El parlamento cordobés aprobó recientemente el proyecto de ley de “Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual” presentado por el oficialismo del PJ.

Previamente, una gran campaña publicitaria presentaba la iniciativa como el puntapié inicial para un gran avance en materia audiovisual, a través de la creación de un “polo audiovisual” que generaría nuevas fuentes laborales.

La demagogia del gobierno se asienta sobre una necesidad real, pues el inexistente presupuesto destinado al desarrollo audiovisual en general y al cine en particular contrasta, en la provincia, con uno de los porcentajes más altos de profesionales y técnicos especializados del país.

Sobre la promesa de revertir esta situación, el gobierno cooptó a asociaciones de realizadores, como APAC, en la elaboración del proyecto.

¿Proyecto o futura reglamentación?

Más allá de los dichos, el proyecto está confeccionado a medida de las necesidades del oficialismo y las empresas.

El presupuesto en cuestión se destinará en un 20% a producciones cinematográficas, un 15% a videojuegos y el resto a 'otras producciones' (entre ellas, publicidades). La autoridad de aplicación para ejecutar el presupuesto y controlarlo recaerá en el ejecutivo, a través del Ministerio de Industria.

Para contrarrestar la evidente arbitrariedad y contener a realizadores, asociaciones, autoridades de la UNC y privados, se crea un organismo puramente testimonial y no vinculante llamado “Consejo Asesor”. Finalmente, será el gobierno quien definirá los proyectos beneficiados.

Por lo demás, los aspectos más importantes del proyecto de ley quedan sujetos a futura reglamentación. Así, la votación otorga un cheque en blanco para el ejecutivo, que podrá establecer unilateralmente aspectos como la incorporación de otras actividades, el criterio de los beneficiarios, los requisitos para estar en el registro técnico y artístico de la provincia, el porcentaje de dinero destinado a las distintas etapas y áreas de producción audiovisual, el criterio de diferimiento impositivo, los montos a otorgar a cada proyecto, el criterio de asignación del fondo de fomento, etc.

¿A qué se refiere, por ejemplo, el 65% del presupuesto destinado a ´otras actividades´? Si quien lo va a decidir es Schiaretti y compañía, millones de pesos puedan ser usados en propaganda oficial; sin ir más lejos, para favorecer a los candidatos oficialistas en las elecciones legislativas del 2017.

En beneficio de los empresarios

La piedra basal del proyecto (presentada como una carta de triunfo) son los subsidios, las exenciones impositivas y los préstamos a la industria.

Pero la experiencia de esta política en la provincia de Córdoba es negativa: los call centers, que recibieron estos premios, han dejado un tendal de jóvenes con problemas de salud, flexibilización laboral y contingentes de nuevos despidos, y ahora amenazan con irse si no hay más beneficios. Lo mismo sucede con las metalmecánicas, que suspenden y despiden.

El problema, como se observa, no son los subsidios sino la clase social que los aplica y en beneficio de quién. En la presente ley, lo aplicará el gobierno para rédito propio y las empresas amigas: una nueva caja para los negociados.

Los funcionarios hablan de la creación de puestos de trabajo de calidad, pero en la ley no hay escrita una sola línea sobre las condiciones laborales, el régimen de trabajo o el convenio sobre el cual se desenvolverán. Al no ajustarse a los convenios laborales de los gremios de técnicos de cine y televisión, se trata de una ley negrera que fomenta la precarización.

Tampoco se establece ninguna jerarquía de empleo de los estudiantes y egresados de las universidades públicas por sobre las academias privadas (en muchos casos, como Blas Pascal, Lumière o La Metro, con matrículas onerosas y restrictivas). Justamente fue este sector uno de los que más impulsó la legislación.

En cuanto a los realizadores, no figuran como posibles beneficiarios los cineastas independientes que no estén inscriptos en alguna asociación.

El planteo de la izquierda

La ley aprobada, lejos de fomentar del desarrollo industrial y cultural de la producción audiovisual, dispone de los recursos estatales para direccionar desde el ejecutivo la producción audiovisual en la provincia, reduciendo limitando su alcance a un grupo de productoras que terminarán subordinadas a la política gubernamental, y excluyendo a la inmensa mayoría de los realizadores quienes no podrán acceder de manera independiente al plan de fomento creado por la presente ley.

Con todas estas consideraciones, los legisladores del bloque del Frente de Izquierda, Eduardo Salas (Partido Obrero) y Ezequiel Peressini (Izquierda Socialista), rechazaron el proyecto.

La ley fue aprobada con los votos del oficialismo (PJ), de Cambiemos, del FPV y del PTS, que votó en contra de algunos artículos y reconoció que el proyecto puede decantar en una agencia publicitaria del gobierno, pero decidió apoyarlo en términos generales.

El desarrollo industrial y cultural de la producción audiovisual debe establecerse mediante la conformación de un Polo Audiovisual controlado por las asociaciones de realizadores y entidades educativas estatales. Asimismo los planes de fomento y beneficios impositivos quedarían en manos de jurados democráticos electos por los realizadores fijen los criterios de distribución, tal y como lo han arrancado las asociaciones de documentalistas a la gestión kirchnerista del INCAA,  y toda producción debe contemplar el trabajo de técnicos y realizadores bajo convenio.

La producción audiovisual conforma hoy un canal excepcional de expresión artística y cultural, incluso con la potencialidad de ser una gran herramienta para la lucha contra la opresión. Pero entendemos también que la producción audiovisual es utilizada celosamente por los gobiernos y los grandes intereses económicos para promocionar sus posiciones, concepciones y reproducir sus intereses. Es por ello que cercenan la posibilidad de producción, distribución y exhibición de miles de realizaciones independientes, como así también el condicionamiento de dichas producciones. Ese es el corazón de la ley votada.