, para que la crisis la paguen los capitalistas. No al pago de la deuda usuraria y fraudulenta.