25/08/2020

Doca: una asamblea bochornosa

La organización independiente de los documentalistas en crisis.

En tiempos en los que acecha sobre el fondo de fomento cinematográfico una guerra de rapiña de camarillas capitalistas, que pugnan por transformarlo en “audiovisual” para hacerse con el negocio de la producción de series, la unidad del campo del cine independiente aparece como el problema político principal para defender conquistas como la vía digital para documentales y avanzar en el mismo sentido en la ficción.

Sin embargo, la conducción de la asociación de documentalistas Doca ratifica su ataque a la izquierda y rechaza la movilización independiente, como se vio en la asamblea de este sábado 22.

Que la pandemia vino a agravar una crisis capitalista precedente es sabido de sobra, pero lo dicho no carece de excepciones creadas por las condiciones extraordinarias que supone. En la industria audiovisual, a la parálisis total de la actividad de producción, tanto como de exhibición cinematográfica en salas, le corresponde contradictoriamente un auge extraordinario del consumo expresado en un incremento exponencial de las ganancias de las OTT (plataformas digitales), las dueñas de la industria cultural de este siglo.

La cuestión ha dado lugar a un reclamo mundial por aplicar gravámenes a estos tanques de la distribución, que financien los agujeros creados por el impacto de la crisis en los fondos de fomento estatales de la actividad y en el desempleo de trabajadores del sector. Pero en Argentina, el debate de un avance sobre estas multinacionales se convirtió rápidamente en su farsa. Netflix otorgó una limosna por única vez para técnicos de la industria y la gestión de Luis Puenzo en el instituto de cine (Incaa) transformó el recurso de un gravamen a las plataformas para financiar el fomento cinematográfico, en un desvío del IVA abonado por sus usuarios a la creación de un fondo más amplio “audiovisual” que financie producciones de series para Netflix. La crisis que se desató a continuación sobre el Incaa es una guerra entre productoras que pujan por quedarse con ese botín. Las asociaciones de realizadores independientes se encuentran enfrascadas en campos que son ajenos a sus intereses, mientras se prepara un avance de la gran industria sobre los fondos públicos que financian la producción cinematográfica, desplazando aún más a la creación independiente.

El marco descrito aparece como una oportunidad para que la asociación con mayor trayectoria de lucha en la obtención de recursos públicos para la producción sin respaldo de empresas capitalistas diera un paso al frente y reclame la unidad del campo del cine independiente en la elaboración de un plan de lucha en defensa de lo conquistado. Pero la asamblea del sábado 22 resultó un paso atrás.

Primero: la proscripción política

En una asamblea pautada para que dure dos horas, luego de larguísimos meses sin reunir al órgano que fuera el soberano de esta asociación en tiempos de lucha, el presidente flamante –Juan Mascaró- presentó un informe de una hora y veinte minutos, en una reunión convocada con tres puntos de temario que incluía nada menos que el tratamiento de la suspensión de un ex presidente de la asociación, Hernán Martín, que fuera además el candidato de su oposición en la última elección.

La conducción se arrogó para sí la totalidad del control de la sesión de zoom, tanto de la cesión de ingresos como de la palabra. Rechazó el tratamiento de una moción de orden, que requería el ingreso de Hernán para presentar un descargo en su defensa, conforme a los estatutos. Tampoco se ahorró dar por cerrada la asamblea cuando había socios anotados para intervenir.

Aún en el marco de todos estos atropellos, desde el Ojo Obrero y el Frente de Documentalistas en Lucha desarrollamos en primer lugar un llamamiento a romper lazos con las camarillas patronales en disputa, para poner en pie un plan de lucha en defensa de la vía digital y por un congreso del cine independiente que elabore un Plan de Fomento propio del sector, al que demos comienzo con una movilización con distanciamiento social sobre las puertas del Incaa. Toda una política de frente único, que no se puede poner en pie sin rectificar la sanción miserable que pesa sobre Hernán.

Campaña, sí; movilización, no; rectificación, menos

La conducción, en cambio, pretendió hacer votar una campaña en términos similares pero que incluya “la ratificación de la línea de defensa de los documentalistas que viene desarrollando la asociación”. Rechazamos la incompatibilidad de votar una acción común hacia adelante, con una ratificación de políticas de colaboración con las camarillas.

Una vez desdobladas las mociones de balance, campaña en defensa de la vía digital y movilización, personas en edad de riesgo plantearon que sería deshonesto aprobar una moción de movilización cuando no podrían ir. Pero la deshonestidad se reveló poco después, cuando se agregó la moción de reclamar protocolos de apertura al registro documental. La conducción votó en bloque contra la movilización y en bloque por la apertura, dejando en evidencia que su distanciamiento social es con la lucha independiente frente al gobierno.

La gorra

El origen de la sanción a Hernán se produce en una discusión en un chat de whatsapp de la asociación, durante el desarrollo de un debate acerca de si un comité de evaluación de proyectos estaba aplicando una política de ajuste, visto que varios realizadores habían objetado rechazos recibidos sobre sus proyectos. Ante la percepción de una defensa corporativa del comité y el reclamo de un miembro de la actual conducción de que se revelaran los nombres de quienes reclamaban, Hernán envió un sticker con el dibujo de una gorra de policía y el texto “tomá, se te cayó esto”.

La sobreactuación que sucedió a los hechos descolocó completamente el foco del debate. Hernán escribió pronto un descargo que reconocía el exabrupto y planteaba retomar la discusión en términos políticos. La respuesta fue una reunión de Comisión Directiva urgente, a la cual Hernán avisó con tiempo que no podría asistir por la superposición de la misma con una asamblea de trabajadores audiovisuales precarizados. Sin la presencia de Hernán, la CD, que no se reunía hacía meses, lo hizo en el marco de la desaparición de Facundo Castro, de una pandemia de gatillo fácil que supera la doctrina Chocobar, pero no hizo ninguna mención a esta situación ni elaboró ninguna declaración de una asociación que tiene una larga tradición de defensa de la libertades democráticas, no. Se limitó a votar la suspensión por seis meses de Hernán.

Una deriva política

El marco de la votación de la sanción se corresponde con la incorporación de la conducción de Doca a un campo de camarillas patronales alentadas por un ala del gobierno que impulsó un golpe contra Puenzo, en el que buscó colocarse como “ala izquierda”.

Emulando las enseñanzas trágicas del “qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular” embarcaron a la asociación en una causa judicial contra el ex presidente del Incaa, Ralph Haiek, y el reclamo de remoción de los funcionarios del macrismo “heredados” por la gestión Puenzo. Pero, sin empacho, el bloque reclama también el tratamiento urgente de un proyecto de ley de Juntos para el Cambio. ¿Qué dice el proyecto? Lo mismo que Puenzo le ofreció a Netflix: un desvío del IVA para la creación de un fondo de fomento audiovisual. ¿Quién impulsa su apoyo? Fernando Sokolowics y Hugo Castro Fau.

Con la sugerente firma de Fernando Sokolowicz, el ex dueño de Página 12 que le vendiera el diario a su “amigo” Víctor Santamaría (que va ahora por Canal 9) y el asesoramiento legal de Oscar Azar, el bloque que impulsó acciones legales contra la gestión macrista del Incaa aparece sindicado también como el gestor de este golpe.

Desde todos los campos en disputa para gestionar el botín del fomento a las series, se impulsa una guerra sin cuartel contra los convenios colectivos de trabajo de actores y técnicos.

Para los trabajadores del cine, los personajes a los cuales ligaron a nuestra asociación son los representantes del fraude laboral de las cooperativas. Basta remitirse a la denuncia del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) de las condiciones laborales con las que se filmara Juan y Eva y nos encontraremos con todos los exponentes de esta operación: Sokolowicz, Santamaría y Azar sindicados como responsables de la tercerización. Que en los supuestos fake tuits posteriores aparezca Paula de Luque, la directora de aquel film, da cuenta de que denunciantes y/o denunciados saben quién es quién en esta puja.

Si es Sigman, Puenzo, Batlle, Sokolowicz, Santamaría, Azar, Alberto o Cristina el que gane esta puja, la cuestión estratégica no variará. Preparan un ataque sobre fondos públicos escasos para el beneficio de los grandes pulpos de la distribución, que tercerizarán en algunos de ellos la tarea de copar el fomento y flexibilizar los convenios colectivos de trabajo.

La necesidad de romper con las camarillas capitalistas del cine para pelear por la defensa del cine independiente es la tarea de primer orden, que precisa de la mayor unidad y por lo tanto, de la rectificación inmediata de las sanciones absurdas a la oposición de izquierda en la asociación.

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