Desde que el gobierno nacional instaurara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo, hasta la determinación del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) el 7 de noviembre, transcurrieron siete meses y medio -que, a los efectos de este artículo, largamente son ocho meses sin actividad y por lo tanto sin ingreso para les artistas.

Constituye el cierre de una etapa y resulta instructivo reponer la lucha desarrollada en el período, el rol de las burocracias, de los Estados y de las perspectivas que se abren ante el Dispo.

En un sinsentido marcado por las reglas del capital, se declara que el arte, las producciones artísticas, los artistas han jugado un rol clave en esta pandemia para afrontar la cotidianeidad del encierro. Explotan imágenes, sonido, producciones artísticas por doquier en redes y servicios digitales, pero mientras se observa el crecimiento de ganancias de las empresas digitales -las denominadas OTT- también se ven decrecer los ingresos de los hacedores del arte y cultura hasta lo insostenible.

Según datos oficiales, en 2019 la Cultura generó el 2,6% del valor agregado total de la economía, mientras que ocupó el 1,8% del total de puestos de trabajo privado. (SINCA, Coyuntura Cultural N°31, septiembre 2020). La precarización laboral en la actividad artística ha quedado expuesta de manera brutal por las medidas tomadas en la emergencia sanitaria ante la pandemia del Covid-19. Lo que se ha denominado “trabajo informal” es simplemente trabajo precarizado, la mayoría de las veces sin contrato, sin derechos a previsión social y previsional (cobertura por ART, obra social y jubilación). Una inmensa mayoría de artistas ya afrontaban una cotidianeidad laboral sin siquiera los elementales derechos conquistados por trabajadores de planta, los “no informales”, los “registrados”.

No es una casualidad: los patrones de la industria de la cultura, aprovechando la intermitencia laboral de gran cantidad de artistas, han impuesto el trabajo precario como norma. Es un fenómeno internacional: en países como España, Reino Unido, Francia y Alemania han denunciado situaciones similares. En España calculan en el sector de cultura lo “informal” es un 25% superior a la media del total de trabajadores asalariados; en Alemania, “unos 600.000 autónomos trabajan en las industrias culturales” (El País, 19/3).

En Argentina los datos oficiales dan cuenta de más de un 50% de trabajo “informal” en el sector cultural, tomando solo el sector privado. Según la información brindada por el Ministerio de Cultura, “la composición del empleo en el sector cultural privado es de casi la mitad de los puestos registrados (en blanco), un cuarto de puestos no registrados (en negro) y poco más de un cuarto de puestos de trabajo no asalariados (cuentapropistas)”. No es menor teniendo en cuenta que en 2018, la cultura generó 305.292 puestos de trabajo, lo que representó el 1,8% del total del empleo privado generado” (SINCA, Coyuntura Cultural N° 28, marzo 2020).

La precariedad en el Estado es aún mayor.

La respuesta dada por el gobierno nacional, los provinciales y municipales ha sido insuficiente y tardía. Solo la posibilidad, en más de siete meses de cuarentena, de cobrar tres cuotas de 10.000 pesos del IFE, o las recientes becas Sostener Cultura y Fortalecer Cultura, que en el mejor de los casos darán menos de un salario mínimo a un porcentaje menor de los afectados. Las empresas de cultura, en cambio, han sido favorecidas con el programa ATP, que equivale al pago por parte del Estado de la mitad de los salarios registrados, además de subsidios y exenciones impositivas.

El gobierno nacional ha descargado la crisis sobre todos los trabajadores, no solo los de la cultura. Acordando el pago de la deuda externa con la banca internacional, negociando más ajuste con el FMI y desatando una inflación galopante (3,8% solo en octubre) que devora los salarios mientras exige paritarias a la baja, fijando su política en defensa del capital, contraria a los derechos elementales de los trabajadores. Amagó con promesas de legalización del aborto, de viviendas populares o impuestos a las ganancias de empresa; pero la realidad indica que el proyecto oficial de aborto legal ha aparecido recién después de nueve meses, cuando la Ola Verde volvía a las calles; exhibe la represión a las familias sin techo en Guernica y en distintas tomas de tierra para vivir, y da cuenta de la persistencia del impuestos a las ganancias para asalariados y la perspectiva de un “aporte solidario” que en verdad resulta una transferencia de ingresos al interior de la propia clase capitalista (petroleras), que no grava a la banca ni a las grandes empresas y que exceptúa a quienes tengan domicilio en el exterior.

Desde las agrupaciones que integran el Frente de Artistas se impulsaron en cambio los proyectos presentados por el Frente de Izquierda-Unidad (Fitu): el de impuesto a las grandes riquezas -que aportaría 20.000 millones de dólares, diez veces más que el proyecto oficial-, y el de artistas en emergencia presentado por Romina del Plá (Po-Fitu) que contempla un pago mensual de 30.000 pesos para los artistas y trabajadores de la cultura y un impuesto a las OTT (empresas de servicios digitales) de cultura como Netflix y Spotify.

Protocolos para trabajar bajo control de los trabajadores

Ahora se convoca a una “vuelta al trabajo”, protocolos mediante. Lo que tendría que ser una gran noticia para los trabajadores de la cultura, constata sin embargo que los “protocolos” están hechos a la medida de los empresarios de la cultura y de sus negocios, y que marginan a la gran mayoría de artistas y trabajadores de la cultura que no cumplan los “requisitos” para desarrollar la actividad artística “autorizada”.

El distanciamiento necesario por pandemia lógicamente reducirá la cantidad de espectadores y por ende la recaudación. Lo propio sucederá con la cantidad de integrantes de las compañías, habida cuenta de lo inapropiado de las infraestructuras de camarines y espacios que garanticen el distanciamiento social, y los gastos que implicaría su adecuación. Basta conocer algunos aspectos del Protocolo General para la Actividad Teatral y Música en vivo con Público (Anexo I de la Decisión Administrativa 2045/2020 de la Jefatura de Gabinete Nacional, 13/11): uso del 30% de butacas como capacidad máxima de aforo –puede reducirse a 20% según las características requeridas de ventilación, lo que para las salas tipo del teatro independiente, el “off Corrientes” por ejemplo en CABA, significa 12 a 20 localidades-; la limitación de la compañía o grupo a quienes entren en la superficie escénica con el condicionante de una actriz/actor cada 2,25 mts., les actrices/actores mayores de 60 años “deberán firmar su conformidad” para trabajar (art. 4 inc. 7 , pag 11 del Anexo I), lo que equivale a decir que “están por las suyas”.

Ya sabemos sobre quienes caerá ese ajuste. Nada dicen los protocolos de mejorar las condiciones de precariedad laboral previas a la pandemia, como da cuenta el Protocolo General firmado por los organismos de fomento estatales de la actividad musical y teatral, por las cámaras patronales del sector y por las burocracias sindicales del Sindicato Argentino de Músicos (Sadem) y de la Asociación Argentina de Actores (AAA), sin haberlo discutido en ninguna instancia colectiva con los asociados. No existe exigencia alguna a los empresarios de dar cobertura de seguridad social y previsional. La vuelta será en peores condiciones laborales, para una cantidad mínima de artistas y técnicos, con ingresos -en el caso del teatro independiente o de la música autogestionada- muy probablemente iguales a cero.

Resultan necesarios protocolos sanitarios y laborales, que protejan del Covid-19 al tiempo que garantizan un trabajo registrado y bien remunerado.

Recuperar los sindicatos para la lucha

El gobierno ha utilizado a la burocracia sindical para imponer esta política de hambre y miseria. Las dirigencias de la CGT y la CTA han jugado un rol clave impidiendo cualquier expresión de lucha contra los planes gubernamentales. Alberto Fernández se abraza con Moyano (quién hace un tiempo se abrazara con Macri), como antes lo hiciera Cristina Kirchner con Pedraza, el asesino de Mariano Ferreyra.

Han sido incontables los reagrupamientos de artistas y trabajadores de la cultura en plena pandemia, se han realizado asambleas virtuales, acciones callejeras y reclamos a las municipalidades y gobiernos en todo el país. Sigue pendiente una organización central que encabece la lucha, rol que debe ser el de los sindicatos. Por el contrario, el Sadem, la AAA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) han sido cómplices con su política de apoyo al gobierno y los empresarios de la cultura.

Es preciso recuperar los sindicatos, construir direcciones clasistas, democráticas, con asambleas periódicas. Las agrupaciones que integran el Frente de Artistas han llamado a convocar asambleas extraordinarias en cada sindicato que lancen un verdadero plan de lucha por los derechos laborales y artísticos.

La disputa por ganar los sindicatos y erigir en ellos direcciones clasistas que favorezcan la lucha por los derechos laborales y artísticos va indisolublemente ligada a la lucha por la independencia política de los trabajadores, en la convicción que el destino de les artistas está ligado a un futuro donde sean les trabajadores quienes gobiernen. Ese es el camino que permitirá organizar la sociedad sobre nuevas bases que no consideren al arte, a las producciones y objetos culturales como simples mercancías, cercenando la libertad de creación y bastardeando su valor simbólico.

Subsidio mensual de $ 40.000.

Impuesto a las OTT.

Circuitos online y en espacios abiertos pagos por el Estado.

Eximición del pago del monotributo.

Protocolos sanitarios y laborales bajo control de trabajadores de la cultura.