La nueva producción argentina de la plataforma Netflix, División Palermo, abre el debate respecto a la “transformación” de las fuerzas represivas del Estado desde la óptica de la inclusión social y la creación de nuevas fuerzas que ofrezcan una cara “más amigable” -y hasta vulnerable- de una institución que comanda el crimen organizado y la represión contra los trabajadores.

Ambientada en la Ciudad de Buenos Aires, la serie destaca la conformación de una nueva fuerza cuasipolicial, de tipo guardia urbana, en que la condición para integrarla es pertenecer a algún sector excluido o diferenciado por la sociedad.

Conformada por un anciano, una persona ciega, una mujer en sillas de ruedas, una chica trans, un joven peruano, una persona con sobrepeso, un hombre de estatura baja y un protagonista con baja autoestima, problemas personales y de familia judía, liderados por un hombre con un brazo ortopédico, la División Palermo se ocupa de tareas comunitarias que rozan el ridículo, exagerando así la obsolescencia de una guardia urbana “progre”.

Como contraste, la ministra de Seguridad porteña a cargo del programa -una especie de Bullrich o Berni- ostenta una pose “guerrerista” y represiva, dando a entender que la División Palermo es solo una política de marketing del gobierno para encubrir el carácter nefasto de las fuerzas de seguridad.

El vínculo con la Policía Metropolitana no hace más que confirmar esta tesis, con una cuota de exculpación a la institución. Los “verdaderos policías” son presentados como incompetentes, vagos y prepotentes. Aunque no falta una trama que involucra corrupción y compromiso de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado.

La guardia urbana fue una experiencia real en CABA, bajo el gobierno de Aníbal Ibarra y disuelta por Mauricio Macri, que funcionó entre 2004 y 2008. En su momento, Macri manifestó que era una estafa y que el programa no era más que “unos gorditos vestidos de verde que no pasaba nada”. Llegó a tener alrededor de unos 900 efectivos.

También existió una Guardia Urbana Municipal (GUM) en la Ciudad de Rosario, desde 2004 a 2021. Y existen diversas “fuerzas” municipales de este carácter, o similares, en distintos distritos, muchas veces “supliendo” la actividad de la propia policía, aunque flojos de papeles.

En general, las guardias urbanas han sido experiencias que han fracasado y han terminado reconvertidas en áreas de prevención, tráfico vehicular o de control de proximidad de las fuerzas existentes. Las que prevalecen suelen darse en distritos con distinto sesgo político que la gobernación, haciendo las veces de fuerza paralela al mando de los intendentes, como ocurre en el distrito bonaerense de Lanús, entre otros.

Las fuerzas “preventivas” buscan aminorar el impacto negativo de la institución policial en tareas de tipo comunitarias y de control social, con el empleo de “personal civil” que no se encuentra armado. Sin embargo funcionan como auxiliares de las fuerzas represivas y como fuerzas de proximidad, abriendo paso a la intervención de las fuerzas represivas, que precisan de la intervención física para hacer valer la voluntad del Estado, en manos de los capitalistas, y no de “las personas”.

Un dato clave de esto es que su dirección se encuentra subordinada a la cabeza de las mismas fuerzas policiales y represivas del Estado, y no bajo el control de las comunidades y sus organizaciones vecinales y de los trabajadores. De allí que estas fuerzas se empleen también para el “control” de manifestaciones: un propósito contrario a los intereses populares y obreros.

La serie propone también una crítica a la falsa inclusión, o a la inclusión forzada de las instituciones respecto a las “minorías” de la sociedad, que explotan esta policía como marketing publicitario pero no desarrollan ninguna política real de integración social.

La idea final que la serie desliza -que parece tendrá continuidad con nuevas temporadas- es que el problema de las fuerzas policiales podría solucionarse con la inclusión de “buenas personas”: una policía deconstruida e inclusiva. Una idea que atenta contra la propia idea de la institución misma, y que no parece imponerse en la realidad con la proliferación de distintas fuerzas y divisiones que pujan por el control de los negocios y el territorio y someten a la población trabajadora a una inseguridad endémica.

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