Con la “reactivación” de la temporada de verano decenas de provincias argentinas apuestan aponer en marcha la maquinaria de festivales y eventos artísticos que revisten de atractivos culturales las diferentes locaciones del país, sobre todo las más turísticas y que tienen una ligazón con el ámbito productivo: actividades agrícolas, vitivinícolas, pesca, etc.

La “reactivación” pareciera ser un campo prometedor para toda la población, o así lo comunican los diferentes entes y funcionarios públicos cuando se refieren al tema en cuestión. Pero no todo es color de rosas. Las y los artistas, que suelen enriquecer de arte dichos eventos, en gran medida terminan siendo los últimos benefactores si nos referimos a la cuestión económica; ni hablar si observamos al under y artistas locales de cada lugar.

Dentro de las adversidades a las que se enfrenta el movimiento artístico -teniendo en cuenta que laboralmente fue uno de los sectores más golpeado en pandemia y poco atendido por el Estado en general- se encuentra el no cumplimiento del cupo femenino, cuestión que debía ser “resuelta” con la Ley de cupo femenino en eventos de música en vivo (Ley Nacional 27.539).

Si investigamos un poco, el circuito nacional de música en vivo se encuentra coordinado -de acuerdo a la ley- por el Inamu (Instituto Nacional de la Música). De acuerdo a la ley, la grilla de eventos en vivo debe estar compuesta en un 30% del total por artistas femeninas. Dicha grilla debe ser declarada ante el Inamu 90 días antes de concretarse el evento o dentro de los 5 días posteriores de darse comienzo a la venta de entradas del mismo. Por lo que los tiempos para dar cumplimiento a los cupos que establece la ley son suficientes.

Ahora ¿cuál sería el problema en cuestión entonces? El Estado no muestra interés en dar pelea ante los grandes negocios del “target cultural” en el mercado de la industria musical. No solo se observa en los grandes festivales que hay un cupo muy reducido para artistas del under, sino que en general la presencia femenina suele quedar relegada, o, mejor dicho, determinada por la maquinaria de la industria musical, que como una picadora de carne muele todo a su paso con tal de generar gruesas ganancias.

De acuerdo al único informe publicado por el Inamu, se recibieron en total 92 denuncias (que reunían las condiciones de ser tramitadas) desde el 27 de febrero del 2020 al 30 de marzo del 2021 por incumplimiento del cupo femenino en música en vivo; pero a la fecha llevan su curso solo 45 expedientes y 22 son los que han recibido un dictamen para ser informados los infractores. Y 92 denuncias están lejos de representar a la masa de músicas de todo el país.

Así, los números muestran que estamos lejos de que el Estado resuelva el cumplimiento del cupo femenino. Incluso, lo recaudado de las multas no va dirigido a atender la demanda en cuestión, puesto que de acuerdo a la ley lo recaudado se destinara a “…el fomento y promoción de proyectos de músicos y/o músicas nacionales emergentes…” (art. 10º de la Ley 27.539), cuestión que debería ser destinada particularmente a la problemática del cupo femenino por la cual se lleva a cabo una recaudación.

Ya en enero de 2020, músicas de Salta denunciaban este atropello, a la par que en Concepción del Uruguay un conjunto de músicas hacían lo propio ante el Festival de la Playa. En diciembre de 2021, desde la “Asociación Civil Somos Muchxs Músicxs” compartieron su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Cupo en la escena musical de Mar del Plata y la zona y llevaron a cabo una denuncia pública.

Hace poco más de una semana, la reconocida música puntana Daniela Calderón llevó a cabo una importante denuncia en medios provinciales de San Luis sobre grandes festivales en la región de Cuyo, asegurando que “es desgastante que seamos nosotras también las que debamos revisar y denunciar las grillas. Hacemos muchas cosas para autogestionarnos. Esto, lamentablemente es una tarea más y es angustiante, porque es comprobar que seguimos siendo invisibles”. Y agregó que “la Ley la aprobaron para conformarnos, nunca iniciaron acciones para crear un área que se encargue de emitir comunicados a municipios, organizadores y gestores culturales para informar y difundir que la ley está en vigencia y luego exigirles que la cumplan” (entrevista en Amanecer Informados, Diario digital Vía País, 11/01).

El incumplimiento del cupo es un ejemplo más de la discriminación que sufre el colectivo femenino bajo este régimen social, con anuencia del Estado. Queda en manos de la organización independiente de las mujeres y las diversidades luchar por este derecho y por todas las demandas pendientes.

 

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